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El pasado 6 de junio, la Comisión Interamericana presentó el informe de derechos humanos del año 2005 ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en República Dominicana.

 

En el aparte dedicado a la situación de derechos humanos en Colombia, la Comisión resaltó los avances del Estado  colombiano respecto a la continuidad de los programas de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas,  líderes sociales y comunidades en riesgo e igualmente celebró la ratificación de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

 

Respecto a la situación de los pueblos indígenas y las comunidades negras la Comisión señaló su preocupación respecto al hecho de que la ley de justicia y paz centra su atención en la devolución de bienes como forma de reparación para las víctimas. De esta manera lo que se esta planteando a nivel legislativo es una limitación o un obstáculo para hacer realidad procesos de reparación integrales, que necesariamente deben incluir mecanismos para reparara el daño causado al tejido social de sociedades con altos niveles de apropiación colectiva como es el caso de los pueblos indígenas y las comunidades negras. Y a esto se suma el hecho de que la norma no contempla mecanismos de no repetición como parte de la reparación para las víctimas.

 

El informe se reseña como, durante el año 2005 grupos vulnerables como los indígenas, afrocolombianos y desplazados continuaron siendo víctimas de acciones violentas por parte de grupos paramilitares que no hicieron parte del proceso de desmovilización de las AUC, de grupos subversivos y de agentes del Estado.  En ese sentido, la comisión señala como los pueblos indígenas continuaron siendo victimas de masacres, ejecuciones selectivas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado de sus territorios ancestrales, reclutamiento forzado, pérdida o contaminación de sus fuentes de alimentación, bloqueos alimentarios, señalamientos y amenazas a su autonomía, lo cual fue verificado durante una visita realizada en junio del año anterior. 

 

Para el caso de las comunidades negras el informe señala que estas, junto con sus consejos comunitarios continuaron siendo afectadas por los bloqueos alimentarios, asesinatos, secuestros y desplazamientos forzados, a lo cual se suma el deterioro y afectación de su derecho al territorio por cuenta de la deforestación y la siembra de palma africana.

 

En ese contexto, la preocupación fundamental del organismo de derechos humanos radica en el hecho de que este tipo de situaciones amenazan no solo la vida e integridad personal de sus miembros sino también su existencia como pueblos y en ese sentido, exigió al Estado colombiano la adopción de acciones concretas que desactiven los factores generadores de la violencia y permitan avanzar hacia el respeto por los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

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