El evento, que tuvo lugar entre el 9 y el 11 de Mayo, revistió gran importancia para los grupos étnicos. En el caso de los pueblos indígenas de Colombia, se presentaron propuestas concretas generadas a partir de las discusiones que se dieron en el marco de la Mesa Nacional de Paz Indígena.
Aunque los indígenas expusieron su punto de vista en cada una de las siete comisiones que compusieron el encuentro, se hizo especial presencia en las mesas de resistencia civil y derechos humanos; reforma política; y territorio, narcotráfico y reforma agraria.
Aunque en cada comisión se manejaron planteamientos muy concretos, en términos generales se planteó la problemática de violencia que actualmente enfrentan los pueblos indígenas, generadas tanto por el conflicto armado como por las políticas económicas del Estado que no garantizan los derechos colectivos de las comunidades.
En las comisiones de resistencia civil y derechos humanos, que para los indígenas se constituyó en el espacio más importante de opinión, se hizo énfasis en el fortalecimiento de los gobiernos indígenas y de la autonomía territorial. En ese sentido, ratificaron su condición de pueblos autónomos que apelan a la resistencia indígena para repeler la guerra, plasmada en estrategias como las guardias civiles, las movilizaciones masivas, las comisiones de búsqueda, los territorios de refugio y los territorios de convivencia.
La comisión de resistencia civil, moderada por Carlos Rosero, (representante de las comunidades negras), José domingo Caldón, directivo de la organización Indígena de Colombia (ONIC) y Abadio Green, presidente de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), se convirtió en la mesa de los grupos étnicos, hecho que permitió unificar las propuestas de todos los grupos étnicos.
José Domingo Caldón, moderador en la comisión, aseguró a Actualidad Étnica que, “ante la delicada situación de orden público, la posición de los indígenas en el congreso es buscar que el mensaje de los pueblos llegue a los actores del conflicto, para que respeten los territorios, las tradiciones culturales y no se inmiscuyan en las decisiones de los cabildos”. Igualmente, destacó que “las autoridades indígenas concluyeron que hay cuatro principios que consideran innegociables: el derecho a su territorio, derecho a la biodiversidad cultural, derecho a la autonomía territorial y derecho a la toma de decisiones propias”. También expresó la necesidad de iniciar campañas de resistencia en todos los niveles, no sólo indígena, para que se involucren las comunidades afrocolombianas y campesinas.
En su propuesta, los indígenas manifestaron que, para lograr una salida pacífica al conflicto, se debe llegar a un diálogo que comprometa a las partes en conflicto, que excluya a los grupos étnicos y a la población civil de la confrontación. En ese sentido, Caldón expresa al respecto que “cualquier proceso de negociación que no tenga la participación de los distintos sectores de la sociedad, es un proceso que nace cojo, que nace inválido”.
En igual sentido se expresó Abadio Green, quien expuso su preocupación por los últimos acontecimientos ocurridos en los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte. “Se hace más difícil el restablecimiento de la confianza nacional en la solución política por parte de los indígenas y afrocolombianos” puntualizó el dirigente indígena.
La propuesta indígena
Durante los tres días que duró el Congreso, los indígenas abordaron los temas de discusión con un manifiesto de cuatro puntos, generados en el seno de la Mesa Nacional de Paz Indígena, y que sirvió como la carta de navegación para todas sus deliberaciones. Miremos punto por punto:
· Proceso de negociación, paz y país
Se planteo el problema de violencia que viven los pueblos indígenas generado tanto por el conflicto armado como por las políticas económicas del Estado que no garantizan los derechos colectivos de las comunidades. Ratificaron su posición de autonomía frente al conflicto armado que vive el país en defensa de sus vidas, territorio y cultura. Consideraron que es necesario un proceso participativo concreto en búsqueda de la paz, que reconozca la realidad cultural, territorial, política y étnica de Colombia.
