Según se desprende del Informe Alternativo sobre Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes en Colombia 2003-2009, lanzado el pasado lunes por la Coalición Colombiana Contra la Tortura (CCCT), el Estado es el responsable de la mayoría de los casos. Aumenta también la tortura psicológica contra las mujeres.
A pesar de la disminución de los registros de torturas en Colombia en los últimos años, el informe concluye que la situación todavía continúa siendo grave. La idea del informe es presentar al Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU un análisis alternativo sobre la situación de tortura en el país después de la última investigación del Estado, promovida por la entidad supranacional.De acuerdo con el informe, Colombia aún presenta registros de torturas en casi todo el territorio nacional. Además, la impunidad y la falta de garantías de las víctimas a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del crimen también son realidades presentes en el país. Debido a eso, el documento presenta aún la importancia del Estado colombiano de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura para prevenir y sancionar el crimen de tortura en el país.
“Es urgente que el Comité, durante su análisis, reitere las recomendaciones previas hechas al Estado. La práctica de la tortura en Colombia es de carácter sistemático y generalizado”, señala el informe. Prueba de ello son las cifras de torturas registradas.
De acuerdo con los estudios, entre julio de 2003 y junio de 2008, al menos 899 personas han sido víctimas de tortura, siendo que, de estas, 229 sobrevivieron, 502 han sido asesinadas y 168 sufrieron tortura psicológica.
El informe destaca que, a pesar de alto, comparado con los dados anteriores -entre julio de 1998 y junio de 2003-, la cifra disminuyó. “Esta disminución está marcada por el número de personas que han sido asesinadas después de torturadas. Mientras entre julio de 1998 y junio de 2003 han sido registradas 1.327 personas dentro de esta categoría, entre julio de 2003 y junio de 2008 han sido 502 personas, lo que corresponde a una disminución de 62,17%”, presenta.
Según el análisis, el Estado es el responsable por la mayoría de los casos. De los 666 casos en los que se conoce genéricamente el supuesto autor, en 92,6% se culpa el Estado. Perpetración directa de los agentes estatales (50,6%) y omisión, tolerancia, aquiescencia o apoyo a las violaciones realizadas por paramilitares (42%) han sido las principales acciones denunciadas contra el Estado.
El informe revela también que los casos con grupos paramilitares disminuyeron. En el periodo anterior, de acuerdo con la investigación, fueron 754 víctimas de las acciones de estos grupos, mientras que ahora la cifra cayó hasta las 280 personas torturadas. Sin embargo, este dato no puede ser motivo de celebración. “Esta disminución relativa de los casos de tortura atribuidos a los grupos paramilitares coincide con el incremento de registros de casos atribuidos directamente a la fuerza pública”, continúa el informe.
Entre julio de 1998 y junio de 2003 se registraron por lo menos 187 casos de torturas atribuidos a la fuerza pública. En el periodo posterior -entre julio de 2003 y junio de 2008- la cifra aumentó hasta 337, un incremento del 80,2% en el número de casos en los que se ha visto involucrada la fuerza pública.
“La responsabilidad por los casos de tortura atribuibles a la fuerza pública se enmarca en la implementación de la política de “seguridad democrática”, que ha llevado al aumento de las violaciones a los derechos humanos bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo”, considera el informe.
Otro punto destacado por el estudio es la situación de los grupos más vulnerables, como mujeres, niños y niñas y homosexuales. En relación a las mujeres, el informe registró un incremento en el número de casos de tortura psicológica, que pasó de 15 víctimas entre 1998 y 2003 a 36 entre 2003 y 2008.
Además de las torturas psicológicas, el informe señala que muchos niños y niñas son víctimas de violaciones practicadas por grupos armados.
La investigación destaca, por último, las violaciones contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). Tortura, malos tratos, abuso policial… son solamente algunas situaciones registradas por el análisis contra este colectivo de personas que todavía tiene que lidiar con la impunidad y los prejuicios.
“Durante el año 2007 la organización Colombia Diversa informó de 31 tratos crueles, inhumanos y degradantes contra población LGBT. 17 de esas denuncias fueron investigadas y en ninguna de ellas hubo sanción para el presunto agresor”, destaca el informe.
