Integrantes del pueblo Wayúu informaron acerca de la presencia de un grupo de entre 20 y 70 hombres armados en la rancherÃa de “Chema Balasâ€, en la localidad de BahÃa Portete, los cuales han venido sosteniendo enfrentamientos con el grupo armado que hace presencia en la zona desde hace dos años cuando se produjo la masacre de 12 indÃgenas Wayúu.
La masacre que se recuerda por estos dÃas ocurrió el 18 de abril de 2004, cuando un grupo de aproximadamente 150 paramilitares incursionó en BahÃa Portete, en donde asesinaron a 12 personas y desaparecieron a otras 30 lo que produjo el temor de los pobladores y causó el desplazamiento de unos 3.000 wayúu hacia BahÃa Honda, Punta Soldado, Punta Aguja, Way, Punto Fijo y Media Luna.
La penÃnsula de Guajira y en especial sus puertos naturales como, BahÃa Portete han sido utilizados para el tráfico de drogas, armas y contrabando. En el momento de la masacre el control social a través de la violencia lo habÃan venido ejerciendo los paramilitares del Bloque Contrainsurgencia Wayúu al mando del hoy desmovilizado “Jorge 40â€. También hacÃa presencia una banda delincuencial, denominada “los cono-conitosâ€, los cuales venÃan disputando con las AUC el control del narcotráfico y el contrabando de armas, mercancÃas y gasolina.
En octubre de 2004 fue capturado Jose MarÃa Barros, alÃas “Chema Balas†quién fue sindicado por las autoridades como uno de los responsables de la masacre ocurrida en BahÃa Portete.
En éste caso, al igual que en muchos otros, las autoridades habÃan sido alertadas acerca de la presencia de grupos paramilitares en la zona y del peligro que ello representaba para los pobladores indÃgenas de la Guajira, sin que se hubiesen adoptado las medidas necesarias para evitar la masacre y el posterior desplazamiento Wayúu.
Durante el mes de julio de año 2005, una mujer Wayúu que retornó a BahÃa Portete en agosto de 2004, luego de haber presenciado la masacre y de haber rendido testimonios dentro del proceso penal correspondiente, fue asesinada durante el mes de julio de 2005. En ese momento, el pueblo Wayúu denunció que el Ejército venÃa incumpliendo los compromisos de protección frente a la población indÃgena que habÃa retornado y que por dicha omisión se habÃa presentado el asesinato de Lilia Epinayu.
La violencia continúa
Los hechos más recientes de violencia en contra del pueblo Wayúu de la penÃnsula de la Guajira ocurrieron el pasado mes de enero cuando, cuando en medio de la celebración de un pacto de matrimonio, un grupo de miembros del Ejército Nacional en desarrollo de un operativo irrumpieron en el lugar disparando de manera indiscriminada contra los indÃgenas, dejando a tres de ellos muertos y a otros tres heridos.
Ante la nueva denuncia del pueblo Wayúu, la Comisión Colombiana de Juristas solicitó a las autoridades públicas ponerse en contacto inmediato con las autoridades civiles y
militares de la región para efectos de constatar los hechos denunciados; disponer a partir de dicha verificación, el desplazamiento de las autoridades a la zona con la misión concreta de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los indÃgenas Wayúu y presentar un informe a la opinión pública un informe que de cuenta de ello.
Dicha entidad señala en su comunicado que “las autoridades deben erradicar la presencia de grupos armados en la zona y garantizar las condiciones para el retorno en condiciones de seguridad y garantÃas de no repetición de todas las personas que fueron obligadas a desplazarse con ocasión de la mencionada masacre ocurrida los dÃas 17 y 18 de abril de 2004 y a culminar la investigación penal para identificar a todos los partÃcipes en estos hechos, juzgarlos con todas las garantÃas, imponerles las sanciones proporcionales a la gravedad de sus conductas y reparar integralmente al pueblo indÃgena Wayúu y a todos las personas que resultaron perjudicadas por esta acción de los grupos paramilitares y narcotraficantesâ€.
â€El Estado colombiano a través de sus autoridades tiene la obligación de brindar protección oportuna y eficaz a los derechos y libertades reconocidos a todas las personas bajo su jurisdicción. Este deber se torna aún más urgente cuanto se trata de poblaciones indÃgenas que están en medio del conflicto y a merced de los actores armados en condiciones de indefensiónâ€.
