De estas nueve víctimas fatales conocidas, tres corresponden al accidente con Explosivos Remanentes de Guerra (ERG) y Munición Sin Explotar (MUSE) que se presentó el 9 de junio de 2009 en una ranchería de Uribia y las restantes seis --una en Uribia, una en Manaure, una en Dibulla y tres en Riohacha-- por la forma en que se llevaron a cabo son bastante ilustrativas de la etapa por la que actualmente está atravesando el conflicto armado en el Caribe, en la cual los grupos armados ilegales derivados de las antiguas AUC, en el marco del despliegue de una estrategia de ocultamiento y desdibujamiento de las nuevas formas y contenidos que van adquiriendo sus aparatos militares, económicos, políticos y logísticos, acuden a la utilización creciente de las redes de coerción y de las bandas sicariales para la realización de determinadas actividades de la larga cadena de ilegalidad en la que se mueven, entre ellas la concreción de una gran variedad de acciones violentas contra la población civil, todo ello con el propósito de que su operatividad quede encubierta bajo la etiqueta de hechos criminales inherentes a la delincuencia organizada.
El último asesinato se presentó en horas de la madrugada del pasado 7 de septiembre de 2009 cuando, en circunstancias que a la fecha no han sido plenamente esclarecidas, fue asesinado de tres disparos de bala, Juan González Jusayu, de 60 años de edad y miembro de la población en situación de desplazamiento vinculada al Cabildo Wayúu de Wepiapaa, en momentos en que se encontraba realizando su turno como vigilante privado de una mina de la que se extrae material para la fabricación de asfalto, ubicada en el lugar conocido como Maríamina en el corregimiento de Campana, jurisdicción del municipio de Dibulla (La Guajira).
Como se recordará, en diferentes oleadas presentadas entre octubre y noviembre de 2005, treinta y seis familias Wayúu que desde hacía cerca de tres décadas vivían en una ranchería situada en el Alto San Jorge, en los límites entre los corregimientos de Mingueo y Ríoancho en jurisdicción de Dibulla en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), con ocasión de dos hechos violentos que se presentaron contra miembros de estas familias --el atentado contra Efraín Cuadrado, esposo de la profesora Ruby Baquero, realizado en agosto de 2005 y la desaparición forzada de Eleotero Jayariyú (47 años), ocurrida el 19 de octubre de 2005--, se vieron impelidas a desplazarse forzadamente y asentarse muy cerca de la cabecera corregimental de Mingueo sobre la Carretera Troncal del Caribe en la comunidad Wayúu de Wepiapaa.
Este último asesinato puede revestir especial gravedad si se tiene en cuenta que recientemente la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), emitió una advertencia en la que se indicaba con claridad que el accionar en la región de los grupos armados ilegales, tanto la insurgencia como aquellos derivados de las antiguas AUC, podrían traducirse en acciones violentas contra los miembros de la comunidad Wayúu de Wepiapaa. Es así como en el Informe de Riesgo No. 017 del 9 de julio de 2009 (I.R. No. 017-009.A.I.), la Defensoría del Pueblo plantea a las entidades gubernamentales una serie de recomendaciones para que en concertación con las autoridades Wayúu respectivas se tomen las medidas de protección y seguridad que se requieren a fin de revertir la calificación de alto riesgo que evidencia esta comunidad Wayúu y evitar que se presenten violaciones de sus derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
En todo caso, la situación de la comunidad Wayúu de Wepiapaa de Dibulla no es un asunto aislado. En el ya referenciado I.R. No. 017-009.A.I. también se identifican en alto riesgo a las comunidades Wayúu ubicadas a lado y lado de la Carretera Troncal del Caribe en el tramo que de la capital de La Guajira conduce a Dibulla lo mismo que a las rancherías ubicadas en el entorno del corregimiento de Juan y Medio y sus alrededores en la zona rural de Riohacha. Un denominador común a la inmensa mayoría de estas comunidades y rancherías es que sus tierras no sólo no cuentan con ninguna seguridad jurídica sino que están en la mira de megaproyectos de biocombustibles, camaroneros y portuarios.
De otro lado, en el Informe de Riesgo No. 002 del 27 de enero de 2009 emitido para Maicao por la Defensoría del Pueblo, y sobre el cual se tuvo conocimiento que se prepara actualmente una Nota de Seguimiento, se llama la atención de las instituciones públicas sobre el gran riesgo que se cierne sobre varias de las comunidades Wayúu ubicadas en los entornos de los corregimientos de Carraipía, La Majayura, Santacruz, Montelara y en zonas periféricas de la cabecera de este municipio y que evidencian una gran vulnerabilidad dado que tampoco tienen amparados sus derechos territoriales. En estas comunidades la “hemorragia humana” que implica el desplazamiento forzado persiste, si se tiene en cuenta que de una sola de estas comunidades, entre febrero y julio de 2009, huyeron hacia Venezuela catorce familias Wayúu, atemorizadas por las presiones que ejerce el grupo armado ilegal derivado de las antiguas AUC que actúa en esta región.
Desafortunadamente para el pueblo Wayúu los impactos del conflicto armado están lejos de ser un asunto del pasado, contrariamente, hacen parte de una realidad presente que sigue dejando rastros de muerte y dolor. La relación de 197 víctimas fatales Wayúu --117 para Maicao y 80 para el resto de municipios de La Guajira-- que aparecen relacionadas en la base de datos de la Fuerza de Mujeres Wayúu (SJW/FMW) no ha llegado a su fin y es muy probable que en razón de la dinámica del conflicto armado se incremente en el futuro inmediato.
En La Guajira la violencia inherente al conflicto armado sigue recorriendo el territorio Wayúu, pese a que el consenso de las autoridades civiles, policiales y militares, insista en esgrimir los consabidos clichés que todo lo explican bajo la óptica que los hechos violentos fueron hechos aislados, producto de intrigas pasionales o de ajustes de cuentas por venganzas personales.
