Según información del CRIC, más de dos mil personas del pueblo Eperara Siapidara, en los municipios de Timbiquí y Gaupi en la costa Pacífica Caucana se encuentra en situación de desplazamiento empujados por el narcotráfico y los grupos armados y sin la debida atención gubernamental.
De otra parte, en Tierradentro, comunidades campesinas, afros e indígenas, que esperan acciones humanitarias ante la actividad del volcán nevado del Huila, han denunciado la militarización del territorio ancestral del pueblo Nasa.
El Gobierno inició un proceso de reasentamiento de los habitantes de la zona, quienes deben entregar sus parcelas, sin embargo, el CRIC señala que el Estado "aún no ha creado las condiciones jurídicas y presupuestales para hacerlo".
Las autoridades indígenas denuncian que enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla dejan comunidades sitiadas como en el caso de Corinto, Toribío, Caloto y Jambaló, donde además, líderes sociales y autoridades tradicionales de los cabildos indígenas son víctimas de amenazas de muerte a través de panfletos.
El CRIC también destacó en su comunicado acciones contra medios de comunicación indígenas, como en el caso de uno de los comunicadores de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, Gustavo Ulcué, a quien le fue hurtado su compuatdor su computador portátil y le dejaron un mensaje amenazante contra su vida.
Igualmente, la emisora Pa`yumat, importante medio de comunicación de la zona norte, quedó fuera del aire pues sus cables fueron robados ocasionando la quema del transmisor.
"El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC reclama una acción urgente de todos los organismos independientes o multilaterales de derechos humanos, con la cual sea posible exigir del gobierno nacional y de los actores armados detener su guerra contra la sociedad, en especial la que están realizando contra los pueblos indígenas, a los cuales están llevando a la desaparición forzada, situación identificada en el Auto No. 004 de 2009 emitido por la Corte Constitucional donde se le recuerda al Estado colombiano su obligación de prevenir las causas del desplazamiento forzado y le ordena que diseñe e implemente un programa de garantías de los derechos de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento", finaliza el comunicado.
