Entre los meses de septiembre y noviembre de 2005, varias familias wayúu que vivÃan en el sector del Alto San Jorge en la Sierra Nevada de Santa Marta se desplazaron hacia Wepiapaa y luego lo hicieron otras en un proceso de desplazamiento escalonado, que a la fecha ha dejado un total de treinta y dos familias desplazadas.
Posteriormente, otras familias wayúu provenientes de la Alta y Media Guajira se movilizaron hasta Wepiapaa para expresar su solidaridad con las familias desplazadas. Las entidades públicas encargadas de atender la problemática del desplazamiento forzado han argumentado que las familias desplazadas son solo nueve y que los restantes grupos familiares solo llegaron hasta allà para aprovecharse de la ayuda humanitaria brindada por la Agencia Presidencial para la Acción Social.
El pasado 16 de mayo una comisión integrada por la DefensorÃa del Pueblo de la Guajira, el Programa Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH y la Organización Nacional IndÃgena de Colombia (ONIC) visitaron la zona y pudieron constatar la grave situación que enfrentan las familias desplazadas. Hasta el pasado mes de abril, la Organización Internacional Acción contra el Hambre mantuvo una olla comunitaria como una estrategia temporal para atender a las familias wayúu mientras se hacÃa efectiva la ayuda de emergencia por parte del gobierno nacional.
La misma organización también proporcionó hamacas, plásticos para la construcción de cambuches, tanques para aprovisionamiento de agua, y kits de cocina y de aseo. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar esta entregando desde el mes de marzo cuarenta desayunos diarios, de lunes a viernes para los niños menores de cinco años. Finalmente, la Agencia Presidencial para la Acción Social de la Guajira entregó en dos oportunidades mercados para nueve familias.
El resto de ayudas por parte de las autoridades públicas se quedaron en el incumplimiento de los acuerdos relativos al nombramiento de profesores bilingües, la adecuación de un lugar para educar a cincuenta niños en edad escolar, la dotación de útiles escolares, la entrega de materiales para la construcción de vivienda, el pago de alquiler de tierras con vocación agrÃcola para ser usadas por las familias en situación de desplazamiento y la entrega de un carrotanque de agua.
Las circunstancias observadas por la comisión de verificación evidencian la existencia de una crisis alimentaria que se conjuga con el hacinamiento y los brotes IRA y EDA, poniendo en grave riesgo el bienestar de la población wayúu que aun continúa esperando respuestas y acciones por parte de las entidades públicas.
Ante la grave situación, los wayúu solicitaron la intervención del Estado para establecer el número real de familias desplazadas, adelantar los trámites necesarios para que los indÃgenas sean incluidos en el Sistema Único de Registro de población desplazada y se haga el correspondiente seguimiento a los compromisos adquiridos por las entidades e instituciones. Mientras se coordinan este tipo de acciones, la población en situación de desplazamiento hizo un urgente llamado para el suministro de alimentos y agua potable.
