La Secretaria General de esta organización no gubernamental, Irene Khan, no deja lugar a la duda en el prólogo del estudio cuando se refiere a la situación en América Latina: "el número de personas pertenecientes a comunidades indígenas privadas del derecho a asistencia médica, educación, agua limpia y vivienda adecuada ha aumento considerablemente en los últimos doce meses".
Sobre la situación en Colombia el documento se hace eco del escándalo de los "falsos positivos", el aumento de los asesinatos y las desapariciones forzadas en manos de paramilitares y grupos armados emergentes y la desprotección de los líderes indígenas y activistas de derechos humanos en nuestro país.
"El persistente conflicto armado siguió afectando a centenares de miles de personas. Las principales víctimas fueron la población civil, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, eran las que corrían mayor peligro", señala el informe.
Entre julio de 2007 y julio de 2008 más de 1.400 civiles murieron como consecuencia del conflicto y más de 180 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas, según el documento. Las cifras, en los dos casos, se sitúan por encima de los datos registrados para el año anterior.
El informe alude a las manifestaciones indígenas de octubre de 2008 en el departamento del Cauca dentro del marco de protestas a escala nacional a favor del derecho a sus tierras y en contra de los abusos contra los derechos humanos, denunciando una situación de enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad del Estado y los manifestantes que produjo "una oleada de homicidios y amenazas contra dirigentes de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, que en algunos casos habían participado de manera activa en campañas sobre el derecho a la tierra".
En este sentido, el documento hace énfasis en el asesinato de Edwin Legarda, esposo de la Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aída Quilcué, que resultó muerto "por disparos de tropas del ejército en circunstancias controvertidas".
El informe también denuncia la desaparición de Walberto Hoyos Rivas, dirigente de la comunidad afrodescendiente asentada en la cuenca del río Curvaradó, en el departamento del Chocó, en manos de un grupo paramilitar. El líder afro había tratado, señala el documento, "de que se protegiera el derecho de las comunidades afrodescendientes a la propiedad colectiva de tierras de la cuenca del río Curvaradó".
Poco antes de su muerte estaba previsto que prestara testimonio en el juicio contra dos paramilitares implicados en el homicidio de otro dirigente comunitario.
El informe de Amnistía denuncia también un aumento en las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado durante los últimos doce meses y recoge las declaraciones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su visita a Colombia el pasado mes de noviembre, cuando se refirió a esta situación como "sistemática y generalizada".
Los grupos guerrilleros, según el informe, habrían cometido menos secuestros que el año anterior, pero continúan sembrando el campo colombiano de minas antipersonales que afectan continuamente a la población civil. "El 27 de junio tres niños indígenas del resguardo de Las Planadas Telembí, en el municipio de Samaniego, departamento de Nariño, murieron al pisar unas minas colocadas por las guerrillas", señala.
Otra lacra que erosiona año a año la credibilidad y la confianza en las instituciones colombianas es la impunidad. Las masacres de San José de Apartadó, en el departamento de Antioquia, y Jamundí, en el Valle del Cauca, todavía no han encontrado responsabilidades en la cadena de mando de paramilitares y Ejército Nacional respectivamente, denuncia el documento.
El informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en febrero pasado recogía, en este sentido, "los problemas estructurales de la administración de justicia colombiana" para hacer frente a la impunidad.
Además, el informe de Amnistía tiene en cuenta también el deterioro de las condiciones de vida de sindicalistas y defensores de los derechos humanos en el país, con más muertes violentas que el año anterior en los dos casos.
Ante todo este maremágnum de datos negativos, las críticas del Gobierno de Álvaro Uribe al informe no se han hecho esperar.
Carlos Franco, director de Derechos Humanos de la vicepresidencia colombiana, hizo pública esta mañana una declaración en la que pedía a los organismos internacionales de derechos humanos una mayor objetividad. "El informe de AI desconoce muchos esfuerzos del Gobierno en esta materia", resaltó el funcionario.
Una reacción que vuelve a poner en entredicho la dificultad que tiene el actual Gobierno para enfrentar las críticas a su gestión después de las desafortunadas acusaciones que el Presidente colombiano manifestó el pasado año, cuando acusó a AI de "ceguera, fanatismo y dogmatismo" y al director de Human Rights Watch en América de ser "defensor y cómplice de las FARC".
