Oaxaca ha venido enfrentando una crisis social y política que se agudizó a partir del 14 de junio de 2006, fecha en que el gobierno estatal intentó desalojar el zócalo capitalino por la fuerza, ocupado por un plantón de profesores pertenecientes a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Poco después de este hecho, los maestros y cerca de 400 organizaciones sociales conformaron una alianza que hoy es reconocida como “Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca” (APPO). A la fecha han sido asesinados dos manifestantes, varios fueron detenidos de manera ilegal o desaparecidos y cuatro de sus líderes fueron encarcelados. Igualmente, han sido tomadas radiodifusoras y oficinas de gobierno por parte de la APPO. Más de un millón doscientos mil niñas y niños de escuelas públicas están sin clases, puesto que los maestros condicionan el regresar a sus lugares de trabajo hasta que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz deje el cargo.

Las raíces del actual conflicto oaxaqueño son profundas y empezaron a crecer desde hace mucho tiempo. El autoritarismo, la injusticia, la impunidad, la pobreza y la falta de instituciones que trabajen a favor de los ciudadanos, indígenas y no indígenas, son algunos elementos constitutivos de este problema.

Oaxaca es uno de los estados más pobres del país, presa del caciquismo y en el que el desprecio por las culturas indígenas es flagrante. No obstante, estas culturas, son fundamento importante para la vocación turística de la entidad.

A todo esto habrá que agregar que la profunda inequidad en la distribución y repartición de la riqueza en el estado hace más grande la distancia entre pobres y ricos, y que el fenómeno de la migración provoca que unos doscientos cincuenta mil oaxaqueños, año con año, se vayan a probar suerte al norte del país o a los Estados Unidos.

Ulises Ruiz Ortiz, heredó buena parte de los males señalados pero también, incorporando su sello personal, contribuyó al incremento de la ya muy larga e histórica lista de agravios sufridos por los oaxaqueños.

Llegó de manera muy cuestionada al poder por lo que es considerado por muchos un gobernador ilegítimo. Persiguió y quiso meter a la cárcel a Gabino Cué, su adversario en la contienda electoral por el gobierno del estado. Con base en el más vil de los engaños, apresó a líderes sociales en uno de sus primeros actos de “acercamiento” con la sociedad civil. Continuó con particular entusiasmo la agresión al periódico NOTICIAS, iniciada por José Murat, quien antes de su salida mandó quemar los puestos en los que se vendía dicha publicación.

Sin consulta alguna, modificó el zócalo de Oaxaca, convirtió el Palacio de Gobierno en un museo y; sin haberlo comentado con alguna entidad ciudadana, está remodelando la fuente de las siete regiones (uno de los símbolos más importantes de la ciudad) Con respecto a estas obras, lo que ha trascendido es el enorme costo de las mismas. De igual manera y con graves problemas de carácter técnico, comenzó un absurdo proyecto para ampliar a cuatro carriles la pequeña carretera que se encuentra en el Cerro del Fortín, la cual se mantiene cerrada desde hace muchos meses. Finalmente, en todas y cada una de sus obras, para “cambiarle la imagen a Oaxaca”, se han derribado una cantidad enorme de árboles: Laureles centenarios y palmeras gigantes, entre muchos otros, que ya formaban parte de la identidad de la metrópoli. El deterioro ambiental de la ciudad no tiene calificativo.

Además, al dejar el Palacio de Gobierno, abandonó el centro simbólico del poder político, importantísimo para los habitantes de las comunidades de Oaxaca que acudían a la capital para gestionar sus asuntos.

Por si fuera poco, incrementó sin clara justificación los impuestos y a quienes no lo apoyaron en su candidatura a gobernador, les envió engorrosas auditorias.

Para nadie es un secreto que una de las constructoras que se benefician con todas estas obras pertenece a un hermano del gobernador. Tampoco es secreto que la febril actividad “destructora-constructora” estaba íntimamente ligada a la campaña electoral protagonizada por Roberto Madrazo. En este terreno, hay quien presume y es “reconocido” y “admirado” como experto en convertir dinero público en privado. Por si fuera poco, muchos de los trabajos contratados, así como las compras realizadas por el gobierno, llegaron a tener precios verdaderamente espectaculares. “La corrupción al servicio del poder”, expresó un ciudadano lleno de coraje e impotencia.

