Por el conflicto armado que se presenta en seis comunidades del Alto Baudó por enfrentamientos del ELN y las autodefensas Gaitanistas, por el control de la minería ilegal.
Según la primera información de la Defensoría Regional del Chocó, se trataría de 538 personas pertenecientes a 94 familias de los resguardos de Gegandó, Puerto Tomás, Alto Tumandó, La Esperanza, Saru y Puerto Indio. Ha esto se le suman 2.500 personas en situación de desplazamiento de las comunidades de Catrú Dubaza. Por el brote de violencia del Alto Baudó.
La minería ilegal es otra realidad que golpea las poblaciones negras e indígenas en el Chocó, según la Corporación Autónoma Regional (Codechocó), el años pasado había 54 dragas trabajando en la explotación aurífera, cifra que va en aumento puesto que la comunidad afirma que hay por lo menos 200 entables mineros, El inconveniente es que existen algunas zonas donde el acceso no es permitido por la influencia que sobre este negocio tienen grupos armados ilegales como las FARC, el ELN, los “Rastrojos” y “El Clan Úsuga”.
De acuerdo con la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, al menos ocho ríos (Atrato, San Juan, Andágueda, Apartadó, Bebará, Bebaramá, Quitó y Dagua), han sido contaminados y su cauce desviado por la intervención abrupta e irregular de los complejos mineros.
Pero lo más delicado son las consecuencias del vertimiento de mercurio sobre los ríos y la dispersión de los vapores que arroja su tratamiento, situaciones que representan un alto riesgo para la salud de la comunidad, toda vez que el agua de estos afluentes es utilizada para el consumo directo, la pesca, el baño y el lavado de la ropa y los utensilios de cocina.
La situación más crítica en este sentido se registra en las localidades de Condoto, Lloró, Atrato, Istmina y Pizarro, donde entre el 18 de Enero y el 12 de Abril fueron atendidas 400 personas por delicados síntomas relacionados con el consumo de agua contaminada, circunstancia que habría originado la muerte de tres niños indígenas en las comunidades de Buena Vista, Bajo Grande y Quiparadó.
Por todo lo mencionado, la Defensoría del Pueblo convocó a una mesa interinstitucional con los Ministerios de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Salud y Protección Social, Interior, la Vicepresidencia de la República, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Minería, la Gobernación del Chocó y Codechocó, a la vez que pidió soluciones integrales para salvaguardar los derechos fundamentales de la población.
