Luis Evelis Andrade, consejero mayor de la Onic, denunció que los ocho cuerpos encontrados presentaban signos de tortura y que dos de las mujeres masacradas que estaban embarazadas de siete y ocho meses les abrieron el vientre y les sacaron los fetos.
"El reporte es que las Farc torturaron a estas personas, les cortaron los dedos, les arrancaron las uñas y a las mujeres las abrieron del cuello al estómago y les sacaron los fetos, los buscamos por todos lados y no los encontramos", dijo a Actualidad Étnica el líder indígena en diálogo telefónico desde el Predio El Verde, corregimiento El Diviso, municipio de Barbacoas, departamento de Nariño.
Según el informe de la comisión, de los ocho cadáveres encontrados, cinco corresponden a la reciente masacre de febrero reconocida por las Farc y los otros tres, a la masacre del 3 de septiembre de 2008 cometida por el mismo grupo armado, pero que no reconoció públicamente. Igualmente, afirma la comisión que ningún cuerpo fue encontrado minado como denunció en Ejército días antes de la Minga cuando encontró algunos cuerpos.
Los primeros tres cuerpos encontrados en la Vereda Palicito corresponden, según investigaciones de las autoridades indígenas, a los miembros de la familia Taicús, Orlando, el padre y sus dos hijos, James y Hugo asesinados, en septiembre del año 2008.
Los otros cinco cuerpos encontrados en la quebrada El Hojal, comunidad El Bravo, dice la comisión, corresponden a "Robinsón Cuasaluzán, Blanca Patricia Guanga, una pareja de esposos, Omaira García Nastacuás compañera de Jaime Cuasaluzán, quien aún permanece desaparecido, Oscar Nastacuas y el cuerpo de un hombre del cual aún no se tienen datos de su identidad. Las mujeres estaban embarazadas con siete y ocho meses de gestación cada una".
Las Farc reconocieron a través de un comunicado emitido el 17 de febrero que ejecutaron a ocho indígenas Awás. El comunicado señala que el día 6 de Febrero en Rio Bravo, municipio de Barbacoas Nariño, la columna Antonio José de Sucre de las Farc que opera en el sur del país, detuvo a 8 personas acusadas de colaborar como informantes del ejército nacional.
"Ante la presión del operativo, su responsabilidad en la muerte de numerosos guerrilleros y su innegable participación activa que los implica en el conflicto, fueron ejecutados", precisó el grupo guerrillero.
Por su parte, Los cerca de 600 ‘mingueros' dieron por finalizada la búsqueda de los cadáveres tras más de ocho días de caminar por la espesa selva húmeda de Nariño.
Informe de la comisión de investigación minga humanitaria awá
Antecedentes contexto
El VII Congreso de los pueblos indígenas de Colombia, como escenario de encuentro y decisión de los miembros de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, en su reforma estructural y política mandató la consolidación del Consejo Nacional Indígena de Justicia, como órgano regulador y coordinador de estos temas. Allí se propuso que el desarrollo de su estructura estaría sujeto a aspectos propositivos de sus organizaciones filiales dependiendo los diversos casos que la justicia indígena tienda a tratar.
Es desde este punto de vista que la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas de Colombia reunidos extraordinariamente en el Resguardo el Gran Sabalo Municipio de Barbacoas Departamento de Nariño los días 20 al 22 del presente año.
Que ante la fuerza de la necesidad por los hechos acaecidos los días 2 y 4 de febrero del presente año en el territorio Awá diera como fundamento la creación de una comisión de investigación, de justicia indígena, en el marco del desarrollo del Consejo Nacional Indígena de Justicia, cuyo fundamento es dinamizado, promovido y coordinada por la "Minga Humanitaria por la Vida", propuesta por la ONIC, la UNIPA y demás organizaciones indígenas del país participantes en dicha Asamblea.
