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Para efectos de verificar la situación humanitaria del pueblo Wayúu una comisión integrada por delegados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) la DefensorÃa del Pueblo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Acción Social, la Primera División del Ejército Nacional, la Gobernación de la Guajira, la PolicÃa de la Guajira y el Programa de Comunidades en Riesgo de la Vicepresidencia de la República , se trasladaron a las localidades de BahÃa Portete, Poropo y Wepiapaa en el departamento de la Guajira. La visita se realizó entre el 11 y el 13 de julio y su objetivo primordial fue verificar las condiciones de seguridad de la zona para un eventual proceso de retorno de las familias wayúu que se encuentran en Venezuela.
Este es uno de los asuntos más problemáticos en materia de desplazamiento forzado de indÃgenas, pues en el caso de los wayúu estos gozan de doble nacionalidad, razón por la cual no adquieren el estatus de refugiados en el momento en el que se ubican en Venezuela. A esto se suma el hecho de que varios de los funcionarios públicos de las entidades estatales colombianas, han argumentado, para no atender el fenómeno del desplazamiento provocado por paramilitares, que se trata de fenómenos de delincuencia común que no se enmarcan dentro del conflicto armado colombiano.
Con estas lÃneas de interpretación, los wayúu no son considerados ni como desplazados ni como refugiados. Por este motivo los dos gobiernos ya suscribieron un memorando de entendimiento y se tiene programada una próxima reunión par abordar ese tema.
Los miembros de la Comisión estuvieron dialogando con los habitantes de cada uno de los lugares visitados y como fruto de ese intercambio los delegados de la misión llegaron a cinco conclusiones fundamentales que deben guiar los diálogos y las eventuales acciones entre los dos gobiernos para atender la problemática del pueblo wayúu, indicó Juan Carlos Gamboa, Coordinador del Proyecto de Comunidades en Riesgo de la Vicepresidencia de la República.
La primera conclusión es que existen unos factores de riesgo, lo cual impide que la gente hable y denuncie lo que esta ocurriendo y eso fue lo que evidenció el grado de complejidad de la situación que actualmente se vive en la Guajira. En ese sentido el llamado que hicieron los miembros de la comisión fue la necesidad de avanzar en el análisis detallado y profundo de los factores de riesgo en esta zona del paÃs.
En el manejo y medición de los niveles de riesgo también señalaron la importancia de identificar y caracterizar las condiciones sociales y económicas de la población retornada y desplazada, pues sin duda alguna estos factores inciden en mayor o menor medida en el manejo de los niveles de riesgo. Actualmente, “la mayorÃa de estas comunidades están dependiendo casi exclusivamente de la ayuda gubernamental, de la ayuda de afuera y por esto su vida es insostenible, es inviable, pues carecen de alternativas de auto producciónâ€, afirmó Gamboa. Esa situación hace necesario pensar en medidas urgentes que respondan y que presenten alternativas económicas viables, pues en este momento la seguridad alimentarÃa de la población esta dependiendo en su totalidad de la ayuda estatal.
El tercer elemento identificado por la misión y que juega un papel fundamental en la crÃtica situación del pueblo indÃgena, es la debilidad y fragilidad de las organizaciones comunitarias de la Guajira, lo cual pone en evidencia la urgente necesidad de trabajar en el fortalecimiento de organizativo y de la gobernabilidad.
Según informó la comisión, otro de los aspectos preocupantes es el manejo y transferencia de los recursos del Sistema General de Participaciones. El municipio de Uribia ha seguido, como es su obligación, transfiriendo el dinero correspondiente a algunas localidades como en BahÃa Portete, en donde no existe población. En este aspecto algunos funcionarios plantearon la posibilidad de congelar el desembolso de los dineros para ciertas zonas de la Guajira.
De otra parte, los delegados indicaron que el fenómeno del desplazamiento en la Guajira se ha invisibilizado y el único referente que se tiene a nivel nacional de este problema es el de BahÃa Portete, cuando en realidad el desplazamiento forzado se ha tornado en una problemática permanente en la PenÃnsula de la Guajira. Al respecto también es importante señalar, que de acuerdo a los integrantes de la comisión, las caracterÃsticas sociales y culturales del pueblo wayúu hacen que sea casi imposible aplicar los mismos parámetros o criterios que se han aplicado para otros pueblos indÃgenas en materia de desplazamiento. En ello juegan aspectos como la poliresidencialidad, la doble nacionalidad, los conflictos intraétnicos que a veces ocultan los problemas derivados de la presencia de actores armados.
Con el objeto de diseñar y poner en práctica lÃneas de acción que permitan responder de manera efectiva a la problemática del desplazamiento, las entidades que hicieron parte la misión acordaron conformar un grupo de trabajo interinsitucional para identificar y caracterizar los factores de riesgo y las amenazas que se ciernen sobre el pueblo wayúu desde una perspectiva integral. Dicha caracterización esta orientada hacia la formulación de un plan de promoción y protección de los derechos humanos de los indÃgenas que permitan avanzar también en las acciones de cooperación con Venezuela. En dicho grupo de trabajo participaran inicialmente, la DefensorÃa del Pueblo, el Programa Presidencial de Derechos Humanos, la Secretaria de Asuntos IndÃgenas de la Guajira, los cuales contaran con el apoyo de la OEA.
Finalmente, es importante señalar que esta misión se da en el marco de la continua presencia de actores armados en los territorios indÃgenas que han venido generando un proceso de apropiación de territorios y de control absoluto de las actividades comerciales legales e ilegales. A través de estas actividades lo que se ha ido consolidando es un proceso de permanente control social que ha marginado de manera violenta a los wayúu en función de la consolidación y expansión del paramilitarismo en el contexto del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Lo preocupante en ese sentido es que el grupo armado que opera en la Guajira hacÃa parte del Bloque Norte de las AUC y sin embargo, dentro del proceso de desmovilización jamás se abordó el tema del desmonte de las estructuras paramilitares de la PenÃnsula. A ello hay que agregar que la misión de la OEA que ha acompañado el proceso de desmovilización tampoco se ha pronunciado sobre el tema.
