Pueblos y organizaciones indÃgenas expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH - en el marco de una audiencia temática, la violación de derechos colectivos de propiedad sobre las tierras y recursos naturales de los pueblos indÃgenas, por parte de los Estados de Panamá, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua, a pesar de las compromisos internacionales asumidos, al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
IndÃgenas denuncian a Panamá, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua ante CIDH por la lesión de sus Derechos Colectivos
Tomado de: www.ecoportal.net
Pueblos y organizaciones indÃgenas expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH - como Panamá, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua lesionan sus derechos colectivos de propiedad sobre sus tierras y recursos naturales. Solicitaron a la CIDH que, entre otras cosas, realice una visita a esos paÃses para constatar las situaciones expuestas.
El Centro de Recursos JurÃdicos para los Pueblos IndÃgenas, el Congreso General Kuna, el Pueblo Maya Q’eqchi’, la Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral (AEPDI), los Pueblos Brunca y Teribe, la Organización Kus Kura, el Pueblo Miskito, y el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de los Pueblos IndÃgenas de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), expusieron el pasado 19 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de una audiencia temática, como Panamá, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua lesionan los derechos colectivos de propiedad de los pueblos indÃgenas sobre sus tierras y recursos naturales, a pesar de las compromisos internacionales asumidos al ratificar no solo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también los Convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativos a pueblos indÃgenas.
El Congreso General Kuna denunció como el Estado panameño ha negado en forma constante el reconocimiento de sus derechos colectivos de propiedad sobre sus tierras ancestrales ubicadas en la provincia de Colón, distrito de Santa Isabel, a pesar de los recursos judiciales interpuestos por más de 20 años. Además, explicó como las tierras ancestrales de Santa Isabel están Ãntimamente relacionadas con la cultura y cosmovisión Kuna, asà como su importancia material y espiritual para la supervivencia cultural de sus comunidades. En este sentido, se indicó que tales tierras son parte del corredor biológico y cultural de Kuna Yala, donde más de 200 familias indÃgenas realizan actividades de agro-foresterÃa sostenible en la región, asà como sus actividades de caza y medicina tradicionales.
El Pueblo Maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal, explicó como el Estado guatemalteco en forma sistemática no delimita, ni demarca ni titulariza sus territorios ancestrales, con la sola finalidad de desconocer asà sus derechos de propiedad sobre sus tierras y recursos naturales. En especial, evidenció como en forma estratégica Guatemala desconoció los derechos colectivos de propiedad y libre determinación, a fin de conceder, en forma irregular y oscura, la licencia de explotación de nÃquel a favor de la Empresa Guatemalteca de NÃquel (CGN), sin siquiera informar y consultar previamente a las comunidades afectadas, que constantemente solicitaron el inmediato catastro de sus territorios.
Los Pueblos Brunca y Teribe, en términos generales, indicaron como el Estado costarricense desde hace casi 30 años viene desconociendo los derechos colectivos de sus pueblos indÃgenas reconocidos por la propia ley interna 6172 de 1977 “Ley IndÃgenaâ€, al no aplicar sus preceptos ni hacerlos respetar por particulares. Incluso, denunciaron como Costa Rica lesiona los derechos colectivos de propiedad y libre determinación de sus pueblos indÃgenas, imponiéndoles su organización en “Asociaciones de Desarrollo IndÃgenas†– entidad de naturaleza estatal con débil participación indÃgena -, desconociendo sus propias formas tradicionales de organización comunitaria, asà como sus autoridades tradicionales. En particular, advirtieron como se pretende inundar parte de sus territorios ancestrales ubicados en la “Reserva Boruca-Terrabaâ€, con la sola finalidad de que la empresa estatal – Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), lleve adelante el “Proyecto Hidroeléctrico Boruca†con financiación internacional. Asà mismo, indicaron los innumerables impactos negativos de naturaleza espiritual, cultural, y económica que tal proyecto producirÃa en sus comunidades, asà como el desplazamiento interno forzado al que se verÃan expuestas.
El Pueblo Miskito detallo como el Estado nicaragüense incumple las obligaciones emergentes, no solo de la ley interna 445 “Ley de Propiedad Comunalâ€, sino también de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Awas Tingni, relativas a sus derechos colectivos de propiedad sobre sus tierras y recursos naturales. En especial, expuso como Nicaragua ahora pretender violar nuevamente tales derechos por medio de la inscripción de los tÃtulos colectivos de propiedad de las comunidades indÃgenas bajo la figura del “co-dominio con el Estado†y; a través de su inscripción en forma provisoria, para menguar asà sus plenos efectos jurÃdicos. Todo ello, se denunció que, por un lado, no permite el pleno ejercicio de los derechos colectivos de propiedad sobre los recursos naturales ubicados en territorios indÃgenas por parte de las comunidades y; por otro lado, favorece el avance de la frontera agrÃcola en perjuicio de sus comunidades.
Finalmente, los mencionados pueblos y organizaciones indÃgenas solicitaron a la CIDH que, entre otras cosas, realice una visita in loco a Panamá, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua para constatar las situaciones expuestas; asà como recomiende a tales Estados la adopción de medidas administrativas, legislativas o de otra Ãndole necesarias para garantizar, en forma idónea y efectiva, los derechos colectivos de propiedad sobre las tierras ancestrales y recursos naturales de los pueblos indÃgenas.
El Centro de Recursos JurÃdicos para los Pueblos IndÃgenas, a través de esta audiencia temática, demostró asà a la CIDH como tales Estados promueven ante la comunidad y cooperación internacional fuertes polÃticas de derechos humanos que, hacia el interior de sus fronteras no se traducen en el respeto integro de los derechos colectivos de los pueblos indÃgenas, lo que deja entrever una clara y constante practica discriminatoria. Asimismo, exigió a la CIDH que, en el marco de sus funciones de defensa de derechos humanos en este Hemisferio, aplique a favor de los pueblos indÃgenas el principio de derecho internacional relativo a la soberanÃa permanente sobre sus recursos naturales, en tanto constituye el criterio idóneo para garantizar los derechos colectivos de propiedad y libre determinación, como ya ha sido establecido en el marco del sistema de Naciones Unidas.
