A un año del asesinato del indÃgena Julio Miguel Pérez Espitia, esposo de Simona Velásquez, lÃder de la Liga de Mujeres Desplazadas, el crimen permanece en la impunidad. Por esto la organización de mujeres mantiene ante la opinión pública nacional e internacional, la denuncia que desde hace un año vienen haciendo debido al asesinato cometido contra Pérez Espitia.
El 19 de mayo de 2005, mediante Tercera Acción Urgente emitida por la Liga de Mujeres Desplazadas, la organización dio a conocer a diferentes estamentos de la sociedad colombiana, el hecho atroz del asesinato de Julio Miguel Pérez Espitia, desplazado de Buena Vista (Córdoba) y cuya familia en reiteradas oportunidades habÃa sufrido amenazas de los paramilitares.
El jueves hace un año, una de las hijas de la pareja, una niña de 11 años, encontró muerto a Julio Miguel en medio de un charco de sangre en la Unidad de Producción de Insumos para la Construcción (UPI) de la Cooperativa de la Liga de Mujeres Desplazadas, MujerCoop, proyecto ubicado en “La Ciudad de las Mujeresâ€, barrio el Talón municipio de Turbaco en el departamento de BolÃvar.
Por los hechos anteriores, la organización se constituyó en parte civil ante la FiscalÃa General de la Nación regional Cartagena correspondiendo la investigación al fiscal 6 Seccional- Unidad de Vida, y ha venido solicitando de manera reiterada se alleguen testimonios y pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos encontrando que hasta el momento la investigación no progresa, y que extrañamente uno de los testigos de los hechos llamados por la organización a declarar fue asesinado en circunstancias tampoco esclarecidas.
La Liga de Mujeres Desplazadas aseguró en su comunicado de prensa que a pesar de las amenazas contra sus dirigentes y profesionales de apoyo, plasmadas en la Alerta Temprana No.027-05 del dÃa 11 de junio de 2005, emitida por la DefensorÃa Delegada para la Evaluación del Riesgo de la Población Civil como Consecuencia del Conflicto Armado Sistema de Alertas Tempranas -SAT, en favor de la organización, continuará luchando por que se haga justicia en el caso del asesinato de este y exige que se respete y garantice el derecho a la organización, a la justicia y el debido proceso, para que la investigación iniciada no muera en impunidad como ha ocurrido en otros procesos de homicidios, violaciones y desaparición forzada contra miembros de la organización y sus familias.
