"No parecen existir a la fecha elementos suficientes para llegar a una conclusión definitiva", manifestó la comisión de investigación técnico- jurídica de la misión, señalando que las versiones sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos resultan contradictorias y no conducen a un alto grado de certeza al pleno esclarecimiento de la situación.
No obstante, como resultado del trabajo de investigación adelantado con la comunidad, durante el 28, 29 de febrero y 1 de marzo en el corregimiento de Atánquez, se pusieron en evidencia las deficiencias en el sistema de seguridad del pueblo kankuamo.
Una de los principales reclamos de la comunidad es la ausencia de un plan de salvaguarda en la zona durante las festividades decembrinas, pese a que, con anterioridad, las autoridades tradicionales indígenas habían solicitado a la Policía Nacional tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad.
Muchas otras preguntas surgen a partir de los acontecimientos: ¿Por qué se celebraron, a puerta cerrada, encuentros y reuniones propuestas por las autoridades civiles y militares que hacen presencia en la zona con algunas de las víctimas de la explosión, sin contar con la participación de las autoridades tradicionales indígenas? ¿Por qué, si en la estación de policía deben hacer presencia 36 miembros, el día de la tragedia sólo había 18? ¿Por qué el 31 de diciembre el puesto de salud de urgencia se encontraba sin médico de turno?
Frente estas inquietudes, las autoridades kankuamas exigen esclarecimiento. Además, resulta cuestionable que las autoridades oficiales se pronunciaran desde el día siguiente al estallido, sin realizar mayores investigaciones sobre la naturaleza de los hechos.
Frente a las afirmaciones de la autoridades sobre un posible "pacto de silencio" de la comunidad kankuama para no colaborar con las investigaciones, el Cabildo Gobernador Jaime Enrique Arias aclaró que no existe tal, dado que son ellos mismos lo más interesados en conocer lo que verdaderamente ocurrió, y de hecho fueron los primeros en solicitar revisión del caso.
El pasado jueves el general Oscar Naranjo dio a conocer la identidad del hombre kankuamo que presuntamente habría activado el artefacto explosivo. Por su parte, las autoridades indígenas solicitarán contactarse con él y confirmar su vinculación al hecho.
El Cabildo Gobernador dijo no conocer mucho sobre Robert Rodríguez Montero, sindicado, pero manifestó que se rehúsa a creer que se simplifique la magnitud de los hechos a "un motivo individual vinculado a una relación sentimental", cómo lo expresó el general Naranjo y algunos medios de comunicación.
Igualmente, una necesidad evidenciada durante la misión de verificación adelantada fue la urgencia de contar con el acompañamiento médico y psicosocial para las víctimas directas e indirectas en los hechos del 31 de diciembre.
Las dificultades para trasladarse hasta Valledupar para recibir atención y control, así como la posibilidad de acceder de citas médicas sólo un mes después de solicitarlas son las principales preocupaciones.
Dada la presencia de diferentes organismos que prestan ayuda en el campo salud, la comisión sugiere articular todas esas acciones a través de la IPS Kankuama, de manera que se duplique esfuerzos y se tenga una organización más articulada.
