Si bien la presencia indígena en Bogotá no es un fenómeno de reciente acontecer, si plantea en la actualidad una serie de desafíos a la Administración Distrital y a los ciudadanos en general. Dentro de la cotidianidad de la ciudad es común ver en los sectores comerciales del centro de Bogotá, a Ingas y Kichwas, quienes se insertan en las dinámicas capitalinas por medio de artículos artesanales, religiosos y demás. Sin embargo, más allá de su presencia como comerciantes existe un sentido de comunidad que los vincula y tras una tradición histórica de permanencia en el distrito especial han llegado a consolidarse como pueblo en una ciudad que no es ni su lugar de origen, ni el sitio donde se acostumbre a entender la indianidad.

La presencia indígena en Bogotá y sus formas organizativas en torno a lo que se ha dado en llamar cabildos urbanos se presenta como un reto para el entendimiento de la ciudad en su conjunto y por lo tanto para las políticas públicas distritales. Sin embargo, la presencia indígena en la ciudad no demanda sólo una atención en materia de acciones públicas en salud, educación y demás sectores, sino una atención diferenciada sustentada en que los pueblos indígenas son beneficiarios no sólo de unos derechos como seres humanos sino como grupo étnico, lo cual se plasma en unos derechos colectivos y otros tratamientos diferenciales determinados por normatividad nacional y acuerdos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, ratificado por ley 21 de 1991.

La administración distrital no ha sido ajena a esta realidad, y la iniciativa que ha tomado para incluir en su agenda el tema étnico es tal vez un hito en la historia de la administración pública en Bogotá. Aunque existe la norma el reconocimiento de los grupos étnicos, en la práctica, es decir, en las decisiones políticas, no había tenido cabida un conjunto articulado de planes y programas enfocados a las etnias presentes en el distrito. Lo cierto es que las entidades del distrito, por iniciativa del alcalde Lucho Garzón y de la concejala Ati Quigua vienen adelantando todo un proceso de consolidación de una política pública para grupos étnicos.

Como parte de este proyecto conjunto, el pasado domingo 18 se realizó un acto público en el cual el alcalde posesionó los cabildos de las étnias Kichwa, Inga, Muisca de Bosa, Muisca de Suba y Pijao Ambika, quienes se agruparon en la Asociación de Cabildos Indígenas ASCAI con el objetivo de canalizar y regular las acciones y relaciones de los indígenas y la administración distrital.

De la misma forma manifestaron sus necesidades y requerimientos en materia de política pública, los cuales se pueden resumir en los siguientes puntos: participación de los indígenas en todos los órdenes de la política pública, legitimación de los cabildos y reconocimiento como autoridades representativas de los indígenas en la ciudad, que el plan de acciones afirmativas sea ejecutado por la ASCAI y que haya una representación de los indígenas en la Dirección de Etnias del Distrito, estamento propuesto en el proyecto de acuerdo de política pública de la concejal Ati Quigua.

Lo cierto es que con el evento mencionado se fortalecen y se afianzan las relaciones del distrito con los pueblos indígenas, y se abre un espacio para el reconocimiento de los pueblos indígenas y su inserción en la vida pública y política de la ciudad.

Igualmente en el marco de esta iniciativa la Fundación Hemera, organización especializada en el tema étnico, viene adelantando un proyecto financiado por la Secretaría de Gobierno, “Diagnóstico sobre los grupos étnicos presentes en el distrito capital. Este estudio está orientado a la formulación de lineamientos de política pública para los grupos étnicos de Bogotá.

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