. Los negros en Colombia dejaron de ser esclavos hace 154 años, pero al igual que los de muchos paÃses de América Latina, tienen todavÃa la sensación de una falta de libertad y respeto.
"Hay mucha gente sorprendida de las cosas que todavÃa nos pasan", dijo Carlos Alfonso Rosero, activista colombiano de los derechos de las comunidades negras que acaba de hablar sobre el tema en Washington. "Nuestra realidad es diferente de la versión oficial".
Rosero, dirigente del Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN), ha sostenido contactos en la capital estadounidense para informales de las "amenazas modernas" que afectan a millones de colombianos de ascendencia africana.
"Queremos generar condiciones de respeto a nuestros derechos", dijo en una entrevista con The Associated Press el pasado fin de semana. "Y estamos recibiendo voces de aliento y comprensión del mundo".
Esta vez, como lo ha hecho periódicamente desde 1998 en que las comunidades negras empezaron a hablar internacionalmente de sus penurias, Rosero tuvo como interlocutores a legisladores afro-estadounidenses y afro-hispanos, asà como dirigentes de organizaciones no gubernamentales.
WOLA (Oficina de Washington para América Latina), uno de esos grupos y que ha estado ayudando a Rosero en las gestiones, ha pedido al Departamento de Estado observar más meticulosamente la situación de esas comunidades, donde "se están produciendo violaciones de derechos humanos con asesinatos, hostigamientos y desplazamientos".
La incertidumbre en la vida de los negros en Colombia pareció llegar a su fin en 1993 con una ley que les reconoció derechos especiales particularmente sobre territorios.
Pero casi inmediatamente empezaron sus problemas con la guerrilla y los paramilitares. Luego vino el narcotráfico y su secuela de la lucha internacional para combatirlo. Y ahora, una embestida del gobierno, dijo Rosero.
"En nuestros territorios, los paramilitares siguen teniendo una presencia militar significativa, a pesar de que están desmovilizados", declaró.
El gobierno del presidente Ãlvaro Uribe aprobó el año pasado la ley forestal y debate actualmente la aprobación de "un sinnúmero de artÃculos" de la ley de desarrollo rural para, según Rosero, "facilitar la expropiación de tierras de comunidades negras e indÃgenas".
"El gobierno está preparando la entrada en vigencia del tratado de libre comercio (con Estados Unidos) con leyes que buscan dar seguridad a los inversionistas", dijo.
La constitución vigente colombiana de 1991 tuvo un artÃculo transitorio que por primera vez desde su manumisión en 1852 les reconoció derechos territoriales a los negros, históricamente agrupados en pequeñas poblaciones llamadas "palenques".
La Ley 70 aprobada en 1993 y considerada entonces como la más avanzada para un grupo étnico en las Américas, convirtió en permanentes ese mandato y estableció derechos al territorio y sus recursos; al desarrollo de las aspiraciones propias; a la identidad y a la participación.
Rosero, quien intervino en la redacción de esa ley, dijo que como consecuencia más de 6 millones de hectáreas de tierras fueron tituladas a nombre de las comunidades negras, especialmente en la zona del PacÃfico.
"El proyecto de ley rural habla de que una tierra puede ser expropiada por razones ecológicas", afirmó. "Eso deja abierta la posibilidad de que las tierras de las comunidades negras sembradas de coca o afectadas por la minerÃa, por ejemplo, puedan ser expropiadas por el estado".
"Eso nos parece un sinsentido porque la presencia de la coca en nuestros territorios tiene que ver con lo inadecuada que ha sido la aplicación del Plan Colombia en nuestro paÃs, y porque nosotros no usamos productos quÃmicos en la minerÃa".
Aun cuando la población negra que vive en los palenques estarÃa apenas llegando al millón de personas, Rosero calcula que hay más de 10 millones de negros en Colombia --un cuarto del total de habitantes de la nación-- que viven en el PacÃfico, el Caribe, los valles del Cauca y Magdalena y grandes ciudades como Bogotá, Cali, MedellÃn, Barranquilla y Cartagena.
Los negros viven en sus comunidades mayormente de la minerÃa y agricultura, pero Rosero dijo que no se oponen a la llegada de foráneos para incursionar en esas actividades si no van a usar mercurio en los lavaderos de oro o dedicarse al monocultivo de la palma de aceite porque amenazan la biodiversidad y las fuentes acuÃferas.
"Las comunidades negras siempre han tenido problemas con las guerrillas, los paramilitares y el ejército", comentó. "Ahora nos quieren llevar proyectos de desarrollo en los cuales no hay participación de los negros y tampoco nos consultan".
