A lo largo de la costa peruana existen alrededor de 85 comunidades afroperuanas cuya formación data de la época de la esclavitud colonial. Esta población suele quedarse al margen de los programas de cooperación y desarrollo rural y tampoco se la incluye en los planes regionales y locales.
A diferencia de Colombia, donde la Constitución de 1993 reconoce el estatus legal de “comunidades negras” mediante la Ley 70 o Ley de Negritudes para la zona rural de Chocó, Cauca, en el Perú se pone en duda la territorialidad, autonomía y tenencia de las tierras agrícolas por parte de los afroperuanos por no ser originarios ni ocupar estas tierras antes de los españoles, como es el caso de los indígenas
Desde la abolición de la esclavitud en 1854, la población negra en el Perú no pudo integrarse socialmente tras su liberación y expulsión de los latifundios por sus dueños, para quienes ya les eran improductivos. Muchos ex esclavos se fueron a la ciudad y trabajaron en oficios mal remunerados, de poco rango social o terminaron residiendo en zonas tugurizadas y pobres.
Las comunidades afroperuanas se originaron en los antiguos palenques ubicados en las zonas de El Ingenio, Morropón, la Banda, el Guayabo; también se encontraban asentadas dentro o fuera de las haciendas coloniales. En estas haciendas, los esclavos de origen africano fueron obligados a trabajar como peones en plantaciones de azúcar y algodón. Actualmente, estas comunidades se encuentran localizadas en Chincha, Ica, Nazca, Piuray Lambayeque.
En Colombia, en la zona de Chocó, caracterizada por su biodiversidad, la población negra se organiza en torno a economías campesinas, mientras que en el Perú el grueso de la población de origen africano que vive en distritos rurales periféricos se mantiene gracias a trabajos agrícolas eventuales. Por su parte, las comunidades negras de Ecuador de la zona de Esmeraldas se organizan con base en discursos de ordenamiento y conservación territorial. Aunque no podemos forzar que las comunidades afroperuanas se inscriban dentro del modelo campesino indígena, se trata de comunidades culturales con especificidades locales y regionales.
La principal actividad económica en aquellas comunidades o caseríos es la agricultura; sin embargo, durante la Reforma Agraria las comunidades afroperuanas fueron excluidas de la parcelación de las tierras. Tampoco se las tomó en cuenta en el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT) impulsado por el Estado en la década del noventa.
En las zonas rurales, el agricultor negro no ha cambiado su estatus campesino desde que dejó de ser esclavo. Al campesino afroperuano no se le consideró en el reparto de tierras, en cambio en Colombia, la población negra se convirtió en un campesinado próspero. A estos mismos campesinos durante la Reforma Agraria de los años setenta en el siglo XX les expropiaron sus haciendas.
Una de las pruebas del racismo existente hacia los afrodescendientes en el Perú es el empobrecimiento de estas comunidades y la precariedad en los servicios médicos de salud, a los que muchas veces no tienen acceso, la poco sólida infraestructura de las viviendas, escuelas, la deficiente educación que se les brinda; problemas de sanidad, falta de electricidad, agua potable y control ambiental.
A ello se suman los desastres naturales que no hacen sino confirmar la invisibisivilidad de dichas comunidades ante el Estado peruano. Así, el terremoto del 15 de agosto de 2007 fue otra prueba más del racismo y el desinterés por parte del Gobierno hacia la población afrodescendiente, una de las más afectadas durante el sismo, ya que la ayuda oficial brilló por su ausencia en las comunidades de El Carmen, Chincha Alta, San José, San Regis y Pueblo Negro.
Por ello se han realizado diversas audiencias públicas descentralizadas en comunidades del Norte, Centro y Sur donde se concentra la población afroperuana, como seguimiento a los acuerdos de los Planes de Acción de Santiago (III Conferencia Regional de las Américas en Chile) y de Durban (Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras Formas conexas de Intolerancia, que tuvo lugar en África 2001), dando como resultado la elaboración del documento “Plataforma de las Comunidades Afroperuanas” con 15 acciones concretas que demandan al Estado peruano. Entre las demandas se encuentran incorporar la variable étnica en los censos nacionales como una medida cuantitativa y reivindicatoria de los afrodescendientes en el Perú, incorporar la problemática de los afroperuanos en los planes y políticas de los partidos políticos; garantizar los servicios básicos en las comunidades afroperuanas mediante inversiones en los sistemas de salud, educación, electricidad, agua potable; entre otras.
Asimismo, salió a la luz la necesidad de incorporar en el mapa de extrema pobreza a las comunidades afroperuanas y aplicar políticas de financiamiento a las campañas agrícolas de los pequeños agricultores afrodescendientes; salvar la propiedad de las tierras puestas como garantía para los créditos agrarios.
De hecho, el reconocimiento de la propiedad de las tierras ancestrales es parte del discurso étnico de los afrodescendientes en Latinoamérica, surgido como nuevos movimientos sociales desde el año 2000 a partir de Santiago y Durban. En ambas conferencias se planteó el uso de la categoría afrodescendiente para combatir los estereotipos frente a términos como “negro” o “negra”.
Las reivindicaciones de las organizaciones afroperuanas, así como las de Latinoamérica, se han constituido en políticas de identidad y son una estrategia para luchar contra las condiciones de discriminación y racismo en la que se encuentran sumidas. Sus acciones giran en torno a la perspectiva político-cultural que se trata de prácticas y significados culturales de la población excluida en oposición a un sistema cultural dominante.
A partir de Santiago y Durban, la población afrodescendiente demanda a los Estados solucionar jurídicamente los problemas de propiedad de las tierras ancestrales habitadas por afrodescendientes y adoptar medidas que promuevan su desarrollo dentro de los territorios que ocupan. Para el caso peruano, las nociones de territorialidad y de pueblo son puntos pendientes dentro de la agenda del movimiento afroperuano y será uno de los mecanismos para lograr igualdad de oportunidades a favor del desarrollo y reducción de la pobreza en las comunidades rurales afroperuanas.
La debilidad del movimiento afroperuano es una desventaja para poder resolver los conflictos entre territorio y etnicidad. El agricultor negro no desarrolla su visión del mundo en torno a un discurso étnico del modelo indígena -el de ancestralidad, autonomía y territorialidad- pues sus identidades están más ligadas a las tradiciones locales. No obstante, se ha logrado incorporar dentro del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010, la necesidad de armar un marco jurídico de protección y promoción a la población afroperuana en iguales condiciones de derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y nativas.
Las comunidades rurales no tienen la amplitud del espacio geográfico de las poblaciones originarias y representan sólo el 10 % de la población peruana, aproximadamente, 2,5 millones de personas; no obstante, son comunidades culturales con historia, identidad y tradiciones con derechos a una ciudadanía étnica porque son parte de la nación peruana.
*Estudiante de maestría en Antropología Pontificia Universidad Católica del Perú
