Diez años de financiamiento militar proveniente de Gran Bretaña se suspendió esta semana, en consecuencia de la divulgación del informe culminante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, tras su periplo por Colombia a finales del 2008.
La mesura fue anunciada el mes pasado por el ministro de exteriores David Miliband a la Cámara de los Comunes (parlamento británico) por la situación que dio a conocer en el informe acerca de los falsos positivos, cualificados como "ejecuciones extrajudiciales".
"A finales de noviembre de 2008, la Fiscalía General de la Nación había iniciado 112 investigaciones sobre presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en 2008. Adicionalmente, otros 473 casos, la mayoría ocurridos en 2006 y 2007, habían sido asignados durante 2008 a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación. Esta Unidad investiga actualmente cerca de 716 casos con más de 1.100 víctimas. Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no son hechos aislados, sino una práctica muy extendida cometida por un importante número de unidades militares a lo largo de todo el país. En 2008, de acuerdo con la información obtenida por la oficina en Colombia, en algunos departamentos, como Antioquia, se ha registrado un incremento de estos casos", asegura el informe.
"La ausencia de un control eficaz por los comandantes militares pudo favorecer la ocurrencia de estas graves violaciones de derechos humanos. Los incentivos económicos, días de descanso y reconocimientos otorgados sin control ni supervisión previa a quienes presentaron como resultados "muertos en combate" pudieron también alentar la repetición de esta preocupante práctica. Al mismo tiempo, la ausencia de un claro mensaje de condena al interior del Ejército pudo haber permitido la perpetuación de estas violaciones".
Tras la publicación de este documento, el Gobierno no tuvo otro remedio que reconocer que personal del Ejército había autorizado y realizado la práctica de los falsos positivos, razón por la cual despidieron veintisiete agentes de policía, inclusive tres generales y por tanto el motivo proporcionado por los ingleses con respecto a la detención de su apoyo económico.
Esta noticia viene a socavar la imagen difundida por Europe de Uribe en estos días, del Presidente extendiendo la mano a los príncipes de Asturias Felipe y Letizia, siendo premiado con el Cortes de Cádiz a la Libertad a favor de su "lucha constante contra el terrorismo".
En cambio, enterándose del informe de la ONU y de las conclusiones de la ONG británica Justice for Colombia al acabar su recorrido por el país, y por más que el vice ministro de Defensa Sergio Jaramillo haya señalado la sorpresa que se llevó cuando se dio cuenta del correctivo, el gobierno británico tomó la medida que involucrará la supresión de un proyecto que incluye la eliminación de minas antipersonales que venía funcionado desde el 2000, y otro de formación en Derechos Humanos. Se sumaban unas 190 mil libras esterlinas, es decir, unos 300 mil dólares anuales.
Si bien no se ha hecho referencia explícita a ellos, artículos acerca de pueblos y comunidades indígenas y grupos afro colombianos conforman una sección significativa del informe de la señora Pillay. Se espera que los párrafos siguientes hayan sido leídos y entendidos por los políticos ingleses.
"Los pueblos y comunidades indígenas y grupos afrocolombianos son particularmente vulnerables, principalmente debido a que ocupan territorios estratégicos para las partes del conflicto armado interno y para las redes de narcotráfico. Estos territorios también tienen valor estratégico para empresas colombianas y extranjeras. Se registraron violaciones a los derechos de estos pueblos y de miembros de sus comunidades, a la vida, a no ser desplazados forzadamente, a la consulta previa e informada sobre decisiones que las afectan y a la libertad de circulación y movimiento...
En noviembre de 2008 hubo varias movilizaciones de organizaciones indígenas para demandar sus derechos legítimos. Entre sus preocupaciones, compartidas por las comunidades afro colombianas, se hizo especial énfasis en los derechos colectivos y la propiedad de las tierras. Durante estos eventos, la oficina en Colombia observó que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional. La falta de control interno y la actuación de distintos cuerpos policiales sin un mando responsable unificado pudieron haber contribuido a que se presentaran estos graves hechos".
Cabe destacar que la enmienda al status quo se trata de recortes de los fondos prestados al Ejército y no un abandono completo del país. Las declaraciones de Jaramillo de un "golpe severo" de quien consideraba un "gran aliado" pierden su transcendencia cuando reafirmemos que Gran Bretaña seguirá trabajando con algunos miembros del ejército en operaciones anti drogas y que seguirá con el programa de desminado a través de la ONU. La cifras son así: un millón de libras esterlinas destinadas a proyectos civiles de derechos humanos, 900 mil a la ONU, y 250 mil con el propósito de combatir la impunidad de la cual gozan algunos colombianos.
