Estas comunidades son parte del municipio de El Charco, en el departamento de Nariño, y a finales de agosto iniciaron su cuarto desplazamiento masivo en lo que va de 2009, síntoma de los altos niveles de tensión que se viven desde hace unos años en esta zona, donde en 2007 más de 7 mil personas protagonizaron el segundo mayor desplazamiento en Colombia en toda esta década.
Una misión de ACNUR que visitó El Charco la semana anterior constató las difíciles condiciones en que se encuentran más de 700 personas desplazadas, a pesar de estar recibiendo ayudas de emergencia, fundamentalmente alimentos, por parte del Gobierno colombiano. En el caserío de El Castigo, a una hora en lancha de la población de El Charco y donde se concentra la mayoría de las personas desplazadas, buena parte de ellas dormían sobre tablas de madera cuyo propósito inicial era servir para mesas del comedor de la escuela de esta comunidad.
Sin embargo, la principal preocupación se asocia con la frecuencia de los desplazamientos, que genera alta tensión entre los pobladores. Sólo este año ya se habían registrado desplazamientos masivos en marzo, abril y junio. El último de ellos había concluido escasamente un mes antes de producirse esta nueva movilización de población.
"Hacía solamente un mes que había terminado el otro desplazamiento (el anterior). Cuando regresé a mi casa era un jueves, 20 de agosto. El sábado, apenas a los 3 días, hubo otra balacera y nos tocó correr otra vez" cuenta Julia*, una mujer de un poco más de 30 años desplazada en El Castigo.
Las comunidades más afectadas por los últimos desplazamientos son las de la zona de Pulvuza, donde frecuentemente se producen escaramuzas entre las fuerzas militares colombianas y un grupo armado irregular. Aunque muchas veces la intensidad de los combates sea baja, el estado de tensión que generan es insoportable para los civiles. Los mismos desplazamientos que se realizan buscando protección también generan tensión.
Jairo, un joven integrante de los consejos comunitarios (autoridades en las comunidades afrocolombianas), tiene menos de 25 años y una hija de sólo 3. "Estoy demasiado frustrado", dice, con lágrimas que se reflejan en su rostro. "Todo el tiempo hemos buscado ayudar a que las cosas se hagan, a que la gente esté mejor, pero esto es demasiado. Están haciendo mi vida pedacitos. Yo sembraba plátano, sembraba frutos de la zona, pero ya no siembro nada. ¿Para qué sembrar si no voy a poder recoger?"
Para ACNUR, el reto está en apoyar a las autoridades locales y nacionales a mejorar tanto la prevención del desplazamiento como la atención a las víctimas en este contexto de zozobra.
La agencia de la ONU para los refugiados apoyó la elaboración de un plan de contingencia para atender desplazamientos masivos, ha acompañado el fortalecimiento técnico de los consejos comunitarios y está estudiando en cuáles de las muchas necesidades de la zona puede invertir fondos a través de proyectos rápidos de protección, destinados a producir impactos inmediatos sobre necesidades puntuales.
Actualmente viven en El Charco cerca de 100 familias que no retornaron tras el gran desplazamiento de 2007, la mitad de ellas en dos albergues que no reúnen condiciones de habitabilidad.
Un equipo de ACNUR, junto con la oficina de identificación del Estado colombiano (Registraduría Nacional), participó precisamente la semana pasada en una campaña para entregar documentos de identidad a las personas desplazadas, que los requieren para acceder a programas de ayuda del Gobierno, y a las comunidades en riesgo de desplazamiento.
"Sin embargo, estamos concientes de que se necesita más", dice Roberto Mignone, representante encargado de ACNUR en Colombia. "Necesitamos estrategias más amplias de prevención y protección, estrategias que ayuden a que las comunidades se sientan acompañadas. Vamos a seguir trabajando, a pesar de las dificultades, para lograrlo".
*Los nombres han sido cambiados por motivos de protección
