El pasado 29 de octubre, el Consejo Regional Indígena del Cauca envió al presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, señalando el incremento de las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en territorios indígenas.
El intenso acoso a que han sido sometidas las comunidades indígenas y campesinas del departamento del Cauca por parte de los distintos actores armados, llevaron a los consejeros del CRIC a dirigir una carta al presidente de la República denunciando, por un lado, los sistemáticos y permanentes atropellos a que son sometidos los pobladores, por otro lado, los factores de violencia que se configuran en la zona, amenazando y vulnerando los procesos organizativos, la autonomía territorial, el gobierno propio, los mecanismos de resistencia civil y, en general, la decisión de los pueblos páez, guambiano y coconuco de mantener una posición de neutralidad frente al conflicto armado.
“Observamos con intranquilidad, el recrudecimiento del conflicto armado, cuyo principal objetivo, al parecer, son los campos del país, territorio poblado por comunidades indígenas, campesinas y negras, es decir, las zonas mas deprimidas de Colombia. Esta situación es producto, a nuestro entender, de una parte, por la intransigencia bipartidista de no permitir el surgimiento de fuerzas políticas renovadoras mediante el mantenimiento del clientelismo y la corrupción. De otra, por la declaratoria de guerra hecha por el gobierno colombiano a la subversión, sin medir las consecuencias inherentes a los enfrentamientos sobre la población civil que queda atrapada en medio del conflicto. En Miranda, Corinto, Padilla, Caloto, Toribio, Buenos Aires y Jambaló, desde noviembre del año 2001 hemos alertado sobre la presencia de actores armados que acosan a las comunidades bajo el pretexto de estar persiguiendo al bando contrario, con saldos graves no solo por las desapariciones, masacres y los asesinatos, sino por los múltiples desplazamientos forzados de nuestras comunidades en busca de protección”, expresan los consejeros en la misiva.
Dentro de la carta los consejeros también mencionan como los operativos del Ministerio de Defensa los ubica como objetivos militares, irrespetando las normas establecidas por el Derecho Internacional Humanitario. Al respecto la carta expresa: “No entendemos los motivos del Ministerio de Defensa de bautizar sus operativos con el nombre de nuestros pueblos y caciques, pues cuando ello se hace tiene dos pretensiones: bien legitimar ante el contrario que es una acción indígena; otra la de ser una acción dirigida para arrasar a quienes se identifican con el nombre de la acción, es decir, el arrasamiento del pueblo Yanacona en el Macizo colombiano, así como de la comunidad Juan Tama en Santa Cecilia, Puracé, entre otros. En este tema somos enfáticos señor Presidente: así como hemos rechazado y prohibido a la subversión y al paramilitarismo usar nombres de nuestro lideres, pueblos y caciques, reclamamos del Estado colombiano respetarlos igualmente, no usándolos, principalmente, para asuntos de guerra y confrontación. Ello en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, ya que de esa forma nos están involucrando, sin nosotros quererlo, como actores del conflicto”
Actualidad Étnica publica a continuación el contenido de la carta, la cual apunta a que se respete la integridad étnica y cultural de los pueblos del Cauca, exigiendo que en los territorios no siga primando acciones represivas.
Popayán, Octubre 29 de 2002
Doctor
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de Colombia
Palacio de Nariño
Bogota
La resolución de Vitonco, emitida el 23 de febrero de 1985 frente a la gravedad de la intervención armada en nuestros territorios fue clara en: “(...) recalcar y hacer valer por todos los medios que estén al alcance de los resguardos el derecho a la autonomía, es decir, el derecho que los cabildos y las comunidades tienen de controlar, vigilar y organizar su vida social y política al interior de los resguardos, y de rechazar las políticas impuestas venidas de afuera”
De igual forma, mencionaba que esta autonomía se hacia extensiva “ (...) no solo frente a personas y entidades gubernamentales, privadas y semiprivadas que han venido decidiendo aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y religiosos en zonas de resguardo, sin consultar a nuestras comunidades y a sus legítimos representantes, también a las organizaciones que vienen realizando actividades que son de competencia de los cabildos”
Por ello, señor Presidente, observamos con intranquilidad el recrudecimiento del conflicto armado, cuyo principal objetivo, al parecer, son los campos del país, territorio poblado por comunidades indigenas, campesinas y negras, es decir, las zonas más deprimida de Colombia. Esta situación es producto, a nuestro entender, de una parte, por la intransigencia bipartidista de no permitir el surgimiento de fuerzas políticas renovadoras mediante el mantenimiento del clientelismo y la corrupción. De otra, la declaratoria de guerra hecha por el gobierno colombiano a la subversión, sin medir las consecuencias inherentes a los enfrentamientos sobre la población civil que queda atrapada en medio del conflicto.