El equipo de trabajo de Ulises Ruiz está caracterizado por su impericia en la especificidad de los cargos que se le han conferido y buena parte de los funcionarios, además del trabajo que deberían desempeñar, tienen negocios. Por ejemplo, la Secretaria de Turismo tiene restaurantes y hoteles y la familia de la Secretaria de Cultura es dueña de una de las escuelas particulares más caras de la ciudad.

“En Oaxaca, el desarrollo tendrá dos pilares: el turismo y la cultura”, afirmó en su momento Ulises Ruiz. No es necesario abundar en el tremendo fracaso que el gobierno del estado ha tenido en estos afanes, ni en los beneficios que los propios funcionarios han tenido para sus empresas.

Por otra parte, en varios municipios del estado, se fueron multiplicando las denuncias ante el abuso de autoridad, la falta de transparencia en el manejo de los recursos, así como la agresión contra los que se inconforman. Por estas y muchas otras razones, y en consonancia con el conflicto, varias decenas de municipios han sido tomados por la sociedad civil.

Lo anteriormente señalado es solamente una pequeñísima muestra de la muy particular manera en la que se venía gobernando Oaxaca.

El estallamiento del conflicto

En mayo de 2006, una vez más, los maestros se hicieron presentes en el zócalo, en su ya “tradicional” plantón anual, para solicitar mejoras en sus condiciones salariales y mayores prestaciones, incluyendo la llamada rezonificación. Esto, que venía ocurriendo casi rutinariamente año con año, con la consecuente molestia de la ciudadanía, se transformó en un enorme conflicto social y popular.

Casi 60 mil maestros llegaron a estar en el enorme campamento instalado en el zócalo de Oaxaca. Las peticiones del magisterio fueron recibidas por el gobierno del estado con menosprecio y las respuestas que recibieron los mentores fueron consideradas como insuficientes. Como el plantón se iba prolongando y se acercaban las elecciones presidenciales, en un torpe acto de autoridad, se decidió desalojar el zócalo por la fuerza. Policía, gases lacrimógenos y gas mostaza, un agresivo helicóptero y golpes a diestra y siniestra, constituyeron parte del intento. El desalojó no se pudo concretar, pero la agresión enojó no solamente al magisterio sino también a buena parte de la sociedad oaxaqueña. El mismo día, 14 de junio, las “fuerzas del orden” destruyeron la estación “Radio Plantón”, la radio del magisterio democrático. Esta emisora venía operando desde un año atrás y estaba cerca de consolidar su perfil al servicio de los docentes y de la ciudadanía. También era una radio crítica que ponía en constante evidencia los desatinos del gobierno y la corrupción imperante.

Después del frustrado desalojo, a los maestros se sumaron, con mayor claridad y presencia, organizaciones civiles que ya venían apoyando el movimiento y conformaron la llamada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO. De esta manera el movimiento magisterial transitó de lo gremial a un movimiento diverso, amplio y plural, en el que se concentró la inconformidad social imperante.

Desde entonces la tensión y la ingobernabilidad han ido creciendo. Además, se desató una represión selectiva contra líderes de la APPO, llegando incluso a lanzar bombas molotov a sus domicilios. Prácticamente todos los líderes y sus familias, de manera permanente, han recibido amenazas por teléfono.

A partir de aquí, los acontecimientos han venido sucediendo uno tras otro de manera vertiginosa.

Un brevísimo recuento

Los integrantes del movimiento, y varios cientos de miles de simpatizantes, han organizado cinco “megamarchas”. A la “megamarcha” más concurrida, se le denominó la “madre de todas las marchas”. Por su parte, el gobierno estatal, organizó una marcha, para pedir “la paz”, en la que participaron ciudadanos por propia voluntad pero también un gran número de acarreados y empleados de las instituciones públicas; estos últimos amenazados con perder el empleo si no asistían, los testimonios no dejan lugar a dudas sobre esta coerción. A la manifestación organizada por el gobierno se le conoce como “la marcha de la vergüenza”.

Después de la destrucción de “Radio Plantón”, fue tomada por alumnos universitarios y miembros de varias organizaciones civiles, “Radio Universidad”, perteneciente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) Semanas después, esta emisora fue agredida a tiros por “personas desconocidas” e inhabilitada posteriormente por infiltrados en el movimiento, echando ácido tanto al transmisor como a la consola.

