"Estamos protestando por los incumplimientos del Gobierno Nacional, porque firmamos un acta el pasado viernes para el pago de la ayuda humanitaria y el plazo se vencía ayer y nos incumplieron", explica Julián Arboleda, representante legal de Asourabá.
El acuerdo que se firmó consistía en que mientras se llega a una solución definitiva, el gobierno a través de Acción Social debía entregar ayudas a partir del 7 de julio.
Desplazados afrocolombianos acompañaron la protesta pacífica con tamboras, guacharacas y pitos, y mantuvieron la energía a pesar de la lluvia y el frío.
La manifestación se extendió durante toda la mañana y finalmente el delegado de derechos humanos de la Procuraduría dialogó con los líderes de los desplazados y medió en el conflicto entre ésta comunidad y Acción Social.
Finalmente la protesta se levantó a las cuatro de la tarde.
Criticas a la desatención Gubernamental
La Corte Constitucional convocó a una audiencia pública de rendición de cuentas, el próximo viernes 10 de julio.
A la audiencia fueron citados el director de la agencia Acción Social, Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, quien aunque ya fue nombrado embajador ante la OEA, la Corte considera que él funcionario se presente.
Igualmente, fueron llamados el Procurador, el Contralor, el Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur; y representantes de desplazados de siete departamentos.
Desplazados anuncian marchas en Bogotá
Las más de mil personas que permanecen en el parque tercer milenio de Bogotá a la espera de las soluciones por parte de Acción Social, anunciaron que marcharán el 13 de julio hacia la Plaza de Bolívar.
Igualmente, diversas organizaciones que agrupan a familias desplazadas por el conflicto armado han convocado una marcha el próximo viernes 17 de julio de 2009 para exigir al gobierno nacional tierra, vida y dignidad.
La concentración será en el Parque nacional de la ciudad capital a partir de las 11: 30 de la mañana desde donde se movilizarán hasta la Plaza de Bolívar donde leerán un manifiesto con las peticiones de la población víctima del desarraigo forzado.
El manifiesto de las organizaciones incluye demandas al estado como el desarrollo de una estrategia integral en prevención de derechos humanos y derecho internacional humanitario; exigencia de la solución política y negociada al conflicto social, político y armado que vive el país; derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición; reconocimiento de las cifras del desplazamiento forzado presentadas por organismos especializados en el tema; la implementación de mecanismos jurídicos ágiles y acordes con la nueva realidad nacional en materia de los despojos de tierras y territorios étnicos y pluriculturales, en la defensa de los derechos patrimoniales de los inmuebles y bienes de los desarraigados y el reclamo de garantías para el retorno de las familias desplazadas en condiciones de seguridad.
