Se trata del conflicto entre la compañía minera norteamericana, Muriel Mining Corporation, cuya sede se encuentra en Medellín, y los resguardos indígenas de Careperro, Murindó, Turriquitadó, Coredó, Citaguarodó, Guaguas, Coredocito, Jiguamiandó en el Bajo Atrato Antioqueño, Municipios de Murindó y Mutatá.
Según un comunicado de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), la minera ha tenido presencia en los resguardos desde el mes de diciembre de 2008. La multinacional norteamericana viene adelantando trabajos de exploración y perforación con equipos, maquinaria y personal deforestando bosque natural para la construcción de un helipuerto e instalación de campamentos en el cerro de Cara de perro (Cerro Usa-Kirandama).
Los Embera Katío y comunidades afrodescendientes, son los más afectados. Estos dos pueblos adelantaron un trabajo de concienciación y presión desde diferentes organizaciones nacionales e internacionales. Esta queja provocó la retirada de la empresa minera a raíz de denuncias que señalaban la consulta previa como fraudulenta e ilegal y en muchos casos extorsiva hacia los damnificados.
Pasó un mes sin muchas noticias sobre el caso. Actualidad Étnica habló con Alberto Achito, de la Organización Regional Indígena Emberá - Waunáan, Orewa, y William Curupia de la OIA, para retomar el tema.
Los voceros étnicos señalaron que la resistencia sigue con el apoyo de las comunidades afectadas y que están exigiendo la salida de la compañía minera de sus resguardos. Ya hubo varias reuniones internas para discutir el tema y la idea es quedarse en "reunión permanente." Según nuestra fuente de la OIA, la región se encuentra militarizada, pero de todas maneras los afectados no han cesado de protestar.
Curupia afirma que, al contrario del Ministerio del Interior que se apresuró a rechazar una tutela por parte de los indígenas certificando que, "sí hubo consulta previa con las comunidades", esta supuesta consulta no es viable. Añade que faltan acuerdos en cuanto a lo ambiental, la visibilización del proyecto minero dentro de la comunidad y la parte de capacitación.
La empresa minera, el Gobierno y los simpatizantes del proyecto, critican a la OIA por meter la mano en un asunto de otro departamento. Ante los comentarios, el representante de la organización antioqueña manifiesta que "la zona ente Chocó y Antioquia es un lugar tanto estratégico como sagrado, y para nosotros no hay fronteras". Igualmente, rechaza que se señale a la OIA como promotores del paro cívico de la semana pasada en el Chocó.
Para suscitar el antagonismo, la empresa ha sacado publicidad asegurando que hay conflicto dentro de la comunidad. Curupia no niega que posiblemente algunas personas firmaron documentos, sin embargo, agrega que las acciones de la compañía han sido engañosas y que faltan muchos requisitos para poder trabajar y operar dentro de sus territorios.
Ampliando los pasos a seguir, William Curupia insta a la corporación a que permita a los indígenas organizarse. El 10 y el 11 de marzo tienen programado una asamblea de de líderes y autoridades indígenas de Antioquia y Chocó para resolver el problema internamente, y donde se pretende debatir el asunto y aclarar los hechos que faltan por explicación.
A consecuencia de dicha asamblea, van a convocar un encuentro en Murindó donde se espera contar con la presencia de "cooperantes, organizaciones de derechos humanos y, obviamente, representantes de Muriel Mining Corporation" para sensibilizar con aras a resolver el asunto.
Actualidad Étncia intentó comunicarse con la corporación estadounidense para conocer su punto de vista, pero tras varios intentos de llamada, nadie contestó el teléfono.
