El gobierno colombiano debe iniciar una investigación oportuna, independiente y exhaustiva del asesinato de 12 miembros del pueblo indígena Awá y adoptar medidas inmediatas para proteger a la comunidad, señaló Human Rights Watch.
Un grupo de hombres vestidos con prendas militares, luego de violentar una vivienda durante la mañana del 26 de agosto de 2009, dispararon y asesinaron a 11 personas, entre ellas cuatro niños y tres adolescentes, e hirieron a otras tres. Los asesinatos se produjeron en El Rosario, Tumaco, en el departamento fronterizo de Nariño, al sur del país. La masacre tuvo lugar poco después del asesinato de Gonzalo Rodríguez, también miembro de la comunidad, ocurrido el 23 de agosto. Tulia García, esposa de Rodríguez y quien había presenciado su detención, se encuentra entre las víctimas fatales del 26 de agosto.
"Los primeros informes indican que los responsables de esta masacre podrían ser miembros del Ejército, quienes habrían actuado con el propósito de eliminar e intimidar a testigos de atrocidades", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "El gobierno debe asegurarse de que se realice una investigación efectiva de este aberrante crimen".
Fuentes oficiales que se comunicaron con Human Rights Watch informaron que Rodríguez había sido asesinado por miembros del Batallón de Contraguerrillas N.° 23 del Ejército, quienes luego relataron a la Fiscalía que la víctima supuestamente era miembro de las FARC y que habría sido asesinado mientras intentaba escapar. Según informes de los medios, García vio como su esposo era detenido por un grupo de hombres armados el 23 de agosto y posteriormente encontró su cuerpo a un costado de la carretera, con múltiples heridas de bala en la cabeza. García acusó al Ejército de la ejecución extrajudicial de su esposo. Se sabe que en la región operan nuevos grupos armados vinculados con los paramilitares que podrían haber colaborado en los asesinatos.
Según fuentes confiables, los asesinatos del 26 de agosto se produjeron en la vivienda de García. Los hombres armados asesinaron a sus dos hijos, una niña de 6 años y un niño de 5. También asesinaron a otra mujer, un bebé de 6 meses, un niño de 12 años, dos jóvenes de 17 y 18 años, y dos hombres. Entre los tres heridos se encuentran el hijo del gobernador de la comunidad indígena Gran Rosario Awá y un niño de 11 años.
Existe una fuerte presencia de diversos grupos armados y fuerzas militares colombianas en Nariño, lo cual ha contribuido a una de las más graves situaciones humanitarias y de derechos humanos de Colombia. Los hechos de violencia en este departamento han afectado mayormente a civiles de los sectores más vulnerables de la sociedad, como los grupos afrocolombianos e indígenas. El gobierno continúa sin ofrecer una respuesta adecuada a las denuncias de abusos en la zona, señaló Human Rights Watch.
Según la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), 38 miembros del pueblo Awá han sido asesinados en lo que va del año. En febrero, al menos 11 Awá fueron asesinados durante una masacre perpetrada por las guerrillas de izquierda de las FARC. Human Rights Watch se ha reunido con líderes Awá en Nariño en varias oportunidades. La última vez fue en julio. Además de los asesinatos, los líderes Awá denunciaron una gran variedad de abusos, como amenazas de muerte, uso de minas antipersonales en su territorio, reclutamiento de menores para combatir en grupos armados y desplazamientos forzados masivos por diversos actores armados, incluidas las FARC y nuevos grupos armados que los residentes identifican como paramilitares.
Pese a que se ha exhortado al gobierno nacional en repetidas oportunidades a que mejore la protección de los civiles en Nariño, Human Rights Watch ha continuado recibiendo denuncias de que el Estado no actúa de manera inmediata para prevenir los abusos, aun ante los graves informes de riesgos emitidos por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Human Rights Watch también ha recibido numerosas denuncias sobre deficiencias en las investigaciones y la insuficiencia de la ayuda humanitaria ofrecida por el Estado luego de producidos los abusos o desplazamientos.
"En Nariño, al igual que en muchas partes de Colombia, el conflicto continúa y los abusos son constantes, pero a menudo la población civil se siente ignorada por el Estado", señaló Vivanco. "En vez de actuar como si el conflicto no existiera, el gobierno nacional debe tomar medidas mucho más enérgicas para proteger a los civiles, asegurar que los abusos sean investigados y juzgados y brindar asistencia a las víctimas".
