Hemos venido sosteniendo sin temor a equivocarnos que la política convenida para el Chocó es la del exterminio de sus comunidades negras e indígenas, por ello no hemos dudado en denunciar el etnocidio que están cometiendo. La grave crisis de derechos humanos denota claramente la intención deliberada de extinguir a los negros e indígenas de la geografía del pacífico o de someterlos a una singular forma de esclavitud en función de los intereses del capital nacional e internacional que ven en sus territorios parte de "la mejor esquina de América".
La historia y el sentido común nos llevan a relacionar el etnocidio de las comunidades indígenas y negras con la implementación de los megaproyectos económicos diseñados por el Estado, organismos multilaterales y las transnacionales que buscan beneficiarse unilateralmente de los inmensos recursos naturales, a través del terror impuesto por las masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y los desplazamientos masivos; desconociendo que estos recursos han sido salvaguardados desde tiempos remotos gracias a la conciencia preservacionista innata de los pueblos nativos de la región y que han sido la base de su supervivencia.
Pero Ustedes podrán decir que nuestras denuncias son un simple discurso retórico que va en contravía de la visión moderna del desarrollo y del papel que debe cumplir Colombia en el escenario internacional, incluso algunos podrán justificar lo sucedido argumentando que se trata sencillamente de la cuota de sacrificio que nuestro país debe poner en aras de no ser aislado de la comunidad internacional en el actual mundo globalizado.
Pero permítannos disentir de esa particular visión de la realidad y de las razones que subyacen en la política etnocida que denunciamos, en primer lugar porque es nuestro deber defender y promover la vigencia los derechos de los pueblos, de su libre autodeterminación, del territorio, la cultura y los derechos humanos, y en segundo lugar, porque es inaceptable que la vida y la libertad de los seres humanos se supedite al imperio de un modelo económico excluyente y discriminatorio.
Esa intersección entre crímenes de lesa humanidad y megaproyectos económicos se muestra patética a raíz del diseño de los Planes estratégicos para la región del pacífico, tales como el Plan del Desarrollo Integral para la Costa Pacífica -PLADEICOP-, "El Plan Pacífico: Una nueva dimensión para Colombia" y Agenda Pacífico Siglo XXI, iniciativas impulsadas desde años atrás en el país y que "muestran la excelente ubicación geográfica de Colombia y sus enormes riquezas naturales, con el ánimo de ofrecer grandes oportunidades para la inversión multinacional(1)". Destacándose entre sus potencialidades económicas la pesca, la madera, la minería fluvial y marítima, los cuales no han sido lo suficientemente explotadas, y reconociéndose al Choco biogeográfico como nueva ruta comercial y de consolidación del mercado internacional en el marco de la globalización de la economía.
Bajo estas premisas se propuso la ejecución de obras de infraestructura de gran envergadura como: Construcción del Canal Interoceánico Atrato - Truandó, Construcción del Puente Terrestre Interoceánico entre Bahía Candelaria en el Atlántico y Bahía Cúpica en el Pacífico, Transversal Cúcuta - Bahía Solano, para unir por carretera el oriente del país con el Pacífico, Transversal Medellín - Quibdo - Nuquí, Terminación de la carretera Panamericana, para ello se requiere el destaponamiento del Darién y así unir Centro América con Sur América, Poliducto entre Buga y Bahía Málaga, Carretera Popayán - López de Micay y varios proyectos Hidroeléctricos por el río Atrato.
Este primer tipo de obras fue apoyado por la UNICEF, impulsadas por empresarios e industriales del Valle agremiados en la Corporación del Valle del Cauca -CVC- y aseguradas con la construcción de la base naval del Pacífico en la Bahía Málaga desde principios de la década del 80.
En los inicios del noventa se formuló el Plan Pacífico "respondiendo a las directrices del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, el Banco Mundial -BM- y Global Enviromental Facility -GEF-, que ven al Pacífico colombiano como un banco genético por su gran endemismo y biodiversidad. Por ello el centro de los planes ya no es la infraestructura (sin que ella sea descartada) sino la riqueza ambiental. Esto obliga al gobierno central a zonificar ecológicamente la región y a diseñar un Plan para su protección como requisito básico para poder acceder a la negociación de créditos de financiación con la banca mundial(2)".
