Aún se desconocen los nombres de los asesinados, así como sus victimarios. Sin embargo, según primeras versiones de la comunidad, las Farc serían los autores del nuevo hecho. Para los Awá que aún permanecen en la zona la situación se ha vuelto mucho más compleja pues, en su huida corren el riesgo de morir por las minas antipersonales o en manos de grupos armados.
"Lo único que tenemos a mano para defendernos es nuestra fuerza de autoridad, nuestra palabra", afirmó Luis Evelys Andrade, presidente de la Organización Indígena Colombiana - ONIC, mientras enfatizó que, a pesar de los acontecimientos, el miedo no será obstáculo para seguir defendiendo sus derechos a la autodeterminación.
Con el apoyo de los indígenas del Cauca, quienes estarían desplazando entre 20 y 50 chivas con apoyo indígena, y la movilización de cerca de mil indígenas Awá, se conformaría una Guardia Indígena en los próximos días. "Solicitamos ayuda de distintos organizamos para apoyar este proceso, sólo falta la logística, pues nos preocupa las minas antipersonales sembradas en el territorio", agregó.
Andrade también expresó su preocupación sobre la actuación del ejército puesto que los indígenas ya han denunciado en varias ocasiones que este grupo presiona a la población, ocupa sus casas y no aplica el Derecho Internacional Humanitario. "La política de seguridad democrática no debería poner en mayor riesgo la vulnerabilidad al pueblo Awá, ni de ningún miembro de la sociedad civil", puntualizó. A ello se agrega el terror sembrado, no solo por las Farc y el ejército, sino también la policía y los paramilitares.
La ONIC informó que durante 2009 han sido asesinados 44 indígenas Awá. Lamentó que los hechos se den incluso a pesar del informe Defensorial, Alertas Tempranas y la Resolución Defensorial, instrumentos emitidos por la Defensoría del Pueblo, la UNIPA y la ONIC.
Para realizar la verificación de los hechos, rescatar las personas desaparecidas, en especial, a los niños y comunidades que se encuentran confinadas en la zona, la ONIC convocó a una Minga Humanitaria integrada por organizaciones de Derechos Humanos, medios de comunicación, Guardia Indígena, entre otros. Por ahora, Acción Social ha organizado dos comisiones para bridar ayuda humanitaria a la población desplazada.
La ONIC hizo un llamamiento al Gobierno para que no le mienta a la comunidad nacional e internacional negando los actos de guerra que viene efectuando en los territorios del pueblo Awá; que despliegue sus recursos para atender la crisis humanitaria del pueblo Awá; y que brinde todas las garantías para la realización de la minga humanitaria al pueblo Awá.
La organización indígena también exigió a las Farc les entreguen a los responsables materiales e intelectuales de estas masacres para que sean juzgados por justicia propia indígena; que reconozcan la autoría de los hechos; que regrese sanos y salvos a los niños que se llevaron del resguardo Tortugaña Telembi; que dejen de sembrar minas antipersona el territorio del pueblo Awá y desactiven inmediatamente las existentes; y, sobre todo, que respeten la autonomía y gobierno propio de sus autoridades.
Así mismo, solicitaron a la Comisión Interamericana que se pronuncie sobre estos hechos y adopte las mediadas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y territorial del pueblo Awá.
Solidaridad con el pueblo Awá
La iglesia, organismos de derechos humanos y organizaciones y movimientos indígenas se han solidarizado con el pueblo Awá.
La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN manifestó "el dolor profundo y la ira por la masacre perpetrada contra los hermanos Awá y rechazamos toda la agresión contra los pueblos indígenas".
La Directiva Nacional, Autoridades, Voceros y Miembros del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia - AICO, también expresó el rechazo a todo acto de violencia contra el pueblo Awa.
La línea indígena del Partido de la U también mostró su solidaridad con los Awá. No obstante, mientras los indígenas afectados han reprobado la Política Seguridad Democrática y atribuyen a ella su actual problemática, el partido señaló la necesidad de continuar con el programa, pues "resulta un tanto contradictorio exigir la salida de la Fuerzas Armadas de los territorios indígenas y a la vez reclamar la protección del Estado".
Sobre la política de seguridad democrática, la concejala indígena Ati Quigua manifestó que es urgente que el Gobierno Nacional la revise e "incorpore un capítulo de prevención de masacres a los pueblos indígenas que se encuentran ubicados en territorios en conflicto o estratégicos para el narcotráfico". Invitó también a la sociedad a reflexionar y unirse en un acto de solidaridad con los pueblos indígenas en la capital del país y respaldar las decisiones que ellos tomen.
