La Concejal Ati Quigua ha pedido al Gobierno Distrital que estudie la problemática que están viviendo 300 familias de campesinos en Mochuelo Alto, localidad de Ciudad Bolívar. La inminente expansión del botadero Doña Juana, y el envenenamiento y secamiento de las quebradas la Porquera, la Puentetierra y la Carioca que abastecen de agua toda esta zona rural provocaría el desplazamiento de estas familias a la ciudad.

 

La Concejal indígena le solicita a la Administración Distrital, que observen con detenimiento los problemas que se están presentando en la zona rural de la localidad 19, ella expresa que no es posible que en una ciudad donde cada día llega una gran cantidad de familias desplazadas por la violencia y donde el agua es tan costosa, su gobierno no proteja a sus campesinos ni los colchones hídricos que ésta posee, y contribuya a contaminar y secar las quebradas que abastecen las veredas de la capital; este es el caso de de Mochuelo Alto donde cuatro quebradas desaparecerán como consecuencia de la ampliación del relleno Sanitario Doña Juana.

La inminente expansión del botadero Doña Juana, en 300 hectáreas, provocaría tres consecuencias funestas: El desplazamiento de muchas familias a la ciudad; la contaminación de unos terrenos que producen 500 toneladas de comida diaria para los bogotanos en época de cosecha; y por último envenenaría y secaría las quebradas la Porquera, la Puentetierra y la Carioca que abastecen de agua toda esta zona rural. Las consecuencias de la expansión de la contaminación ya se están haciendo inminentes: las aguas que abastecen a este sector, con el paso de los días se están agotando aún más, como consecuencia de las excavaciones que a profundidad se vienen adelantando en el relleno.

Ati Quigua denunció que a las familias del sector les están ofreciendo unas sumas de dinero que son hilarantes, y que las autoridades no están analizando la situación a fondo. Las familias que habitan el sector han vivido allí toda su vida, sus oficios y trabajos se deben a esos terrenos ya que allí cosechan y crían su ganado, por lo tanto, si son obligados a irse de sus tierras llegarían a Bogotá sin ninguna probabilidad de encontrar un trabajo con el que puedan subsistir. “En Bogotá seremos unos desplazados más, pero no por la violencia sino por el mismo Gobierno Distrital que no se ha detenido a mirar que nuestras tierras son zonas protegidas por estar en el sub-páramo y que el trabajo que sabemos realizar es netamente agrícola”, así se manifestaron los afectados

“Se debería utilizar el 1% de los ingresos de Bogotá, como lo estipula la Ley 99 de 1993 en su artículo 111, en la adquisición de estas áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico del lugar, y así proteger las quebradas, y que la Administración Distrital tome cartas en el asunto para el amparo de la situación que enfrentan los campesinos”, es la propuesta de la Concejal para solucionar este problema, que aqueja a un grupo de familias que están a punto de perder sus tierras y su vida.

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