Este es nuestro caso: en Miranda, Corinto, Padilla, Caloto, Toribio, Buenos Aires y Jambaló, desde noviembre del año 2001 hemos alertado sobre la presencia de actores armados que acosan a las comunidades bajo el pretexto de estar persiguiendo al bando contrario, con saldos graves no solo por las desapariciones, masacres y los asesinatos, sino por los múltiples desplazamientos forzados de nuestras comunidades en busca de protección. En Caldono, las intervenciones armadas están creando descontrol y ya son varias las víctimas tanto por acciones de las FARC como de la Fuerza Publica. En Oriente, debido a los enfrentamientos, la zozobra permanece y muchos comuneros han sido involucrados y maltratados físicamente, señalándolos de informantes de los diversos bandos del conflicto. Es constante el hostigamiento sobre las comunidades indígenas que en desarrollo de sus usos y costumbres se reúnen en Minga para adelantar labores cotidianas y analizar asuntos de orden administrativo territorial, después de los enfrentamientos entre guerrilla y ejercito. En el sur Yanacona, las minas antipersonales cobran más de 5 víctimas y los enfrentamientos dejan más de 20 mil desplazados. Nuestra propuesta de Territorio de Convivencia, Dialogo y Negociaciones, con sede en La Maria Piendamó, está siendo constantemente invadido por la Fuerza Pública, desconociendo su importancia como espacio de encuentro de la sociedad civil en la búsqueda de caminos de paz.
La situación ha llegado a tal extremo, que nuestras comunidades sospechan que existe un acuerdo tácito entre las fuerzas enfrentadas, pues sus acciones son comunes: son ejércitos de ocupación, pues entran sin permiso en nuestros territorios, se establecen cerca de nuestras viviendas y actúan desconociendo los intereses de nuestra gente; se establecen en nuestras casas de cabildos, escuelas, centros de salud, casas de la cultura y nos obligan a transportarnos en nuestros vehículos de trabajo. Ahora, no entendemos los motivos del Ministerio de Defensa de bautizar sus operativos con el nombre de nuestros pueblos, y caciques, pues cuando ello se hace tiene dos pretensiones: bien legitimar ante el contrario que es una acción indígena; otra la de ser una acción dirigida para arrasar a quienes se identifican con el nombre de la acción, es decir, que el arrasamiento del pueblo Yanacona en el Macizo colombiano, así como de la comunidad Juan Tama en Santa Cecilia, Puracé, entre otros.
En este tema somos enfáticos señor Presidente: así como hemos rechazado y prohibido a la subversión y al paramilitarismo usar nombres de nuestro lideres, pueblos y caciques, reclamamos del Estado colombiano respetarlos igualmente, no usándolos, principalmente para asuntos de guerra y confrontación. Ello en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, ya que de esa forma nos están involucrando, sin nosotros quererlo, como actores del conflicto.
El mundo sabe que nuestras comunidades han respondido de forma inmediata cuando sienten agredidos sus territorios y culturas, activando diversas formas de resistencia, entre ellas la guardia indígena, las asambleas comunitaria y eventos de reflexión con otros sectores organizados de la población, todo enmarcado en formas de participación comunitaria real, en ultimas para hacer vigente el modelo que los colombianos reclaman a gritos: La democracia dentro de un Estado Social de Derecho.
Por lo anterior, mantenemos, al igual que hace ya 17 años, nuestra exigencia “(...) por todos los medios que estén al alcance de los cabildos y nuestra organización que el gobierno abandone la política de represión a nuestras comunidades (...)” y que, por el contrario formule acciones y políticas que garanticen la vigencia de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, disminuya el sentimiento guerrerista, apoye las iniciativas de diálogos regionales, promueva la inversión social, fomente la participación y logre combatir, también, al principal enemigo de las sociedad: la corrupción administrativa.
Cordialmente,
CONSEJEROS MAYORES CRIC
ANATOLIO QUIRA
Consejero Mayor
RICARDO GEMBUEL
Consejero Mayor
CLIMACO CHICANGANA
Consejero Mayor.
