Hace apenas una semana, en el marco de la conmemoración del día mundial de los derechos humanos, la ONIC publicó un cuadro que resume las violaciones a los derechos humanos de los indígenas colombianos durante el año 2015. Los datos allí incluidos son para avergonzarnos como país. Pero pueden ser peores.
Aún sin terminar el año, el informe da cuenta de 34 indígenas asesinados, unos 3.500 indígenas desplazados y más de mil confinados en sus propios territorios.
Robinson López Descanse, responsable de los temas de DDHH y Paz de la OPIAC y delegado por esa organización indígena en la CDDHHPI, manifiesta su preocupación, no sólo porque se mantengan estos altos índices de violencia contra los pueblos indígenas, sino que los indígenas no hayan sido incluidos en los diálogos de la Habana. “Si tenemos conocimiento que algunos líderes indígenas fueron incluidos en algunos de los grupos de víctimas que asistieron a la isla, pero las organizaciones indígenas no fuimos tenidas en cuenta en este proceso”. El tema de la Habana nunca fue llevado por la delegación del gobierno a la Comisión de DDHH de los Pueblos Indígenas.
Pero la preocupación no es solo de los indígenas. También lo es de la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, quien planteó en una reunión pasada sostenida con delegados del gobierno colombiano para evaluar los avances de los acuerdos de la Habana, su preocupación por la exclusión de los pueblos étnicos en los diálogos.
Y la preocupación no es caprichosa, si tenemos en cuenta que cerca del 35% del territorio colombiano es de propiedad colectiva de estas comunidades. Lo más grave, es que buena parte del conflicto se desarrolla en estos territorios. Por eso la importancia de las reflexiones hechas recientemente por el senador Luis Evelis Andrade en el departamento del Chocó, que grosso modo se sintetizamos:
- No es posible construir la paz sin tener en cuenta conceptos como Territorialidad, etnicidad, autonomía, justicia y gobierno propio
- Empoderar las organizaciones étnicas para asumir con eficacia la administración del territorio y el ejercicio del gobierno propio
- Plan de Desarrollo, Ordenamiento Territorial y confrontación a la minería ilegal y la depredación del medio ambiente, deben prioridades en el postconflicto.
- Las organizaciones negras e indígenas deben asumir el desafío de un proceso de reinserción de combatientes, en su gran mayoría negros e indígenas.
La importancia de las reflexiones del senador indígena, están cimentadas en que en Colombia seguimos construyendo miradas principalmente urbanas para un conflicto que es fundamentalmente rural. Por eso no hay que desestimar su advertencia en el sentido que “ No abran políticas serias para el postconflicto, mientras el proceso no incluya el componente territorial, salvaguardando los derechos de nuestras comunidades, mientras los términos del postconflicto en regiones como las nuestras no sea trabajado desde una perspectiva étnica, mientras no se respete nuestra institucionalidad y principalmente nuestra autonomía, mientras no seamos vistos con el prisma de interculturalidad y mientras la construcción del modelo de desarrollo esté cimentado en políticas de inclusión social y en un modelo político participativo, basado en la el reconocimiento del otro”
A estas alturas del proceso, es urgente que gobierno y FARC habiliten mecanismos oficiales para abordar el dialogo con los indígenas.
Y la Comisión de DDHH de los Pueblos Indígenas es la llamada a liderar ese proceso. Si bien la Comisión se ha venido reactivando en el último año, sus posibilidades de desarrollo son limitadas, pues los comisionados indígenas, trabajan con las uñas. La Comisión apenas si cuenta con un pequeño presupuesto de funcionamiento y los delegados del gobierno han sido enfáticos en las limitaciones económicas del actual momento político.
No obstante, la Comisión le ha presentado al gobierno una propuesta que si bien no es la ideal, si le permite a esta Comisión tripartita –pues allí concurren indígenas, gobierno y organismos de control-, iniciar las actividades encaminadas a elaborar la política pública para los indígenas en materia de derechos humanos.
En principio se han acordado tres ejes de financiación: Uno, relacionado con el funcionamiento de la Comisión, otro que permitiría desarrollar los ejes esenciales de la Comisión y un tercero relacionado con la estrategia de comunicaciones.
El director encargado de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Viceministra han comprometido sus esfuerzos en ubicar los recursos para que la Comisión pueda desarrollar sus tareas.
Lo importante, es la reflexión hecha al interior de este organismo para que sus integrantes no se miren como contrapartes, pues al fin y al cabo, son una Comisión que tiene como única misión la salvaguarda de los derechos humanos de los pueblos indígenas y esa es una tarea que debe comprometernos a todos.
La meta es que cifras como las señaladas arriba, deben ser solo el referente triste de una época que entre todos habremos logrado superar, pero eso solo será posible si incluimos a los indígenas en un proceso, del que ellos también son protagonistas.