El sector energético se desarrolla más ampliamente en esta versión priorizando la construcción de hidroeléctricas y sistemas de interconexión en Juradó, Pizarro, Timbiquí, Guapí, Ungía y Bocas de Satinga. Además promoviendo el programa ambiental, el Proyecto Biopacífico, éste último con inversión del Ministerio del Medio Ambiente, el PNUD, El Fondo Mundial para el Medio Ambiente -GEF- y la Cooperación del gobierno Suizo. También otros programas de cooperación internacional como el Convenio Corporación del Valle del Cauca - Holanda en la ensenada de Tumaco; CVC - Comunidad Europea; el Proyecto Guandal administrado por Corponariño que investigó modelos alternativos para el aprovechamiento de bosques en el municipio de Olaya Herrera.
Una reciente versión del desarrollo del Pacífico está inscrita en el plan nacional de desarrollo 1999 - 2002 del Presidente Andrés Pastrana que "recoge las propuestas de los diferentes planes y centraliza las políticas a desarrollarse en la región(3)" con el objeto de canalizar eficientemente y dar una salida contundente a cada uno de los componentes de la estrategia global del Plan para el Pacífico.
Pero, esta planificación del desarrollo de la región pacífica que busca la inserción de Colombia en el mundo globalizado, con amplias inversiones del capital público y privado, nacional e internacional se superpone con la cruda realidad que padecen las comunidades negras e indígenas del Chocó. En las zonas del bajo y medio Atrato donde es abundante la explotación maderera por compañías como Maderas Del Daren, Pizano S.A. y tiene intereses la TRION de EEUU y se proyectan centros industriales en los municipios de Riosucio, Acandí y Unguía y un Puerto Multinodal en Quibdó al servicio del Canal Interoceánico el proyecto paramilitar ha apuntalado la estrategia de control y exterminio.
El accionar paramilitar desde 1996 ha sido sostenido con el ánimo de desplazar a la población, ambientando un régimen del terror con asesinatos selectivos de líderes comunitarios y de pobladores en general a quienes acusan de ser auxiliadores de la guerrilla. Ingresaron al Atrato concatenados con patrullas del Ejército Nacional en febrero de 1996, desde Bajirá en el Urabá Antioqueño. El 20 de diciembre incursionaron en el municipio de Riosucio amedrentando a la población, asesinando a varios campesinos, desapareciendo forzadamente a otros y obligando a los moradores a abandonar sus tierras. Para ello descuartizaron, decapitaron, abrieron los estómagos de las víctimas para lanzar sus cuerpos a los ríos e impedir que fueran recuperados por sus familiares. Jugaron con partes cercenadas del cuerpo humano mientras torturaban hasta causar la muerte, despedazaban con golpes y machetes.
Los niños, ancianos y las mujeres tampoco se han escapado a la barbarie. Incendiaron las viviendas, los centros de salud, las escuelas, destruyeron los productos agrícolas, controlaron la alimentación, las embarcaciones, los caminos, la extracción de la madera. E impusieron su régimen de terror a través del miedo para moldear la vida cotidiana conforme a sus designios criminales.
Esta arremetida paramilitar conllevó a un éxodo masivo de entre 15.000 y 17.000 desplazados y provocó que Human Rights Watch hiciera "responsable a las fuerzas del Estado de los asesinatos y desapariciones forzadas por parte de los paramilitares, los cuales aparentemente promovieron y ciertamente no evitaron a pesar de haber tropas en el área(4)". En escaso tiempo extendieron su accionar criminal desde El Cacarica, subiendo por el Atrato hasta Curvaradó, incursionaron en veredas y corregimientos.
En mayo de 1997 los paramilitares tomaron el control del Medio Atrato, instalaron un retén permanente en Vigía del Fuerte, a escasos metros del comando de la policía; de igual manera instalaron retenes ocasionales en numerosos lugares del Medio Atrato y en cercanías de Quibdó, sin que las autoridades policiales y militares hubieran hecho algo por impedirlo, tal como lo constató, entre otras veces, la comisión de verificación el 4 de noviembre de 1999, en la que participaron muchas de las personas e instituciones hoy convocadas.
Claro que la "omisión" en la ejecución de medidas tendientes a reprimir la criminalidad de los grupos paramilitares, se constituye en una forma activa de actuar, es decir, el papel de los organismos de seguridad del Estado hace parte de la táctica de negligencia intencional. El retén de Vigía del Fuerte sólo fue levantado, una vez salió el Ejército de la localidad, a donde había llegado luego de la incursión guerrillera de las FARC - EP el día 25 de marzo de este año.
