Las recientes amenazas contra una amplia gama de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, llenan de gran preocupación a los demócratas colombianos, en momentos en que el paÃs se debate en el proceso electoral talvez más importante de su historia. Y no es para menos, pues a pesar de las encuestas, hay un prolongado rum - rum callejero que no descarta la posibilidad de una segunda vuelta, entre los dos candidatos de corrientes polÃticas bien diferenciadas: Ãlvaro Uribe Vélez y Carlos Gaviria DÃaz.
DifÃcilmente se pueden interpretar estas amenazas por fuera del debate electoral y de esa guerra sucia que ha enlodado esta campaña, originada al parecer por sectores proclives al candidato presidente y hasta por la propia campaña, que ha recurrido a múltiples sofismas para descalificar sus contradictores. Los debates polÃticos realizados en las universidades Javeriana y Andes, asà parecen demostrarlo.
Pero lo grave de este asunto es la extraña coincidencia entre los argumentos esgrimidos por el candidato presidente y por quienes suscriben esos panfletos intimidatorios contra las organizaciones sociales, y que por ahora parecen hacerle más daño a su imagen que a los intimidados. Sin embargo, uno pudiera concluir que se trata de un grupo (no importan sus disÃmiles denominaciones), que encarna en su nombre el espÃritu de profundo desprecio de sectores de derecha contra todo aquello que reivindique la democracia; se trata, además, del reavivamiento de las posturas más absurdas de la guerra frÃa, replicadas en Colombia con lujo de detalles durante la década de los ochenta, y que no tienen otro objeto que aniquilar la justicia y la libertad de pensamiento. Colombia ya tiene una horrorosa tradición en este campo, baste recordar el caso del exterminio de la Unión Patriótica… Por lo pronto, resulta difÃcil de entender qué bien le hacen al candidato presidente este tipo de estrategias, o qué tan provechoso le resulta su silencio, ¿acaso, cómplice?
En nuestra condición de medio de comunicación independiente, especializado en los derechos de los grupos étnicos, nos llaman la atención dos elementos de estas amenazas: el primero, la inclusión en los destinatarios de las diatribas “anticomunistas†de una buena cantidad de organizaciones indÃgenas, desde la Organización Nacional IndÃgena de Colombia, hasta aquellas organizaciones regionales que, como en el caso de los U´wa, los Bari, los Nasa y los Awa, se encuentran en el corazón de los conflictos regionales por su enfrentamiento a las polÃticas estatales, o por la sistemática violación de sus derechos humanos. El otro elemento, es la inclusión en estas listas macabras del Sistema de Información Etnias de Colombia, del cual hace parte nuestro Periódico Virtual Actualidad Étnica, cuya única pretensión es la difusión de la realidad polÃtica y social de las poblaciones indÃgenas y étnicas, lo cual constituye una clara violación al derecho de información y libertad de prensa. Se trata pues, de una clara agresión al pluralismo y la diversidad que protege la Constitución y reivindica nuestro periódico.
Por eso, y lejanos de cualquier paranoia que puedan suscitar estas amenazas, no tenemos otra obligación más que manifestar nuestra extrañeza por esas amenazas contra nuestro medio, pues hemos denunciado las agresiones a los pueblos indÃgenas patrimonio de la humanidad, independientemente de las caracterÃsticas de sus agresores, llámense paramilitares o grupos guerrilleros, o Estado. Asi pues, nos sumamos al llamado que hacen las organizaciones de las distintas plataformas de derechos humanos existentes en el paÃs, para instar al Señor Presidente “a que de manera pronta y públicamente, condene este tipo de actitudes de sectores que se han declarado afectos a su campaña, ya que configuran un atentado contra el pluralismo polÃtico caracterÃstico de un Estado Social de Derecho, como el consagrado en nuestra Constitución PolÃtica, pluralismo que corresponde a usted garantizar como Primera Autoridad de la Naciónâ€.
El Sistema de información Etnias de Colombia se ha venido constituyendo en una expresión legÃtima del acontecer étnico en Colombia. Sabemos que afrontar con responsabilidad social la información sobre la dura realidad que padecen los pueblos indÃgenas, muchos en peligro de extinción, o la realidad de las comunidades afrocolombianas, no puede menos que suscitar suspicacias, sobre todo en aquellos sectores polÃticos que han aprendido a mirar la complejidad social colombiana en “blanco y negroâ€, y para quienes todo lo que no es proclive a sus intereses, está en contra ellos. Pues bien, ese es el reto de nuestro trabajo y por ello hemos reclamado del gobierno nacional todas las garantÃas. Nuestro trabajo se desarrolla dentro de los más claros cánones del ejercicio profesional del periodismo, y nuestro actuar como ciudadanos está revestido del más profundo respeto por los principios constitucionales y los derechos humanos. De este ejercicio comprometido con la libertad de expresión y el derecho a la información, que ampara nuestra Constitución, jamás podremos retractarnos.
Sólo nos resta demandar del Señor Presidente y de los funcionarios del gobierno comprometidos con los programas de derechos humanos, que velen por la integridad fÃsica y emocional, y demás garantÃas ciudadanas de todos los amenazados, tomando medidas eficaces e inmediatas en defensa de las personas e instituciones afectadas. A los organismos internacionales de Derechos Humanos, en especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los relatores especiales para los derechos humanos y la libertad de prensa, les rogamos tomar atenta nota de estos hechos y demandar del gobierno colombiano garantÃas. A los periodistas y medios de comunicación, pedimos su apoyo y solidaridad incondicional.
Sistema de Información Etnias de Colombia
Periódico Actualidad Étnica.
