Este es el nombre del reportaje ganador del CÃrculo de Periodistas de Bogotá, CPB, en la categorÃa mejor tesis de grado en periodismo. Carolina Lancheros y Julián Rincón, egresados de la Universidad Externado de Colombia recibieron el galardón en el marco de la celebración del dÃa del periodista. El trabajo premiado es el resultado de dos años de observación del registro en los medios de comunicación de los trágicos hechos ocurridos en Bojayá, Chocó el 2 de mayo de 2002.
Como consecuencia de los combates entre paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, Chocó, un número importante de pobladores del lugar se refugió en la iglesia parroquial. 119 personas murieron y otras 98 quedaron heridas, a causa de la explosión de una pipeta lanzada por los guerrilleros al techo del templo.
A continuación reproducimos parte del trabajo premiado, que aborda el fatal caso ocurrido en este municipio chocoano.
Bojayá 2002, un pueblo entre el miedo y los medios (I)
Bajo la llovizna de una mañana de septiembre, Luis Eduardo Mosquera vio cómo su hermano Miguel Ãngel, de 14 años, se arrodilló.
Estaba en la pista de aterrizaje de VigÃa del Fuerte, en el Atrato antioqueño, esperando que uno de los helicópteros militares lo aplastara. Luis Eduardo corrió hasta el lugar donde el pequeño esperaba su final y evitó su muerte.
Ya habÃan pasado cuatro meses desde el jueves 2 de Mayo cuando los pobladores de Bojayá, municipio chocoano asentado en la otra orilla del Atrato justo en frente de VigÃa del Fuerte, buscaron refugio en la iglesia en medio de una batalla campal entre guerrilleros y paramilitares, y una pipeta de gas se coló por el techo del templo segando la vida a 119 personas.
Se estaba acabando ese fatÃdico año en el que Luis Eduardo, sus hermanos y otros sobrevivientes de la masacre habÃan huido desplazados hacia Quibdó, y en septiembre, tentados por las promesas del Gobierno y convencidos de que la situación de hacinamiento y de miseria en la capital eran invivibles, decidieron retornar a Bojayá.
Miguel Ãngel no podÃa borrar de su mente el recuerdo de la iglesia destruida. Volver era encontrarse nuevamente con los vestigios del dolor que noche a noche martirizaban su vida. Por eso decidió que lo mejor era morir. En la huella que dejan en el suelo los helicópteros militares en el aeropuerto de VigÃa del Fuerte creyó encontrar la ubicación perfecta para morir aplastado. Sin embargo, Luis Eduardo se percató de las intenciones de Miguel, corrió hasta ese lugar y lo convenció de que no lo hiciera.
Luis Eduardo Mosquera tampoco olvida el amargo 2 de mayo cuando Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, amaneció en un silencio insoportable. En las calles sólo permanecÃa el olor rancio de los pescados encubetados. El crujir de los pilotes que sostienen las casas de madera hacÃa olvidar el sonido tradicional de requintos y tambores que antes alegraban al pueblo.
La noche anterior unas 500 personas buscaron protección en la Iglesia San Pablo Apóstol, en la Casa de las Hermanas Agustinas y en la Casa Cural para protegerse de un enfrentamiento que los Frentes 5 y 57 del Bloque José MarÃa Córdoba de las Farc sostenÃan en el casco urbano contra el Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.
Teatro de operaciones
La población sentÃa la presencia amenazante desde el domingo 21 de abril del 2002, cuando las autodefensas decidieron recuperar esta zona clave para el abastecimiento de armas y droga, y para la implementación de megaproyectos como el cultivo de palma africana.
La entrada de las autodefensas en 1996 para disputarle estos territorios a la guerrilla significó que la comunidad quedara entre dos fuegos. Desde ese año ambos actores armados vienen asesinando lÃderes y han impuesto sus esquemas de explotación y sus modelos económicos.
Los habitantes son obligados a entregar sus tierras a precios irrisorios. Se dice que hay pobladores que han tenido que vender sus propiedades y no reciben ni la cuarta parte de lo que pueden valer.
Paradójicamente, el conflicto en el Chocó se agudizó a raÃz de la Ley 70 de 1993, la cual establece que el Gobierno Nacional debe titular 3 millones 243 mil 19 hectáreas mediante la expedición de 61 tÃtulos, beneficiando cerca de 32 mil familias afrocolombianas.
Aunque legalmente las negritudes pueden poseer sus tierras, hay intereses económicos de multinacionales, narcotraficantes e insurgentes que procuran el desplazamiento para explotar las tierras baldÃas y con la ayuda de funcionarios públicos corruptos tramitan las licencias.
Por otra parte, la explotación indiscriminada de madera ha generado erosión, contaminación de los rÃos por utilización de quÃmicos y pérdida del ecosistema. La llegada de colonos paisas que convierten la selva del Chocó en zona ganadera, ha afectado la biodiversidad de la región, reconocida como una de las más ricas del planeta.
Allà impera un panorama de explotación irracional de recursos, de corrupción de las entidades estatales y de sometimiento de las comunidades, que soportan las injusticias y prefieren salir desplazadas, mientras que otras permanecen en este territorio tentadas por el dinero.
Población de los guerreros
La presencia de guerrillas en el Bajo Atrato comenzó a finales de los 80 cuando llegaron insurgentes del M19, las FARC, el ELN y el EPL después de ser expulsados de Urabá, Antioquia y Córdoba por los paramilitares.
Pero el acoso de las autodefensas contra la guerrilla era incesante y en 1996 su presencia se sintió en el Chocó con bloqueos económicos, amenazas, persecuciones, asesinatos y desapariciones.
Como reacción a este avance paramilitar, las Farc y el ELN reforzaron a partir del 2000 su presencia en el Medio Atrato. El 25 y 26 de marzo se tomaron simultáneamente VigÃa del Fuerte y Bojayá y acabaron con la vida de 21 policÃas y 9 civiles, entre ellos el entonces alcalde de VigÃa, Pastor Damián Perea, cuyos vÃnculos con las autodefensas eran vox pópuli.
El dominio de la guerrilla era evidente; controlaban el territorio comprendido entre Las Mercedes, en Quibdó y Boca de Curvaradó, en el Carmen del Darién, hasta aquel domingo 21 de abril de 2002 cuando 250 hombres del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas decidieron recuperar la zona.
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