La agresión a las comunidades del Medio Atrato en los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte, Bojayá y área rural de Quibdó desde la penetración del paramilitarismo ha sido sistemática y persistente, atacando a muchos de los líderes comunitarios y pobladores en particular a quienes buscaban en sus viviendas, bajaban de las embarcaciones, y asesinaban selectivamente; promovían el desplazamiento en las comunidades, muchos de cuyos miembros han sido forzados a abandonarlas, llegando a la cabecera municipal de Quibdó donde las autoridades locales y nacionales han desatendido todas sus necesidades. Incluso a través de la fuerza los han desalojado en las tomas pacíficas que buscaban solución a sus problemáticas.
Sin embargo, de manera colectiva y a través de sus organizaciones naturales las comunidades han promovido la defensa del territorio. La inmensa mayoría de la población del Medio Atrato ha resistido en la zona proclamando su autonomía frente a los actores del conflicto armado.
Otras de las formas de resistencia de las comunidades han sido manifiestas. La huida al monte en los momentos de arribo de los paramilitares ha salvado la vida de innumerables pobladores, no obstante el hambre los agobie. La organización comunitaria en la zona del río Jiguamiandó, y la comunidad de Bartolo les ha dado las fuerzas para no abandonar los territorios cultivados y por ellos defendido. Las comunidades de Paz, en San Francisco, Pavarandó, Turbo han servido para luchar el retorno con dignidad, no obstante la desidia estatal y la estigmatización por parte de las Fuerzas Armadas.
La situación de las comunidades indígenas no ha sido diferente y corrobora el genocidio contra estas etnias en el Chocó. El municipio de Juradó donde habitan los Embera y Wounaan asentados en 10 comunidades, es una zona estratégica en la cual se creó el área de manejo especial del Darién de interés binacional con Panamá y se explota desde la década del sesenta la madera por conducto de comerciantes del interior del país. Allí se proyecta la construcción de una hidroeléctrica.
La consolidación de estos proyectos económicos a espaldas e incluso en contra de las comunidades indígenas se ha logrado en parte a través de la victimización de muchos de sus miembros. Desde que empezó a desarrollarse mecánicamente la extracción de la madera con gran deterioro ambiental, la oposición de los indígenas se silenció con el asesinato de algunos de sus Gobernadores y líderes. Igual situación se ha visto reflejada con la construcción de la central hidroeléctrica a raíz de lo cual fueron asesinados el 8 de agosto de 1999 Argemiro Chajito Gobernador Indígenas, Porfirio Chajito miembro del Cabildo Mayor y un menor de edad por parte de un grupo paramilitar que llevaba un listado con nombres de varios de ellos, la cual había sido suministrada por la Armada Nacional, según testimonios del lugar.
Ambos indígenas habían manifestado públicamente que no estaban de acuerdo con la implementación de este megaproyecto en Juradó, porque no se habían acatado las exigencias hechas al gobierno en relación con el cumplimiento de la Ley ambiental y étnica y el respeto a los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas de Guayabal de Partadó y Aguacaliente impactadas por el proyecto.
Las comunidades indígenas del 20, Sabaletas, el Abejorro asentadas en el municipio de El Carmen de Atrato, rico en minerales como el oro y en agricultura no se han escapado del accionar paramilitar. La carretera que conduce hacia Quibdó, generalmente custodiada por personal militar adscrito al batallón Cacique Nutibara de la IV Brigada del Ejército ha sido básicamente el epicentro de la actividad criminal contra los campesinos e indígenas de esta zona del Chocó provocando como consecuencia el desplazamiento forzado de cientos de ellos, que se hacinan de manera inhumana en la cabecera municipal.
Los indígenas han contrarrestado esta situación, retornando a sus territorios movidos por su profundo apego a la tierra y a la defensa de sus costumbres y tradiciones, sin embargo esta circunstancia ha conllevado a su permanente estigmatización como colaboradores o auxiliadores de la insurgencia por parte de las fuerzas armadas del Estado y los grupos paramilitares.
Mientras se acelera el camino hacia el aniquilamiento de los negros y los indígenas, para hacer prevalecer los réditos del capital, nos inventamos también para resistir los caminos de la solidaridad. Y esta solidaridad y fraternidad igualmente se debe extender a los campesinos de nuestra patria y en especial a los del Chocó y Oriente Antioqueño, estos últimos también perjudicados por la horda de terror impuesta por el Estado para consolidar proyectos económicos de gran importancia.
Esta zona del departamento de Antioquia es de gran valor para los inversionistas porque entre sus planes se diseñó como centro de industrialización, turismo, comercio y producción energética; y el papel del Estado se ha limitado a la implementación de las obras de infraestructura tendientes a multiplicar ese el capital privado desplazando al campesino y exponiendo la seguridad alimentaria de los colombianos en beneficio de aquellos. Y a militarizarla con la creciente creación de batallones del Ejército que han favorecido a implementación del proyecto paramilitar.
