Las Organizaciones étnico territoriales ACIA y Asociación OREWA, en conjunto con la Diócesis de Quibdó, han querido alertar desde hace unos días a la opinión pública nacional e internacional acerca de una nueva amenaza que se cierne sobre las comunidades del municipio de Bojayá y los municipios vecinos en el departamento del Chocó.

“Ha estado un poco calmado estos días, pero necesitamos garantías de seguridad permanente por parte del gobierno, porque cuando nosotros denunciamos, las cosas se calman, pero después de unos meses vuelve el peligro; la masacre sucedida en Bojayá no se ha podido superar”, afirmó Plácido Bailarín Piticai, Secretario del Cabildo Mayor de Bojayá.

Los habitantes de la zona aseguran que desde el 25 de Mayo de 2006 se están produciendo constantemente hostigamientos entre tropas del Ejército y las FARC, en las cuencas de los ríos Bojayá y Napipí, como también en la boca del río Murrí, hechos que han generado zozobra, miedo, desabastecimiento de víveres, confinamiento de numerosas comunidades y el desplazamiento interno de la comunidad de Caimanero a la comunidad vecina del Corazón de Jesús.

La comunidad afirma que el peligro es latente y que se vislumbran preparativos de una confrontación militar de grandes proporciones con un alto riesgo de nuevas masacres de la población civil y desplazamientos masivos de las comunidades del Medio Atrato.

Bailarín Piticai enfatizó en la gravedad de la situación, “estos hostigamientos generan bloqueos económicos porque cuando los habitantes de los resguardos salen hacia las cabeceras municipales a vender sus productos cosechados, son detenidos por el Ejército o por la guerrilla quienes han generado temor en ellos, por esta razón se han dado desplazamientos internos dentro del mismo resguardo que están afectando a unos 4.000 indígenas y comunidades negras”.

“Nosotros estamos en una encrucijada porque la guerrilla cree que nosotros somos informantes del Ejército y el Ejército piensa que somos informantes de la guerrilla, por eso queremos que entiendan que nosotros somos ajenos a esas problemáticas, ellos se han metido arbitraria y constantemente a nuestros territorios, pero eso no significa que estemos involucrados”, asegura el Secretario del Cabildo Mayor de Bojayá.

Es por estas razones que la comunidad exige a la Fuerza Pública y a la insurgencia, que se ubiquen inmediatamente fuera de las comunidades, según las normas del Derecho Internacional Humanitario, “pues no pueden convertir a los pueblos en campo de batalla, ni utilizar la población civil como escudo”.

Las organizaciones que defienden los derechos humanos de estas zonas hacen un llamado de seguridad, “a las Instituciones civiles del Estado, exigimos una atención inmediata a la situación de las comunidades afectadas y que hagan todos los esfuerzos para prevenir otra catástrofe. Solicitamos a los Organismos de defensa de Derechos Humanos y a la Comunidad Internacional en general, que ayuden a visualizar la situación de guerra que siguen sufriendo las comunidades afrodescendientes e indígenas del Medio Atrato y se pronuncien a favor de la defensa de sus derechos”.

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