El primero de agosto se convocó a una marcha de mujeres, quienes sonando cacerolas, llegaron hasta las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión para solicitar una hora de transmisión. Esto les fue negado por la directora de la corporación y, ante tal contrariedad, las mujeres decidieron tomar la radio y la televisión del gobierno (96.9 de FM y Canal 9). Este hecho fue reconocido por la población instituyendo el primero de agosto como día de la “mujer oaxaqueña”. Las mujeres hablaron por los micrófonos, dieron cuenta de los acontecimientos y pasaron videos sobre San Salvador Atenco, la perversión del neoliberalismo, la invasión de los transgénicos, las luchas del Ché Guevara y el trabajo videográfico “Ya cayó”, que trata del frustrado desalojo, las marchas y el movimiento en general. Por primera vez en la

historia, este canal de televisión abrió sus puertas a la pluralidad.

Estas mismas mujeres, apoyadas poco después por organizaciones civiles, crearon en la radio espacios noticiosos y de reflexión, llegándose a tratar asuntos relacionados con la equidad de género, entre muchos otros. La emisora adquirió el nombre de “Radio Cacerola”.

El 21 de agosto, en la madrugada, policías vestidos de civil y “porros” contratados por el gobierno, fuertemente armados, destruyeron a balazos los equipos de transmisión, tanto de “Radio Cacerola” como del Canal 9. Hubo un herido. Inmediatamente después de estos hechos violentos, fueron tomadas doce radiodifusoras comerciales y empezaron a dar cuenta de lo acontecido. Doce emisoras en las que se escucharon las diversas voces de los pueblos de Oaxaca. Poco después se liberaron a la mayoría de las emisoras para que finalmente, la APPO retuviera hasta la fecha a “La Ley 710” y “Radio Oro”.

Una nueva agresión se realizó el 22 de agosto, más o menos a la una de la mañana. El gobernador Ulises Ruiz, en una explicación posterior a los hechos, dijo que se trataba de una “operación de limpieza”, pues en el transcurso de los más recientes días del conflicto, habían quedado varios camiones atravesados en distintas calles de la ciudad, afectando con ello el tránsito. Lo que realmente ocurrió es que unos cuatrocientos elementos, en cuarenta vehículos aproximadamente, estuvieron recorriendo la ciudad disparando en dirección de los campamentos de la APPO. A estos grupos motorizados se les conoció como “el convoy de la muerte”

Uno de los blancos de estos grupos fue la radiodifusora “La Ley de los Pueblos de Oaxaca”. Por lo menos tres veces pasaron disparando frente a ella. Aparentemente su intención no era matar sino “solamente” sembrar el terror; por desgracia, una persona fue alcanzada por una bala y falleció.

En reacción ultra rápida, la APPO, a través de “La Ley de los Pueblos de Oaxaca” orientó a la ciudadanía para que se colocaran barricadas con el fin de detener la circulación del “convoy de la muerte”. La acción tuvo buenos resultados; de hecho, varios camiones de volteo que transportaban porros contratados por el gobierno quedaron atrapados entre los parapetos.

Entre otras acciones del gobierno estatal se encuentra la aparición de una página en internet: www.oaxacaenpaz.org.mx en la que se exhibe a los líderes “barbajanes” y se invita a los ciudadanos para llevar comida envenenada a los campamentos de los maestros. Además se hace uso del padrón electoral para dar, entre otros datos, las direcciones de los líderes.

En los últimos tres meses se ha alterado por completo la vida cotidiana de los oaxaqueños, se han dado bloqueos carreteros, toma de instituciones públicas, marcaje personal al gobernador, pintas por toda la ciudad, barricadas en las que se empiezan a dar actos de provocación y violencia. Así mismo, la dinámica económica se ha venido abajo. La iglesia, los empresarios, los presidentes municipales y diversos sectores de la sociedad se pronuncian por la urgente y pacífica solución del conflicto. Solamente los diputados locales solicitan la intervención de la fuerza pública para que las cosas se arreglen. “No se busca la represión sino el restablecimiento del orden”, argumentan.

