Las organizaciones indígenas, campesinas y campesinos sin tierra del oriente boliviano, reunidas en Santa Cruz el 25 de noviembre, ante la arremetida violenta por motivo de la tenencia de tierras, la impunidad y nuestro derecho a la vida y a la propiedad, denuncian los atropellos ante la comunidad internacional
La violencia contra campesinos e indígenas y las instituciones y profesionales que nos apoyan son la respuesta de los acaparadores de tierras, y la colaboración e impunidad son la respuesta del Estado. Los ganaderos y acaparadores ilegales recurren al asesinato y montaje de sicarios contratados y grupos armados para acallar las demandas de los sectores sociales y encubrir sus fraudes. La impunidad de que gozan y la protección por parte de las autoridades políticas, judiciales y policiales, está convirtiendo el crimen organizado contra indígenas y campesinos en el arma preferida para impedir la redistribución de tierras ociosas y fraudulentamente obtenidas.
De los hechos de violencia y la colaboración e impunidad que los acompañan, son ejemplo los siguientes:
- La sentencia por "homicidio en riña", con beneficio de excarcelación a favor de los asesinos que dieron muerte con armas de fuego a 6 campesinos e hirieron a otros 23 en Pananty, zona del Gran Chaco;
- La reacción tardía de las autoridades que provocó 4 muertes, en los últimos días en Yapacaní, pese a las denuncias acerca de la presencia en la zona de sicarios armados, asentados en campamentos y provistos además de instrumentos de tortura;
- La detención de 4 campesinos del Sindicato Agrario Nueva Jerusalem,cuyas
viviendas fueron destruidas y quemadas, con el apoyo de la Policía, por orden del ex Subprefecto de la Provincia Sara;
- La violenta represión contra los campesinos de Canandoa para desalojarlos de sus tierras y favorecer a una terrateniente del lugar en diciembre pasado;
- La total ausencia de investigación y sanción a los responsables del secuestro e intento de asesinato de uno de los asesores legales del pueblo Chiquitano de Monte Verde por parte de ganaderos y personas armadas en septiembre de 2001;
- La quema de casas de la comunidad campesina de la Enconada y el desalojo violento empleando los servicios de sicarios armados, en octubre de 2001;
- La amenaza de muerte que corre en contra de los dirigentes indígenas Mojeños.
- La violenta agresión contra el Reverendo Padre Dr. Enrique Jordá y un funcionario de CIPCA el pasado domingo 24 de noviembre de 2002, en el Municipio de San Ignacio de Moxos departamento Beni, provocado por ganaderos que se oponen al saneamiento de tierras.
- Las constantes y diversas amenazas públicas contra las instituciones y profesionales que nos apoyan en la defensa de nuestros derechos.
La escalada de violencia en el país y en especial en el oriente, es provocada por las constantes irregularidades y la corrupción del INRA en la ejecución del saneamiento de la propiedad agraria, así como en el control de las instancias públicas que administran el proceso agrario, la justicia y los órganos de gobierno en general por parte de los terratenientes. La solución debe trascender a la mera formalidad de sustituir una autoridad por otra.
La inequidad en la tenencia y acceso a la tierra y los recursos naturales está reflejada en la existencia de latifundios ociosos e improductivos frente a cientos de miles de mujeres y hombres que tienen tierras insuficientes o simplemente no las poseen. El Plan Tierra anunciado por el Gobierno no establece soluciones efectivas a la problemática a tal punto que para los sectores indígenas y campesinos representa una amenaza y un retroceso.
Por lo tanto exigimos:
1. Que se aplique justicia en todos los casos de violencia contra indígenas y campesinos, la agresión física contra el Padre Dr. Enrique Jordá y contra un miembro de CIPCA, así como la formación de grupos armados para amenazar, agredir y amedrentar a nuestras comunidades y organizaciones y a las instituciones y profesionales que nos apoyan.
2. Que el INRA sea reinstitucionalizado para garantizar transparencia, legalidad e imparcialidad en la administración y ejecución del proceso
agrario. Los funcionarios tienen que ser escogidos en concurso de méritos y exámenes de competencia La re-institucionalización debe contar con la participación de la Iglesia Católica y otros organismos representativos así como con una veeduría internacional.
3. Que las tierras fiscales sean de inmediato destinadas a la dotación y tituladas en el menor tiempo a indígenas y campesinos y de ningún modo a empresarios.
Las organizaciones indígenas, campesinas y campesinos sin tierra del oriente aglutinadas en un bloque social nos declaramos en estado de alerta y movilización frente a las agresiones de que somos víctimas y la pasividad y complicidad del estado frente a los sectores ganaderos y terratenientes causantes de la violencia.
Exigimos que se aplique la legalidad vigente en materia agraria y que impere la justicia.
Santa Cruz de la Sierra, 26 de Noviembre de 2002.
Bloque Social - Organizaciones Indígenas y Campesinas del Oriente
