Gustavo Girón Higuita, Obispo de Tumaco; Hernán Alvarado Solano, Obispo de Guapi; Héctor Epalza Quintero, Obispo de Buenaventura; Alonso Llano Ruiz, Obispo de Istmina; y Fidel León Cadavid MarÃn, Obispo de Quibdó, expresaron su preocupación sobre las violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional humanitario, que se vienen presentando recientemente contra el Pueblo Afrocolombiano y los Pueblos IndÃgenas de la cuenca del PacÃfico.
Monseñor Gustavo Girón Higuita Obispo de Tumaco y Carlos Rosero, lÃder del Proceso de Comunidades Negras de Colombia, hablaron con Actualidad Étnica sobre estos últimos hechos de violaciones a derechos humanos.
El Obispo de Tumaco aseguró que en la zona se han vivido últimamente con más intensidad hechos violentos, desplazamientos y muertes. “Hemos notado que hay muchas presiones económicas y de seguridad de parte de terratenientes hacia a las comunidades afrocolombianas e indÃgenas, lo que ha generado el desplazamiento de muchas personas de sus territorios. Otro factor de violación a derechos humanos han sido los cultivos ilÃcitos, y las consecuencias que estos traenâ€.
Monseñor Girón Higuita mencionó que la iglesia le ha colaborado a los desplazados en el tema de titulación de tierras, ya que esto ha generado su movilización, y también asegura que todos estos programas van encaminados para defender la vida. “El Plan Pastoral Social en los últimos dos años ha trabajado con muchos desplazados en el tema de seguridad alimentaria, con el apoyo de la Pastoral Social Bogotá, la Red de Solidaridad y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y continuaremos trabajandoâ€.
Por otra parte Carlos Rosero, lÃder del proceso de comunidades negras de Colombia, asegura que los derechos de los grupos étnicos están en el ojo del huracán. “Aunque se dice que las cifras han disminuido, realmente se siguen cometiendo graves violaciones a derechos humanos. Se necesitan acuerdos, se necesita consulta previa para cualquier proceso que se genere con las comunidades negras. Temas como la reparamilitarización del paÃs y la Ley Forestal han abierto las puertas para que se vulneren de nuevo los derechos de nuestras comunidadesâ€.
Las violaciones más recientes a derechos humanos en el pacÃfico
Los obispos en su comunicado señalaron hechos concretos que demuestran la gravedad de la situación en la zona; entre ellos los recientes sucesos del 12 de julio de 2006, donde hubo enfrentamientos de la Fuerza Pública con guerrilleros en los resguardos indÃgenas del pueblo Awa en Ricaurte-Nariño; al igual que los enfrentamientos entre guerrilleros de las FARC y paramilitares de las AUC del Bloque Elmer Cárdenas en territorios indÃgenas de Riosucio-Chocó.
En ambos casos la población civil ha quedado expuesta en medio del fuego: en el caso de los Awa se produjo una situación de desplazamiento masivo y de refugio en un Colegio; en el caso de Riosucio campesinos aserradores que se encontraban explotando la madera de forma irregular en territorios indÃgenas, fueron vÃctimas de un secuestro masivo por las FARC y luego han aparecido asesinados varios de ellos. Esto último también ha ocasionado un nuevo desplazamiento hacia el casco urbano de dicha municipalidad.
En el mes de abril del año en curso la guerrilla de las FARC asesinó a dos maestros indÃgenas en la zona del medio San Juan-Chocó, a partir de lo cual se generó un desplazamiento de estas comunidades hacia Istmina. “Afortunadamente esta población ya retornó, pero un grupo de catorce indÃgenas debieron acogerse a la figura de refugiados internacionales para poder salvar la vida, dado que se encontraban en la misma lista de personas acusadas de ser informantes de la Fuerza Públicaâ€, aseguran los obispos.
En el mes de junio de 2006 una masacre de once personas afrocolombianas se presentó en el área rural de Satinga, municipio de Olaya Herrera en Nariño, esto se debe presuntamente al impacto de los cultivos de uso ilÃcito presentes en la región.
En el área del Medio Atrato, municipio de Bojayá este semestre que terminó dejó un ambiente creciente de desconcierto en las comunidades negras e indÃgenas, ante la continua confrontación entre guerrilleros de las FARC y Fuerza Pública. Estos encuentros bélicos han producido continuos desplazamientos dentro del área rural y hacia el casco urbano.
Reiteraron que “En muchos lugares de la región del PacÃfico los civiles siguen padeciendo el atropello por parte de la Fuerza Pública y de las guerrillas que les decomisa alimentos, medicamentos, o restringe la movilización hacia los lugares de trabajo agrÃcola, de caza o de pesca. Siempre con la acusación de estar sirviendo de intermediarios del enemigoâ€.
Un llamado a todos los actores: armados y no armados
“Todos estos hechos y otros que muchas veces no son motivo de denuncia pública ni mucho menos judicial, nos llaman poderosamente la atención y nos hace clamar al Cielo para que haya Justicia. Por eso hacemos el siguiente llamado:
A la población civil que se mantenga en el ejercicio de la autonomÃa frente al conflicto armado; A la Fuerza Pública una mayor transparencia en su actuación para que se gane cada vez más el respeto de la sociedad; A los organismos de Control del Estado a que actúen pronta y diligentemente, según el mandato constitucional de velar para que los funcionarios públicos cumplan con la protección, garantÃa y realización de los Derechos Humanos.
A los grupos paramilitares que asuman con honestidad el proceso de desmovilización, que no sigan haciendo acciones encubiertas donde la vÃctima es la población civil y particularmente los más pobres. Que se dejen guiar por la aplicación de la Justicia, la Verdad y la Reparación, a fin de consolidar un proceso de paz; A la guerrilla de las FARC que no involucre a la población civil en sus actos bélicos y que no dilate más los gestos para el inicio de un proceso de paz justa y negociada.
A la comunidad internacional, de manera particular al sistema de Naciones Unidas, para que siga apoyando los esfuerzos de nuestra sociedad para resistir a la prolongación de un conflicto armado que nos desangraâ€.