En medio de la ingobernabilidad, las instituciones no trabajan, o lo hacen de una manera muy irregular. El Congreso local sesiona en casas particulares, prácticamente a escondidas. Han dejado salir de las cárceles a presos para que delincan. Frente a robos y denuncias la policía no responde, no hay vigilancia en la ciudad. Distintos grupos de vecinos se organizan para darse la seguridad que el gobierno de Ulises Ruiz no les da. A las diez de la noche la ciudad se vuelve intransitable por la cantidad de barricadas (1500 reportó recientemente el periódico La Jornada)

La situación en Oaxaca se trata de enturbiar para provocar una salida violenta que proporcione castigo ejemplar a los que se portan mal: los maestros y amplios sectores de la sociedad. Por eso, entre otras acciones, está la aparición de supuestos grupos 5 guerrilleros; a estos hechos la PGR los calificó como propaganda (uniformes nuevos y recién planchados, tenis en una zona en la que sería muy difícil caminar con ellos y vehículos de lujo propios de altos funcionarios y no guerrilleros)

¿Entonces qué?

Estamos frente a una resistencia popular organizada. Distintos grupos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han afirmado que no se trata de un movimiento magisterial sino de un movimiento social.

El conflicto nos ha permitido estar en contacto con personas y grupos con los que jamás nos hubiéramos imaginado tener un diálogo; hemos estado sentados en múltiples mesas en las que estamos conociendo a personas, grupos, trabajos e iniciativas sociales que jamás nos hubiéramos imaginado conocer. Ahí estamos la gente común con los luchadores sociales, con los empresarios, con la iglesia pensante y comprometida, los maestros, las organizaciones sociales, los líderes indígenas, los sacerdotes, los que trabajan en el gobierno por necesidad pero no creen en él. Somos muchos. Todos pensando en la solución y viendo que no está fácil. Muchos, la mayoría, planteando la salida de Ulises, otros no, pero reconociendo que en el mercado neoliberal de la política mexicana, Ulises Ruiz Ortiz se está cotizando muy caro. El costo de su salida para el “gobierno” federal (así, entre comillas) es muy elevado.

Nerviosismo, hartazgo, miedo, cansancio, depresión desesperación e ira. No hay una sola palabra para describir el estado de ánimo que prevalece.

La política tradicional de “no hacer nada” (las cosas por sí mismas se resuelven) está en la estrategia de la Secretaría de Gobernación. ¿Quién es el interlocutor si Gobernación es parte de un gobierno que ya bajó la cortina?

El PRIAN y la CONAGO advierten que si a Ulises le toca hoy, mañana será a Calderón.

El gobierno federal ha abandona irresponsablemente sus funciones y solamente piensa en los intereses políticos y de partido; no piensa en los ciudadanos mexicanos, en los oaxaqueños. Si Ulises se va antes del primero de diciembre se nombra a un interino cuya tarea principal será convocar a nuevas elecciones: ¿Quién se prevé que las va a ganar? Si se va después del primero de diciembre ¿a quien van a poner? ¿ a alguien igual o peor? La caballada está compuesta por equinos verdaderamente salvajes.

En estos últimos días, el Congreso del estado aprobó un decreto para solicitar a los poderes de la Unión y al presidente de la República, Vicente Fox Quesada, enviar fuerzas federales para protección del estado. Se pide al mandatario "acatar su deber constitucional y auxiliar al estado de Oaxaca mediante la presencia de las fuerzas federales a fin de restablecer la paz social, el orden público, evitar actos vandálicos y dar protección a los ciudadanos en general", señala el dictamen.

Por su parte, la comunidad oaxaqueña residente en Los Ángeles, California, marchó de la iglesia católica Santo Tomás al Consulado General de México, para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, y expresaron su apoyo total al movimiento social que encabeza la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE). Religiosos, artistas, danzantes, bandas de viento con tambora, deportistas y líderes sociales, aglutinados en el llamado Frente Amplio en Solidaridad con Oaxaca, protestaron 6 también por la pasividad del gobierno del presidente Vicente Fox ante el problema que aqueja a los oaxaqueños.

Tratando de concluir

¿Había otra manera de empezar la lucha en contra del autoritarismo, la prepotencia, la corrupción y el enriquecimiento ilícito, los gastos suntuarios, el desprecio por los pobres, el reparto absolutamente inequitativo de la riqueza? Muchos dicen que no, otros creen que las vías legales pudieron ser la opción.

Por vía de mientras, el gobernador no ha podido asistir a actos públicos o a inaugurar obras, pues las poblaciones se lo han impedido; no quieren estar en contacto con él, ni quieren verlo.

Lo hasta aquí dicho, es apenas un atisbo de todo lo que ocurre, que vivido de cerca y todos los días resulta sumamente complejo y agobiante.

El futuro inmediato

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