Según la información recibida, después de la llegada del Presidente Zelaya a Honduras el 21 de septiembre de 2009, el gobierno de facto instauró un toque de queda, el cual se mantiene vigente, y ordenó el cierre de los aeropuertos.
En este marco, fuerzas policiales y militares reprimieron a los manifestantes en la zona de la Embajada, aplicando uso excesivo de la fuerza, utilizando bombas lacrimógenas y balas de goma. Asimismo, se recibió información de que cientos de personas fueron detenidas y de que agentes estatales arrojaron bombas lacrimógenas a la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desparecidos en Honduras (COFADEH), cuando se estaban recibiendo denuncias y testimonios de personas heridas durante la represión. La CIDH fue informada además que la Embajada de Brasil en Honduras estaría rodeada por fuerzas de seguridad del Estado y aislada de toda comunicación con el exterior tras la aplicación de un corte de energía eléctrica en la zona. Otros cortes de energía eléctrica sacaron del aire a radio Globo y Canal 36.
La CIDH hace un llamado urgente al régimen de facto a adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas. En especial, la Comisión urge a las autoridades de facto a respetar el derecho a la vida y a la integridad de las personas detenidas, así como del Presidente Manuel Zelaya Rosales, de los miembros de su familia y de su gabinete que están actualmente refugiados en la Embajada, del personal diplomático brasileño y de todas las personas que se encuentran en la Embajada.
La Comisión Interamericana urge a las autoridades de facto a investigar el uso excesivo de la fuerza utilizado en la represión de la manifestación de apoyo al Presidente Manuel Zelaya y a sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos que se determinen en las investigaciones. Asimismo, la CIDH reitera su llamado al gobierno de facto de Honduras a respetar las manifestaciones públicas y recuerda que todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política. En este sentido, la Comisión Interamericana expresa nuevamente su profunda preocupación por la reiterada utilización de diversos estados de emergencia en Honduras, en este caso el toque de queda, para suspender derechos fundamentales y para evitar las manifestaciones públicas.
En especial, la Comisión expresa su profunda preocupación por las restricciones a la libertad de expresión por métodos indirectos como son los cortes de energía que en los hechos dejan a medios de comunicación sin posibilidades de transmitir. La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exigen el respeto irrestricto del derecho a la libertad de expresión en Honduras y urge a las autoridades de facto a otorgar todas las garantías para que los medios y los periodistas puedan cumplir su labor de informar con libertad y en condiciones de seguridad.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.