La propiedad de la tierra por parte de los campesinos ha cedido por la presión de los latifundistas y empresarios en su afán de expansión para fincas o lugares de recreo, la ganadería y el riego y conservación de los recursos hídricos para los embalses.
Los móviles de los asesinatos selectivos de muchos líderes comunitarios se han reflejado en su compromiso con los proyectos sociales que buscan garantizar la supervivencia de los campesinos, que luchan por planes de desarrollo alternativos, porque las obras de infraestructura beneficien a comunidades enteras y no los hatos de unos cuantos.
Luego del exterminio de los líderes o de su desplazamiento forzado como medio para salvar la vida, el terror se ha manifestado a través de las incursiones paramilitares que han asesinado masivamente a pobladores de los municipios del Oriente Antioqueño. En zonas de fuerte presencia militar, como ocurre en el municipio de San Carlos o la autopista Medellín Bogotá por ejemplo, los pobladores han sido víctimas de masacres o desapariciones masivas como las ocurridas en la Vereda la Esperanza del municipio de Cocorná en junio de 1996 con participación de efectivos de la Fuerza de Tarea Águila del Ejército Nacional.
El 1º de noviembre del año que avanza 19 habitantes del municipio de Granada fueron asesinados encontrándose coincidencialmente en esa localidad el batallón Granaderos.
A las víctimas se les ha acusado incesantemente de ser auxiliadores o aliados de la insurgencia, y desde esa óptica, se les considera parte del enemigo interno al que hay que combatir, legitimando y justificando la estrategia paramilitar y consecuentemente su accionar criminal. La impunidad ha sido una de las herramientas con la que han asegurado la consolidación y continuidad del modelo de control social que pretenden imponer.
En toda esta geografía habitada por seres humanos que luchan día a día por subsistir como pueblos y rescatan la dignidad por encima de los intereses económicos que subyacen en el proyecto paramilitar, hay evidentemente presencia guerrillera de las FARC EP, E.L.N y el ejército revolucionario Guevarista. Estas organizaciones insurgentes operan desde hace ya varias décadas en el Chocó y Oriente Antioqueño.
Es claro que la disputa por el control de áreas afectadas por la estrategia paramilitar ha ocasionado la infracción a los convenios internacionales que regulan el conflicto armado. En no pocas ocasiones han perjudicado a la población civil y cometido actos que atentan contra la seguridad y los bienes y de esta.
Estos hechos se manifiestan en asalto a botes donde los campesinos transportan combustible o alimentos; ajusticiamiento de personas acusadas de ser auxiliadores o informantes del ejército o de los paramilitares; ocupación de los Territorios de Comunidades Indígenas y Negras, usurpando el ejercicio de las autoridades propias, al imponer normas y prácticas que desestabilizan a estos Pueblos; reclutamiento forzado a jóvenes indígenas; vinculación de menores de edad a sus filas.
Como expresión de la confrontación armada con el estado, la insurgencia ha incrementado sus acciones de guerra en el área chocoana con las tomas de Juradó, Vigía del Fuerte, Bellavista, Carmen de Atrato y Bagadó.
Efectos de estas acciones en la población civil ha sido el pánico que ha conllevado en repetidas ocasiones al desplazamiento, en donde las instituciones del estado no han asumido su responsabilidad en la atención social a estas comunidades, sino que por el contrario ha aumentado la militarización con la consecuente represión.
Por todo lo anterior urge la solución política al conflicto armado y un acuerdo con el Estado que regule los comportamientos dentro del mismo.
Nuestro compromiso con la Verdad, la Justicia y la reparación del daño social y moral que se ha causado con tanto dolor, con tanta muerte es inclaudicable. Con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, negros y campesinos que persisten y resisten por defender la vida, la cultura y su territorio. Por esto necesitamos su participación y apoyo.
Agradecemos la solidaridad de todos Ustedes con los pueblos negros, indígenas y campesinos del Chocó y Antioquia, el apoyo que nos brindan y el compromiso serio y decidido que adquieren en el marco de la Campaña. Pero es también el momento para rescatar y valorar la Resistencia de las comunidades afectadas por los crímenes de lesa humanidad para salvaguardar y defender la vida de sus miembros, su cultura y territorio. Y para gritar con todas las fuerzas que la esperanza es la guía que nos da la fortaleza para luchar por la paz y la dignidad.
DI"CESIS DE QUIBD"
OREWA
ACIA
CORPORACI"N JURÍDICA LIBERTAD
PAZ Y TERCER MUNDO