Es en este marco de acontecimientos, que la comisión creada por la Asamblea Nacional de Autoridades desarrollada en la Minga Humanitaria presenta bajo el fuero de la jurisdicción indígena como espectro de justicia propia, conservando la competencia del gobierno indígena y promoviendo la coordinación inter-jurisdiccional el presente informe que parte de una interpretación colectiva sujeta en la observación desarrollada en terreno y que tiene como fundamento dar fe de lo sucedido, conservando las debidas proporciones a cabalidad de una interpretación propia argumentada y sustentada en los presentes elementos:
1. Contexto.
2. Actores.
3. Hechos.
1. Contexto
Nariño, está ubicado al sur occidente del país, frontera con Ecuador, es una de las áreas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Conformado por 64 municipios, tiene una extensión de 30.265 Km2, está habitado por 1.541.956 personas y se destaca por su carácter pluriétnico y multicultural, con 67 resguardos indígenas, que representan el 10.6% de la población. De esta población, 770.048 son mujeres, que representan el 49.9%, y 771.908 hombres, es decir el 50.1%.
Este Departamento fue una región en calma hasta hace aproximadamente 10 años. Sin embargo, dada su posición geoestratégica de frontera terrestre y marítima, la situación cambió significativamente, convirtiéndolo en escenario de violencia y de disputa entre los grupos armados ilegales, (GAI) y de presencia de cultivos de uso ilícito.
En cuanto a minas antipersonal, y munición sin explotar, MAP/ MUSE, entre 1990 y Febrero de 2008 se registran 414 eventos, que dejan 271 víctimas, de ellas 169 en los dos últimos años, 5 de estas víctimas pertenecen al pueblo Awá y en el solo periodo del año 2008.
La población en situación de mayor nivel de vulnerabilidad es la de los pueblos indígenas junto con la situación de desplazamiento y víctimas de la violencia.
Dentro de este contexto cabe resaltar la crisis humanitaria por la cual atraviesa el pueblo Awá debido a diferentes factores que atraviesa la región como, confrontaciones entre grupos armados legales e ilegales, desplazamientos masivos, cultivos de uso ilícito, fumigaciones indiscriminadas, erradicaciones, crisis alimentaria y de salud, proyectos y megaproyectos que impactan la zona y asistiendo al asesinato en días recientes de varios indígenas Awá por parte de las FARC y de otros grupos armados, dando como resultado un desplazamiento masivo de varias comunidades, es una muestra del recrudecimiento del conflicto en esta zona en particular del país.
Debido al impacto del conflicto armado sobre el pueblo Awá, el 7 de agosto del 2007 se realizó una audiencia defensorial en Bogotá donde se expuso la situación que atravesaba dicho pueblo. Con base en este informe y hasta 1 año después, la Defensoría del Pueblo publica el informe defensorial donde insta al Gobierno Nacional a cumplir con una serie de recomendaciones sobre el cumplimiento de los derechos humanos del pueblo Awá.
En vista que esta Resolución Defensorial no se cumplió, la Corte Constitucional emitió el 26 de enero el Auto 004 que obliga al Gobierno Nacional a construir un Plan de Salvaguarda para proteger los pueblos en situación de amenaza y de extinción, entre ellos, el pueblo Awá.
2. Actores
La Comisión de Investigación, define como actores protagonistas en los presentes hechos, en primera instancia a las FARC, al ser éstos los autores intelectuales y materiales del genocidio (etnocidio) del Pueblo Awá. También por hacer de este territorio su zona de refugio irrespetando el Derecho Internacional humanitario (DIH) no solo por la presencia en las viviendas sino también al tratar de reclutar e incluir a las comunidades en una guerra absurda que se encuentra por fuera del imaginario individual y colectivo de este pueblo.
De igual forma, se condena a las FARC por las bombas y minas antipersonales puestas en la mayoría de los sitios de movilidad y de cultivo de las familias. También se condena la sevicia y las prácticas de tortura con la que vienen cometiendo las distintas masacres contra este pueblo
En segunda instancia, se condena al Estado Colombiano que actúa en el presente conflicto en dos dimensiones, en primer lugar, participa por acción, al tratar de involucrar a las comunidades del Resguardo Tortugañaa y Telembí, en el programa de recompensas sujeta a la Política de Seguridad Democrática. Este tipo de campaña en un contexto de permanente confrontación armada pone en tela de muerte a las personas que habitan este territorio.
La comisión define este acto como una violación al Derecho Internacional Humanitario. De igual forma, la participación por acción del Estado se da por la constante militarización del territorio, incluyendo la presencia de estos, en las viviendas, al igual que su permanente monitoreo militar en los sitios sagrados, los ríos, los caminos y la usurpación de los escasos animales y alimentos que quedan.
