Varias son las situaciones en las que la población civil, especialmente los campesinos e indígenas, ven vulnerados sus derechos a la vida, a la tranquilidad y al libre desarrollo de su cotidianeidad así quedó expuesto en el Informe 51 de la comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

  

El caso más impactante se ha presentado en Cacarica, Bajo Atrato Chocoano, donde un grupo de paramilitares vestidos de civil, irrumpieron en el Hospedaje Casa Blanca donde Wilber Gaspar y Bartola Roldán descansaban con su hija de treinta y un días de nacida. Ante las resistencias de la mujer y su esposo por el intento de acceso carnal violento a la menor, los paramilitares acusaron a Wilber Gaspar de guerrillero: intentaron ahorcarlo y golpearon a la bebé hasta provocarle la muerte. Después del incidente, los victimarios salieron tranquilamente en presencia de los ocupantes del Hospedaje y de los agentes de policía que llegaban, se ubicaron en una tienda vecina, mientras veían como la fuerza pública llevaba a Wilber Gaspar hacia la inspección argumentando su protección.

 

Mientras tanto, cita el mismo Informe, los paramilitares continuaron desplazándose por la población sin que se hiciera efectiva alguna detención como responsables del crimen de la menor. Se afirma también que a estos mismos paramilitares se les ha visto participar en las reuniones que se vienen desarrollando con habitantes de la región del Bajo Atrato para conformar Cooperativas de Seguridad y Cooperativas Agroindustriales en sustitución de las estructuras paramilitares que se desmovilizarán.

 

Otro de los actos violentos se desarrolló en el sitio conocido como la “Y” en la Uribe, Meta, el camión en el que viajaba el campesino Milton Braulio Rubio Moreno, fue interceptado por un grupo de paramilitares de la estrategia encubierta. Bajaron por la fuerza al campesino de veintisiete años, se lo llevaron en una motocicleta y ordenaron al conductor del vehículo seguir su camino. Momentos después de este suceso, la Federación Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, presentó una voz de alerta urgente sobre la desaparición de Rubio Moreno, la cual fue extendida ante la Procuraduría Nacional y Regional Meta, la Defensoría Nacional del Pueblo y Regional Meta y la Gobernación del  Departamento, a fin de activar el sistema de búsqueda urgente. Hacia el medio día fue encontrado el cadáver de Milton Braulio Rubio Moreno con dos impactos de bala en la cabeza.

 

“Los grupos armados legales también cometen abusos contra los derechos humanos de la población civil”, se expone el informe del Comité de Solidaridad por la Paz, de la Julia, Meta. Es así como se ha registrado el desembarco de tropas del Plan Patriota en algunos corregimientos del municipio Uribe, Meta. En el momento del desembarco Jesús Alberto Ortiz, cuidandero de ganado, fue esposado y maltratado físicamente, la misma suerte corrió Marco Antonio Ávila García, a quien le fue allanada su vivienda sin ninguna orden judicial. Tras el bullicio, vecinos del lugar se acercaron a las viviendas, comprobando que hacían falta documentos importantes para la comunidad y dinero recaudado por la misma, además de hallar destruidos los enseres y la ropa de quienes habitaban la residencia. Igual situación se repitió de manera simultánea en otras cuatro viviendas del caserío.

 

Ante estos y otros abusos cometidos contra la población civil, especialmente contra las comunidades indígenas y campesinos, el Comité de Solidaridad por la Paz del Meta, solicita a la comunidad internacional y nacional de Derechos Humanos, exigir al Estado Colombiano la aplicación de las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas, respecto al enfrentamiento y el rompimiento de vínculos entre estructuras estatales y los grupos armados ilegales.  De igual forma se solicita de manera más puntual entregar a los familiares la copia del Acta de Defunción de Milton Braulio Rubio Moreno, pues ésta ha sido negada por las autoridades locales.

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