Anaya, indígena estadounidense de la etnia Apache, escuchó los informes presentados por representantes de cerca de 20 comunidades indígenas del país, que coincidieron en señalar violaciones a los derechos territoriales y colectivos por el conflicto armado, los macroproyectos y la desatención estatal.
El Relator tiene como misión hacer seguimiento a las recomendaciones planteadas por su antecesor, el mexicano Rodolfo Stavenhagen, durante su visita a Colombia en el año 2004.
Por su parte, la Organización Nacional Indígena-Onic denunció que desde el año 2000 han sido asesinados cerca de 1.200 indígenas a manos de los diferentes actores armados: guerrilla, paramilitares y ejército. "Unos 60 de esos homicidios ocurrieron este año", aseveró el Concejero Mayor de la Onic, Luis Evelis Andrade.
El portavoz indígena, también denunció la grave situación de desplazamiento de las comunidades, pues según cifras de su organización el número de víctimas pasó de 28.000 en el año 2003 a 74.000 en lo corrido del año 2009. Señaló además la deficiente atención médica que se le brinda a los indígenas, y el estado de desnutrición que sufren el 75 por ciento de sus niños.
Durante la reunión se abordó el tema del Auto 004, emitido por la Corte Constitucional, el cual indica que 34 comunidades indígenas están "en riesgo de extinción por el conflicto armado", y 18 afrontan ese peligro por "falta de atención del Estado".
Luis Evelis, denunció, además, que el reclutamiento bajo amenaza de sus miembros y la criminalización de sus líderes por parte de las autoridadesuna, son una amenaza a la pervivencia de las comunidades indígenas.
Además, el vocero indígena declaró que los espacios de concertación con el Gobierno nacional no están funcionando, y afirmó que el Estado ha incumplido sus compromisos de titular y sanear resguardos indígenas.
Según Andrade, el 65 por ciento de los territorios indígenas está siendo concesionado sin consulta previa y se están entregando para el desarrollo de megaproyectos de explotación de recursos naturales.
En conclusión, para el Consejero Mayor de la Onic, desde el año 2004, cuando fue la última visita del Relator de Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, la situación de los pueblos colombianos ha empeorado.
Indígenas latinoamericanos viven una difícil situación de derechos humanos: James Anaya
En las primeras declaraciones del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades de los indígenas, James Anaya, se refirió a difícil situación de derechos humanos que viven los indígenas latinoamericanos en general, aunque reconoció algunos avances para la defensa de estas comunidades. Anaya fue recibido con un "ritual de armonización" dirigido por un taita indígena del Amazonas.
"Hay muchos desafíos, hay muchos sufrimientos, violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas, muertes" dijo Anaya. Sin embargo, resaltó que "se han logrado avances con el Gobierno en los acercamientos con los pueblos indígenas para promover iniciativas de protección".
En el marco de la visita del Relator, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Universidad del Rosario presentaron un libro sobre Consulta Previa, Libre e Informada.
En el acto de presentación el relator aseguró que en todos los países que ha visitado, el problema principal y el más frecuente es la falta de consulta previa adecuada. Señaló que aunque los gobiernos conocen y han ratificado la norma de la consulta previa, "lo que hace falta es la correcta aplicación", y expresó que la cartilla de Consulta Previa, Libre e Informada, es una buena guía para facilitar la ejecución adecuada de la norma.
El relator expuso la importancia de respetar esta norma específica para pueblos indígenas. "Estas tienen razones por las cuales fueron creadas, la diferencia cultural, la discriminación y marginación que han vivido, los aspectos que los hacen diferentes, nos obligan a que haya una atención especial hacia ellos".
Anaya resaltó que la norma de consulta previa genera deberes a los estados, aunque reconoció que no es una tarea fácil: "hay que crear mecanismos adecuados, hay que tener en cuenta las realidades culturales y particulares de cada comunidad indígena, se requieren recursos humanos, financieros apropiados y generosos".
Finalmente, El relator invitó al gobierno colombiano a avanzar en la aplicación de la consulta previa, al punto que la convierta en una práctica real, más allá de los compromisos adquiridos en los tratados internacionales.
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