Adital - 26.05.06 Los dos lados del conflicto armado colombiano, entre paramilitares y grupos armados de oposición, continúan siendo los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos en el paÃs, según el Informe 2006 de AmnistÃa Internacional (AI). La población civil termina por ser la más afectada por el conflicto. Sindicalistas, defensores de derechos humanos, activistas comunitarios, comunidades indÃgenas, afro-descendientes corren constante riesgo de muerte o son vÃctimas de traslados forzados.
En los primeros seis meses de 2005, 1.050 civiles fueron muertos o "desaparecieron". De los cuales, por lo menos 70 eran sindicalistas y otros siete eran defensores de derechos humanos. En junio del año pasado, cerca de 1.300 indÃgenas de la comunidad Awá fueron obligados a abandonar sus casas por estar ubicadas en una región de conflicto entre el ejército y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el Departamento de Nariño.
No sólo los indÃgenas tuvieron que dejar sus casas por causa de los conflictos, casi 600 mil civiles también lo hicieron. Según el informe de AmnistÃa, "los bloqueos económicos impuestos por los combatientes y los enfrentamientos entre las partes involucradas en el conflicto generaron graves crisis humanitarias en diferentes partes del paÃs".
AI condena a las FARC y al ELN (Ejército para la Liberación Nacional) por continuar cometiendo infracciones graves y repetidas al derecho internacional humanitario, como la toma de rehenes y el homicidio de civiles. Hubo más de 2 mil secuestros en 2005: 273 fueron obra de grupos armados de oposición y 49 de paramilitares. En los otros casos, los responsables no fueron identificados.
Tanto los grupos armados de oposición, como los paramilitares fueron responsabilizados por las muertes, torturas y secuestro de mujeres y niñas. El 09 de agosto de 2005, un soldado violentó a una mujer indÃgena en Coconuco, Departamento de Cauca.
La polémica Ley de Justicia y Paz, que permitÃa reducciones significativas de las penas de prisión a los miembros de grupos armados ilegales, sometidos a investigación por abusos contra los derechos humanos, en el caso de que se desmovilizasen, sólo fue aplicada en 30 casos de presos miembros de las FARC. Los paramilitares que, supuestamente, serÃan los mayores beneficiados, cortaron las negociaciones para desmovilizarse, después que el gobierno llevó a la cárcel (en octubre de 2005) al lÃder paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, por su participación en el homicidio del diputado Orlando BenÃtez, el 10 de abril.
El informe destaca negativamente las ejecuciones extra-judiciales en manos de las fuerzas de seguridad y algunos cálculos indicaban que la cifra era de por lo menos 100 personas. Las vÃctimas de estos homicidios eran descriptas con la calificación falsa de "guerrilleros muertos en combate".
"A pesar de que el sistema de justicia militar obtuvo la jurisdicción en la mayorÃa de los casos, y, posteriormente, archivados muchos de los mismos, en ciertas ocasiones, el sistema de justicia civil también puede intervenir", dijo el informe. Las fuerzas armadas continuaron pidiendo el derecho de investigar y juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus miembros, aunque la Corte Constitucional colombiana haya decidido, desde 1997, que estos casos deberÃan ser investigados por la justicia civil.
Los periodistas Hollman Morris, Carlos Lozano y Daniel Coronell, después de haber denunciado repetidamente violaciones a los derechos humanos perpetrados por paramilitares, recibieron amenazas de muerte en forma de coronas fúnebres, el 16 de mayo. Las amenazas de muerte, los homicidios, los secuestros, todavÃa cercenan la libertad de expresión en el paÃs.
