Organizaciones sociales y de derechos humanos, del ámbito nacional e internacional se desplazaron ayer al departamento de Nariño (Colombia) en una misión de verificación de la situación del Pueblo Awa. Esta acción se realiza tras los enfrentamientos entre indÃgenas y la fuerza pública durante las manifestaciones que se adelantaron desde el pasado 10 de mayo en el marco de la Cumbre Nacional Itinerante y que tuvieron, en Nariño y Cauca, las principales movilizaciones de indÃgenas y campesinos. Por otra parte, el pasado 20 de mayo en el resguardo de La MarÃa, Piendamó, se instaló las comisiones del Congreso Itinerante de las organizaciones sociales. Allà se decidió que ésta será permanente.
En el mismo dÃa, fueron entregados los tres agentes del Estad que habÃan sido retenidos por la comunidad luego de el asesinato del guardia indÃgena Pedro Poscué y las autoridades militares devolvieron a los comuneros indÃgenas, hermanos afrodescendientes y campesinos que fueron detenidos en la arremetida del miércoles y recluidos en el puesto de policÃa de Piendamó, sin judicializar. Del mismo modo, recobraron la libertad, los periodistas Richard Calpa, de 22 años de edad, indÃgena del Pueblo Totoroe, director de la emisora indÃgena Radio Libertad y Héctor Marcelo Forero del Periódico virtual El Turbión.
A pesar de que dÃas antes, reinara allà el caos luego de que los miembros del ejército y de la policÃa antimotines ingresaran al resguardo indÃgena destruyendo bienes de propiedad privada y arremetiendo contra la comunidad, el territorio de convivencia, diálogo y negociación de La MarÃa (Piendamó), fue escenario de la reflexión y la concertación. El 20 de mayo, más de 15 mil indÃgenas, campesinos y afrodescendientes continúan sus deliberaciones en el marco de la Cumbre Nacional de organizaciones. Lo anterior fue posible al retiro de la fuerza pública del territorio indÃgena y la intervención de la comisión de verificación conformada por el Defensor del Pueblo, el Obispo DarÃo Echeverri, de la comisión de conciliación de la iglesia católica y miembros de las Naciones Unidas y el presidente de la Organización Nacional IndÃgena de Colombia, ONIC, Luis Evelis Andrade Casama.
Conclusiones de la Cumbre
“Cumbre itinerante y permanente de organizaciones sociales Pedro Mauricio Pascueâ€, es el nuevo nombre de esta iniciativa, en honor al guardia indÃgena asesinado. La cumbre, que ahora será también “permanenteâ€, funcionará al tiempo de manera “itinerante†por toda la geografÃa del paÃs, desarrollando temáticas como coordinación y relación de organizaciones sociales en la cumbre; verdad, justicia y reparación; tratado de libre comercio y modelo económico propio; tierra y territorio; cumplimiento de acuerdos firmados entre el estado colombiano y las organizaciones sociales; y propuesta de paz desde la sociedad civil y las organizaciones sociales.
“A pesar de la barbarie, la palabra continúa construyendo vida digna y soberanÃaâ€, bajo esta premisa, los miembros de la Cumbre desarrollaron un documento en el que manifestaron un enfático rechazo a la “obsesión del Estado y la insurgencia armada por vincular nuestras luchas en favor de sus estrategias de guerra. Las organizaciones sociales campesinas, afrocolombianas, indÃgenas y urbanas tratadas militarmente en La MarÃa, hemos mostrado durante décadas ante el paÃs la justeza de nuestras luchas, nuestra autonomÃa respecto a los actores del conflicto y nuestro compromiso con la búsqueda de la paz y con la solución polÃtica negociada del conflicto armado, en la que la sociedad civil juegue un papel fundamentalâ€.
