La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó al Gobierno a "proporcionar protección inmediata, efectiva y sostenible a las víctimas y testigos de la masacre, así como a los líderes del pueblo Awá. Es importante que las medidas de protección a tomar sean concertadas con las autoridades indígenas".
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha prestado especial atención a la situación del pueblo Awá y en particular a la masacre de 12 personas cometida el 26 de agosto de 2009 en el resguardo Gran Rosario (Tumaco, Nariño). El Representante de la Oficina, Christian Salazar, se trasladó inmediatamente a la zona y viajó al lugar de los hechos.
Durante semana y media un equipo de la Oficina desarrolló tareas en la región y acompañó a las víctimas, al pueblo Awá y al equipo de investigación liderado por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación e integrado por fiscales e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de la Policía Nacional. La actuación de los funcionarios oficiales se caracterizó por un genuino sentido de urgencia, demostrando interés, competencia y empatía con los familiares de las víctimas, los testigos y la comunidad.
Entre las 12 víctimas fatales de la masacre hay 2 niñas y 5 niños, entre ellos un bebé de 8 meses; también tres personas resultaron heridas, una de ellas menor de edad. Las informaciones recogidas indican que las personas fueron asesinadas una a una, con disparos a corta distancia, y sin ninguna consideración hacia las mujeres y los niños. El crimen es especialmente grave por el alto número de niños asesinados, y la sevicia demostrada evidencia una nueva dimensión de la violencia ejercida contra el pueblo Awá.
Una de las mujeres asesinadas en la masacre era testigo directo de la presunta ejecución extrajudicial de su esposo Gonzalo Rodríguez que habría sido cometida por efectivos del Ejército, el pasado 23 de mayo de 2009, cerca del lugar de la masacre. La investigación de estos hechos fue asumida por la Justicia Penal Militar.
Frente a este contexto, la Oficina se permite formular las siguientes recomendaciones:
- Proporcionar protección inmediata, efectiva y sostenible a las víctimas y testigos de la masacre, así como a los líderes del pueblo Awá. Es importante que las medidas de protección a tomar sean concertadas con las autoridades indígenas.
- Además de la necesaria protección de víctimas y testigos, es fundamental que el Gobierno acelere y fortalezca la protección del pueblo Awá en su conjunto. Para este fin, independientemente de otras medidas que se puedan estudiar y acordar, es primordial la inmediata implementación, de manera concertada, del Plan de Salvaguardia Étnica del pueblo Awá conforme a lo estipulado por la Corte Constitucional en su auto 004.
- Brindar a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas el necesario apoyo y atención psicosocial para superar el trauma de los hechos, en coordinación con las autoridades indígenas locales.
-Los cuestionamientos existentes a la versión oficial del Ejército sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte de Gonzalo Rodríguez hacen urgente, de acuerdo con las directivas relevantes emitidas por el Presidente de la República y el Ministerio de Defensa, que el caso sea transferido inmediatamente a la justicia ordinaria.
- La Oficina exhorta a mantener abiertas todas las hipótesis de investigación, sin prejuicios ni exclusiones a priori.
El Representante de la Oficina, Christian Salazar, compartió con el Presidente Uribe y con el Ministro de Interior y de Justicia sus principales conclusiones y recomendaciones en presencia de los líderes del pueblo Awá.
"Ante la gravedad de los hechos confío en que la Fiscalía logrará un rápido esclarecimiento de este crimen y que la justicia colombiana juzgará y sancionará a los responsables de esta brutal masacre. Saludamos los compromisos asumidos por el Gobierno de Colombia con el pueblo Awá y su apoyo a las investigaciones", declaró Christian Salazar Volkmann, Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
