La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la ola de violencia que azota a los habitantes del departamento del Nariño, especialmente en las poblaciones de Tumaco y Samaniego y a la comunidad indígena Awa.
El sábado pasado, hacia la media noche, presuntos miembros de las Farc emboscaron a una patrulla del Ejército en cercanías al municipio de Samaniego. Siete soldados, pertenecientes al Batallón Boyacá adscrito a la Brigada 23 en Pasto, resultaron muertos ante el ataque con granadas y cilindros bomba. Cuatro más resultaron heridos.
A la misma hora, un petardo explotó muy cerca de la Alcaldía de Samaniego dejando a dos agentes levemente heridos.
Por otra parte, cinco jóvenes fueron asesinados y seis más quedaron heridos la semana pasada cuando cerca de 20 hombres armados irrumpieron en una fiesta en el puerto de Tumaco. Las autoridades sospechan que se debió a venganzas entre bandas al servicio del narcotráfico.
En otro lugar, cercano a Tumaco, seis personas también fueron asesinadas al parecer por disputas territoriales entre organizaciones al margen de la ley ("Los Rastrojos" y "Las Águilas Negras"). Las víctimas fueron bajadas a la fuerza de un bus intermunicipal por varios hombres armados que bloquearon la vía en cercanías a la vereda Guayacana (municipio de Tumaco).
Igualmente, la Defensoría del Pueblo ya se había pronunciado la semana pasada por la masacre ocurrida en Cajapí, zona rural del municipio de Tumaco, en donde fueron asesinadas siete personas y cinco más quedaron heridas de gravedad, al parecer cometida por el grupo delincuencial "Los Rastrojos".
Este hecho demuestra que el conflicto armado continua en un proceso de degradación en el departamento de Nariño, en donde hombres, mujeres, niños y niñas son víctimas de las acciones de los grupos armados ilegales sin distinción alguna.
Por este motivo, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez Ortiz, hace un llamado para que las autoridades competentes adopten medidas eficaces que permitan salvaguardar los derechos a la vida y a la integridad personal y brindarles la protección que reclaman las comunidades que se ven expuestas a las acciones violentas de los grupos armados ilegales.
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, ha reiterado en innumerables ocasiones el riesgo al que está expuesta la población civil en el departamento de Nariño
El Defensor del Pueblo, al lamentar estos hechos, solicita a la Fiscalía General de la Nación, adelantar las investigaciones que sean necesarias para identificar y castigar a los responsables de esta grave violación a los Derechos Humanos.
