Luis Evelis Andrade, secretario general de la Organización Nacional Indígenas de Colombia, calificó como sospechoso que la reciente masacre a los indígenas Awá, se haya concentrado específicamente contra la casa de Tulia García, la testigo ante la Fiscalía del asesinato de su esposo el pasado 23 de mayo, por parte del Ejército. Desde entonces, la mujer de 35 años había recibido varias amenazas de muerte por parte de desconocidos.
Aunque líderes y miembros de las comunidades indígenas no pueden asegurar que el Ejército es el autor de la segunda masacre que reciben los Awá en lo corrido de 2009, sí tienen claro que los antecedentes dan pie para imaginar que existe una relación entre la masacre y la intención de borrar cualquier denuncia en contra.
De acuerdo con Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, en caso de que se comprobara la participación del ejército en el hecho, tendrían que procesarse a los agentes estatales para que cumplan con su responsabilidad. "Las víctimas tienen derecho a la reparación", afirmó.
A esta voz se suma Sandra Paola Naranjo, asesora legal de Actualidad Étnica. Esta profesional señala que, en caso tal, el Estado estaría involucrado en una violación al derecho internacional humanitario por asesinar población civil. También podría calificarse como genocidio. Se podría demostrar que se incurrió en una acción para exterminar a la comunidad Awá.
"De ser así, se procederían las correspondientes demandas de reparación para que el Estado reconozca la responsabilidad y se indemnice a la comunidad. Y en caso de haberse agotado los recursos legales internos sin conseguir respuesta, se puede acudir a la Comisión Interaméricana de Derechos Humanos para exigir que se establezca la responsabilidad en cabeza del Estado", apuntó la profesional.
