El funcionario señaló que no habrá un centímetro del territorio nacional donde las Fuerzas Militares y de Policía no puedan perseguir el delito y a los delincuentes.
Afirmó que "el manejo del orden público no puede ser negociable", y subrayó que este es una potestad constitucional indelegable que tiene el Presidente de la República. Indicó, además, que la Nación está frente a unas organizaciones criminales que perturban la vida ciudadana, no solo en las selvas sino en los centros urbanos y en las veredas, y el Estado tiene que reprimirlas.
Admitió que algunos elementos, desde las Fuerzas Militares o de Policía, han desbordado sus acciones, pero han sido sometidos a investigación y castigo, con toda severidad.
El Ministro resaltó la importancia de la reiteración de las comunidades indígenas de que no son actores ni están de acuerdo con las acciones armadas.
De otro lado, Valencia Cossio manifestó que ante las Farc, el país y los organismos internacionales tienen que expresar la más severa condena e iniciar una cruzada para exigir que en ninguna parte del territorio colombiano se violen los derechos humanos, sean quienes sean los violadores.
"La barbarie que se ha cometido contra el pueblo Awá tiene que convocar la solidaridad humana y el repudio de la comunidad internacional", dijo el Ministro, quien encabezó en Pasto una sesión de la Comisión de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas.
Embarazadas entre las víctimas Awá
El Gobierno informó que versiones de algunos indígenas señalan que entre las víctimas están dos mujeres embarazadas, quienes acompañaban a sus maridos cuando fueron secuestrados, torturados y asesinados por este grupo.
El Ministro indicó que el Gobierno puso en marcha varios operativos para ubicar los cadáveres y atender a los familiares de las víctimas.