En segundo lugar, encontramos una responsabilidad del Estado que se da por omisión, y es la referida a su responsabilidad filosófica y real, pues es éste el encargado de proteger, y promover los Derechos Humanos, situación que se vuelve no solo en un imperante de contexto de conflicto sino en la necesidad de promover programas de intervención social para las comunidades que ante el permanente minado del territorio por parte de la Guerrilla, obliga a las comunidades a una permanente estado de confinamiento.
3. Hechos
La comisión de investigación el día 25 de marzo, en el cerro el Punde en el marco del desarrollo de búsqueda de la minga humanitaria logró encontrar, 3 cadáveres correspondiente a la identidad de las presentes personas: Orlando Taicús, con una edad aproximada 55 años, quien correspondiera ser el padre.
James Taicús, 22 años de edad. Hugo Taicús, 18 años edad. En el mismo escenario, una menor de la familia perdió una de las piernas al ser amputada por causas de un impacto de tiro de tiro de fúsil.
Como resultado de esta masacre quedan 3 viudas y 4 niños huérfanos, que fueron desplazados del territorio.
En desarrollo del recorrido se logró llegar a la quebrada el Ojal, perteneciente a la comunidad el Bravo, encontrando allí, a las 12: 45 PM, el cuerpo sin vida de Omaira Arias Nastacuás, quien fuera brutalmente asesinada contando al momento de los hechos con 3 mese de embarazos. Según los testimonios, este cuerpo padecía muestras de torturas practicadas por arma blanca.
En el mismo recorrido con una distancia aproximada de 1 kilómetro en la quebrada el Ojal, se logró ubicar el cuerpo sin vida de otro indígena que ante el estado de descomposición, no se pudo identificar, este cuerpo es parte de la misma masacre ocurrida el 4 de febrero.
En la misma avanzada en predios de la desembocadura de la quebrada el Ojal al rio Bravo se logró encontrar los cuerpos de Blanca Patricia Guanga Nastacuas con aproximadamente 18 años de edad, quien en el momento de los hechos contara con 7 meses de embarazo. Se evidenció que su vientre fue abierto con arma blanca, extrayéndole el bebe. No logrando encontrar el cuerpo del bebe.
Al lado se encontró el cadáver de Robinson Cuasalusan, quien padeciera las mismas formas de torturas. Dedos amputados y degollado su cuello.
La comisión concluye que hay otras 3 personas asesinadas pero no se encontraron sus cuerpos ya que fueron arrojados al río el Bravo.
En otro punto del Cerro el Volteadero se encontró el cadáver de Oscar Nastacuas, quien fuera asesinado el día 3 de febrero, por las FARC.
La comisión obtuvo información que en la misma masacre también fueron asesinados otras 3 personas de cuyos cuerpos no se tiene información de su paradero pero se infiere que fueron arrojados a la quebrada el Ojal que desemboca al río Bravo. Posiblemente sus identidades correspondan a James Cusalusán, Delio Arias y Estorgio Cusalusán.
La comisión denuncia la orden que dio la FARC a los pobladores de no tocar ni dar información sobre los cuerpos ni sobre lo sucedido so pena de muerte.
Para esta comisión es de claro conocimiento que los argumentos que las FARC, presenten como actos justificatorios, es una farsa, pues las comunidades indígenas de Tortugaña, no son colaboradores ni sapos del Ejercito, por el contrario son comunidades que se encuentra aterrorizadas por los constantes combates que se han venido desarrollando en esa parte del territorio indígena Awa.
Por último esta comisión concluye, que antes de ocurrir los hechos el Ejercito Nacional si estuvo, en las viviendas de las víctimas instando a los comuneros participar en su lucha contra la insurgencia.
Expuestas las anteriores consideraciones, queda claro que por un lado el territorio Awá de Tortugaña es un cementerio colectivo y que es la Minga Humanitaria la que logra destapar ese escenario de impunidad que se venía gestando en este territorio por causa del temor de sus pobladores.
Y por el otro, la minga humanitaria y la comisión logró hacer lo que algunos órganos del Estado no pudo hacer. Esta misión humanitaria pone en evidencia que muchos de los argumentos oficiales del Gobierno son falsos y lo que faltó una real voluntad política y moral para rescatar los cuerpos e intervenir socialmente en la problemática del Pueblo Awá.