En el pronunciamiento señalaron que lo ocurrido en el resguardo indÃgena de La MarÃa no puede quedar en la impunidad por lo cual, la Cumbre solicitó la conformación de una comisión de carácter humanitario “que sea garante del respeto a la Cumbre de organizaciones y que pueda realizar un proceso de Verdad, Justicia y reparación sobre los hechos ocurridos durante la presente semanaâ€. La comisión que estarÃa conformada por Naciones Unidas, el Defensor del pueblo, Comisión Nacional de Conciliación, la ProcuradurÃa General de la Nación, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, Fundación Minga, Colectivo de abogados “José Alvear Restrepoâ€, Comisión intercongregacional de Justicia y Paz, y Acción Permanente por la Paz, y como garantes a Manfred Max Neeff, premio Nóbel Alternativo de economÃa, y el juez español Baltasar Garzón, se instalarÃa en el mes de junio.
Las exigencias de la Cumbre fueron enviadas al Ministerio del Interior. Entre otras, las peticiones fueron las siguientes: creación de una mesa de interlocución y análisis de alto nivel del Gobierno Nacional con los sectores que resultarÃan afectados por el TLC, que contemple como una de sus posibles conclusiones la convocatoria de un referéndum sobre su firma; una reforma agraria integral, que tenga en cuenta la redistribución de la tierra, equidad, recursos económicos y formas de pago; reparación a las vÃctimas del conflicto; modelo económico y garantÃas para viabilizar propuestas de ley; cumplimento de acuerdos firmados por el estado colombiano con organizaciones sociales: reconocimiento de acuerdos, evaluación de los compromisos adquiridos y cronograma de cumplimento y garantÃa de respeto a las comunidades en su movilización y organización social.
En el comunicado la Cumbre rechazó el tratamiento militar dado a las movilizaciones sociales que se presentaron durante el presente mes en el paÃs e hicieron un llamado para que se respeten las que aún continúan y a las diferentes dinámicas que de ellas se deriven. Igualmente resaltaron la solidaridad nacional e internacional de diversos sectores sociales.
Esta declaración fue suscrita por el CRIC, CIMA, Coordinador Nacional Agrario, Ruta Pacifica de Mujeres, Movimiento campesino de CajibÃo, Campesinos sin tierra de Popayán, ANUC UR Cauca, CRIT, Pueblos Nasa de Putumayo, Proceso de comunidades negras, UTINAYA, Acuerdo de Salvajina, CODESCO, ONGS defensoras de derechos humanos y usuarios de servicios públicos de Popayán.
Situación en Nariño, se inicia misión de verificación
Mientras la situación en el Cauca se normalizaba, en el departamento de Nariño empeoraba. Por esa razón el pasado 23 de mayo una misión de verificación, conformada entre otras organizaciones, por la ONIC, la DefensorÃa del Pueblo, Naciones Unidas y ONGs de Derechos Humanos, se desplazó a esta región. La delegación recorrerá los puntos de concentración del pueblo Awá, como Predio Verde del resguardo el Sábalo corregimiento del Diviso, Municipio de Barbacoa, resguardo el Palmar en el municipio de Ricaurte, en Guayacana, JunÃn, Taminango - Remolinos, Llorente, Policarpa, y El Charco, donde la población indÃgena sigue en asamblea permanente. Asà lo informaron los coordinadores de esta acción.
Según los lÃderes de estas comunidades, desde el pasado 16 de mayo se vienen presentando agresiones en su contra por parte de la Fuerza Pública. Asà lo manifestaron a través de diferentes comunicados de prensa. Luis Evelis Andrade Casama, presidente de la Organización Nacional IndÃgena de Colombia, ONIC, señaló que los “más de 150 heridos, atendidos en el centro de salud de Remolinos, en la ciudad de Pasto, en Chachaguà y otros centros asistenciales, heridos con arma de fuego, cuatro desaparecidos y el registro de bombardeos de gases de varios tipos por helicópteros de combate Black Hawkâ€, ameritaban la misión de verificación.
