El pasado sábado 14 de enero, distintas organizaciones iniciaron una visita humanitaria a las comunidades wiwas de Sabana Joaquina y Seminke en San Juan del Cesar, Guajira, después de la petición que solicitaron los lÃderes de estas colectividades a las organizaciones internacionales de derechos humanos, asà como a entidades gubernamentales y ong´s del paÃs para que hicieran presencia en la zona y escucharan las graves denuncias sobre violaciones de derechos humanos de estas comunidades por parte de los actores armados en conflicto.
En febrero del 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó a este pueblo indÃgena medidas cautelares debido a la gravedad de su situación humanitaria; sin embargo, durante todo el año se siguieron cometiendo crÃmenes contra este pueblo, razón por la cual la Organización Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, OYBT, envió el pasado 21 de diciembre un derecho de petición a la cancillerÃa exigiendo que se investigue y se entregue a esta organización información precisa y detallada sobre cada uno de los crÃmenes.
Aunque desde el año 2002 viene dándose un fenómeno de degradación de la guerra en esta zona que terminó por involucrar y atentar directamente contra la población civil, como se evidencia con el caso de la masacre de 12 indÃgenas wiwa por parte de las Auc en la comunidad del Limón, la persecución a los wiwa viene dándose con mayor gravedad más o menos desde el mes de junio del 2005, cuando el Ejército Nacional hizo presencia en la zona que antiguamente habÃa sido sitio de influencia guerrillera.
A partir de ese momento empezaron a hacerse señalamientos contra personas de la comunidad sindicándolos de ser guerrilleros o de colaborar de uno y otro modo con las FARC. Según lo relatado por los indÃgenas, a lo largo de este año vienen dándose principalmente dos modalidades de señalamiento contra su pueblo: una, que consiste en la detención de personas por ser sospechosas o sindicadas de rebelión, la mayorÃa de las veces fundamentadas en falsos testimonios y a quienes se presenta públicamente como guerrilleros. Sin embargo después de unos dÃas, y en algunos casos incluso hasta meses, tienen que ser dejadas en libertad por falta de pruebas aunque no sin convertirse en objeto de amenazas. La segunda modalidad consiste en detener ilegalmente a las personas y después hacerlas aparecer como guerrilleros muertos en combate, inclusive se han presentado los cuerpos sin vida de los indÃgenas vestidos con prendas militares, lo que ha generado indignación en la comunidad.
Durante el 2005 se presentaron 10 homicidios, 5 desapariciones, 4 casos de lesiones personales, 4 detenciones arbitrarias, y como consecuencia de lo anterior 4 casos de desplazamiento con un total de 379 personas desterradas de sus territorios ancestrales, lo que pone en evidencia que pese a las solicitudes de protección que la CIDH ha hecho al gobierno para garantizar la existencia de este pueblo indÃgena, esta es una tragedia social a la que el gobierno no le ha puesto la cara con la determinación y urgencia que se requiere.
El temor por el aumento de casos de detenciones arbitrarias, amenazas y homicidios, sumado a la ineficiencia del aparato gubernamental para proteger los derechos de este pueblo, especialmente los derechos a la vida y a la seguridad, han provocado que más de 400 personas de esta comunidad estén considerando cómo último recurso desplazarse hacia el casco urbano.
Por ello, el objeto de esta visita es escuchar las denuncias y propuestas de la comunidad con el fin de preparar y presentar al gobierno y a la opinión pública un informe de su situación para que sean tomadas de forma urgente las medidas necesarias y se evite el desplazamiento y consecuente desmembramiento del pueblo wiwa de Sabana Joaquina y Seminke.
