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Las comunidad indigena Uwa hizo público este miércoles un comunicado en el que rechaza de manera rotunda el concepto emitido por el Consejo de Estado y conocido por la opinión nacional el pasado domingo a través de un medio de circulación nacional, en el cual le dan carta blanca a la empresa estatal ECOPETROL para que inicie las labores de sísmica en territorios de propiedad de la comunidad.

Según el informe publicado por el periódico el Espectador, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dio vía libre al gobierno para poner en marcha el proyecto petrolero, “siempre y cuando se cumpla con los estudios, planes, licencias y permisos ambientales previstos en la ley”… informa el Semanario que el Ministro del interior Sabas Pretel de la Vega había interpuesto la consulta ante el Consejo de Estado, de una parte, argumentando la posibilidad de hallar petróleo en la zona y paliar de alguna manera las exiguas reservas que en este momento posee ECOPETROL y que según informes oficiales, solo alcanzaran para abastecer al país hasta el año 2010, a riesgo de comenzar a importarlo a partir de ese momento; de otra parte, porque según el concepto, el gobierno ya cumplió con los tramites legales requeridos y en consecuencia puede iniciar el proyecto petrolero, siempre y cuando “se acaten los estudios ambientales y definitivamente, teniendo en cuenta las objeciones y observaciones formuladas por los pueblos indígenas en defensa de sus derechos constitucionales a la integridad étnica, social, cultural y económica”. Agrega el Consejo de Estado que la ausencia de un acuerdo entre el gobierno y la comunidad Uwa o incluso “la renuencia injustificada de estas a participar en el proceso de consulta previa, no afecta la legalidad de la iniciación del proyecto petrolero, siempre y cuando su análisis ambiental, en cuanto sean razonables las objeciones y observaciones formuladas por las comunidades afectadas”.

Frente a los argumentos del Consejo de Estado, la comunidad Uwa expreso su mas rotundo rechazo, argumentando que “el tema de la consulta previa es un asunto que va más allá de simples reuniones entre el gobierno nacional, empresa petrolera y el pueblo U´wa, por que no se trata de agotar un formalismo institucional que se consigne en un cuadro cronológico para argumentar que se cumplió con el proceso de CONSULTA PREVIA, sino la obligación del Estado Colombiano ante la comunidad nacional e internacional de proteger y garantizar objetivamente el derecho a la vida, integridad cultural, étnica, social y territorial del Pueblo U’wa, derecho fundamental que esta consignado en la Ley 21 de 1991, la Constitución Nacional, la Carta Universal de los Derechos Humanos, preceptos normativos que están desarrolladas parcialmente en la Sentencia de la Corte Constitucional SU-039/97, las recomendaciones OEA-HARVARD, y las recomendaciones de la Comisión de Expertos de la OIT, ENTRE OTROS”.

Para la comunidad Uwa, en lo conocido del concepto del Consejo de Estado no se consignan las sentencias que reconocen los derechos territoriales de los indígenas sobre los territorios de resguardo, por lo que acusan a una de las máximas instancias de la justicia en Colombia de prevaricar, toda vez que desconocen los efectos de cosa juzgada constitucional sobre esta materia.

Resulta llamativo en el comunicado indigena la aclaración de que al momento las comunidades no han decidido si aceptan o no la consulta previa, toda vez que en la publicación se señala de una parte, la inversión en la que ha incurrido el gobierno en materia de consulta con estas comunidades durante los últimos diez años, la cual oscila los tres mil millones de pesos y la aseveración de que los Uwa se han negado sistemáticamente a la realización del proyecto y no han querido participar en el proceso de consulta previa que exige la ley; y de otra, la aclaración que hace el gobierno en el sentido que las comunidades si han acudido a la consulta, pero para reiterar su negativa absoluta al proyecto petrolero.

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