Redacción Actualidad Étnica
En un dramático relato que por ratos le rompía la voz, el líder indígena de la Mesa Wayuu, John Jairo Iguaran, describió la situación por la que atraviesa el pueblo Wayuu -habitantes milenarios de Territorios Ancestrales-, que comparten Colombia y Venezuela.
La denuncia fue hecha en el marco de la sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de DDHH de los Pueblos Indígenas, espacio creado hace veinte años mediante decreto el 1396, después que las organizaciones indígenas ocuparan la sede del Episcopado colombiano, para llamar la atención del gobierno por la grave violación a los DDHH de los pueblos indígenas, en la década del 90.
“Este es el espacio propio para hacer la denuncia”, dijeron los voceros indígenas, al resaltar que en la Comisión deben hacer presencia los ministros del Interior, de Defensa, de Justicia, el Consejero Presidencial para los DDHH del Ministerio del Postconflicto, el Fiscal, el Defensor y el Procurador General de la nación, además de los representantes de las organizaciones indígenas, entre quienes se incluyen los congresistas y los ex constituyentes. Desafortunadamente, a este importante espacio, el gobierno nacional viene delegando funcionarios de tercer y cuarto nivel, o “funcionarios de medio pelo”, como dicen los indígenas.
Las violaciones contra el pueblo Wayuu
Los recientes hechos de asesinato de dos indígenas Wayuu en la Comunidad Indígena de Camuschou-Resguardo de la Alta y media Guajira, Municipio de Maicao y las restricciones a la libertad de locomoción y confinamiento por parte de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Nacional Venezolano, mediante la imposición de medidas de control a corredores de movilidad, locomoción y violación de territorios ancestrales por parte de la fuerza pública Venezolana, tienen efectos negativos en la población Wayuu, ya que afecta gravemente sus patrones culturales tradicionales, sus relaciones socioeconómicas y las relaciones con su entorno, lo cual pone en peligro la existencia misma de dichas comunidades Indígenas.
Los indígenas Wayuu se encuentran confinados en su propio territorio, el cual va más allá del mapa o las fronteras que divide a ambos países. El pueblo Wayuu tiene una población de casi 400 mil miembros y su territorio se encuentra a ambos lados de una frontera que ellos no crearon. Las medidas trazadas por el gobierno del presidente Maduro, además de impactar todas las prácticas delictivas que suceden en la frontera, impactan de manera negativa al pueblo Wayuu, que ha visto vulnerados sus derechos y libertades, con la restricción a su libre movilización y la limitación para acceder a bienes y servicios indispensables para su supervivencia.
Los Wayuu son un pueblo seminómada que transita de uno a otro lado de la frontera en sus prácticas culturales y de subsistencia económica, tiene sus propias autoridades y ha sido sometido a todo tipo de vejámenes, al igual que el resto de la población civil de esta frontera.
Prácticas como los asesinatos selectivos, las restricciones a la libre circulación, la prohibición de actividades tradicionales y restricción de horarios, las limitaciones al abastecimiento, la restricción para circular en Territorio Colombiano, son entre otros, los tipos de ejercicios de coerción por parte de la Fuerza Pública Venezolna.
Para los Wayuu, el que se les restrinja su movilidad dada su condición de población seminómada, es condenarlos al confinamiento en uno u otro país, ya que se les niega su ingreso y circulación por el territorio ancestral, condenándolos al aislamiento poblacional.
De allí el requerimiento de los lideres Wayuu para que la Corte le otorgue una protección y Amparo Constitucional reforzada al Pueblo Wayuu, la misma que se da a las personas desplazadas, en particular las relacionados con protección y prevención, en los términos de la Sentencia T-025 y el Auto 004 del mismo organismo.
Las denuncias hechas por los indígenas, provocaron la reacción de los funcionarios del gobierno quienes resaltaron las acciones que se vienen realizando en materia de abastecimiento y asistencia alimentaria, afirmando que se viene desarrollando un plan de abastecimiento para la comunidad wayuu que se encuentra en un censo elaborado entre ambos gobiernos, programas que benefician a estas poblaciones.
Al respecto, los indígenas señalaron que tampoco es cierto que se hayan adelantado los planes de salvaguardia, por lo menos en municipios como Maicao, Uribia y Manaure, asegurando que el gobierno ha dicho que no tiene recursos para realizarlos, razón por la cual no hay diagnóstico para esta región. Lo que si hay, es hambre, desnutrición de los niños y graves violaciones de DDHH de sus pobladores, concluyo el señor Iguarán.
Por su parte, el senador indígena Luis Evelis Andrade Casamá, enfatizó que la generalidad es la ausencia de políticas públicas para los indígenas de frontera, quienes en la práctica, son sus guardianes. Aclara que una cosa es la realidad de los indígenas que se encuentran en zonas de frontera cercanos a zonas urbanas y otra la de los más de 12 pueblos que existen a lo largo de la frontera con Venezuela, lejos de toda civilización. Por esta razón, recomendó a la Procuraduría que asuma la realización de un estudio riguroso sobre la realidad de estos pueblos, pues la realidad es que el estado colombiano ha tenido a sus indígenas abandonados.
También planteó el senador indígena, que es necesario elevar el nivel de esta comisión, que debe tener la participación de funcionarios al más alto nivel, por lo cual se comprometió a viabilizar una reunión de la Comisión con varios de los Ministros que hacen parte de la misma.
En lo que si hubo complacencia del gobierno, fue en el anuncio hecho por los voceros wayuu de llevar este caso a la CIDH, como ya lo ha hecho el propio gobierno colombiano.