Plantearon una discusión abierta, de cara al país, donde tengan el derecho de decirle a los grupos armados y al Gobierno lo que piensan y quieren en relación con la paz, el ordenamiento territorial, reforma agraria, planes de desarrollo, y el derecho de decidir sobre el tipo de sociedad que quieren. La participación directa en las mesas de diálogo cuando estas se instalen, sin hacer parte de las comisiones negociadoras de ninguna de las partes armadas. Consideraron que la participación de las organizaciones sociales en estos procesos “impiden que las presiones de los sectores militaristas del país y de la comunidad internacional puedan alterar tan fácilmente estos procesos, como lo sucedido con la zona de despeje hace algunos meses”.
· Reforma política
Los pueblos indígenas decidieron llamarle a este punto “Cambiar la forma de mandar y cambiar a los que mandan”, y, en este sentido, expresaron que “es prioridad devolverle al país la soberanía sobre sus decisiones políticas y económicas al interior, como impedir la venta del país al primer comerciante que aparezca”. Ven la necesidad de que impere el pensamiento y la legalidad democrática bajos los parámetros del Estado Social de Derecho, mediante la ampliación y real ejercicio de los derechos políticos y civiles.
Durante el congreso, exigieron la reestructuración de las fuerzas armadas y que se desmonte el terrorismo de Estado que actúa mediante “leyes totalitarias y grupos paramilitares”. Es para ellos necesario construir un verdadero Estado multiétnico, tanto en lo territorial como en lo político, mediante el reconocimiento de los territorios y gobiernos indígenas, de los afrodescendientes y raizales. Esto implica la formación de un Estado con regiones autónomas independientes en sus decisiones sobre recursos naturales, educación, megaproyectos, medio ambiente, salud y cultura.
· Aportes sobre política agraria y narcotráfico
Sobre este tema consideran que sus territorios ancestrales son reconocidos como una realidad anterior al Estado, ratificando su autonomía cultural, política, administrativa y presupuestal. Exigen el reconocimiento de su patrimonio colectivo, representado en un legado cultural vasto, conocimientos tradicionales, recursos renovables y no renovables, biodiversidad, obtenciones vegetales y recursos genéticos que tienen origen en sus respectivos territorios.
Para los pueblos indígenas “cualquier proyecto de paz para Colombia implica una oposición al narcotráfico, pero también un no rotundo a la cruzada de los Estados Unidos contra las drogas”. Por esto, su proyecto de paz está basado en el principio “paz entre los hombres y de los hombres con la naturaleza, pues la producción cocalera, ha generado no sólo la pauperización y descomposición social de las comunidades rurales del país (indígenas y campesinas), sino también la destrucción sistemática de los bosques, la flora, la fauna y los recursos naturales. Reconocen que el narcotráfico es un problema nacional cuya causa es la permanente crisis social y económica del país, y en tal sentido su erradicación será posible “con una real justicia social”.
Con respecto a la reforma agraria, consideraron que ésta debe tener como horizonte la soberanía alimentaria del país, mediante la redistribución de la gran propiedad rural en manos de terratenientes, y el respeto de las propiedades indígenas, afrocolombianas y campesinas; la adopción de una política alimentaria que garantice subsidios y créditos de fomento a la producción agrícola y agroindustrial, y el rechazo a los alimentos y semillas transgénicas.
Por ello reclamaron por el establecimiento de un “orden ambiental que garantice la subsistencia de la naturaleza y de la sociedad, que proteja los territorios indígenas y negros de la explotación capitalista y garantice agua y aire para todos”.
· Aportes sobre resistencia y acuerdos humanitarios
Frente a la situación de conflicto, las estrategias principales de resistencia de los pueblos indígenas son el fortalecimiento de los gobiernos indígenas y el control territorial. Ratifican su condición de pueblos indígenas autónomos, mediante la resistencia indígena a la guerra, plasmada en las guardias civiles, movilizaciones masivas, comisiones de búsqueda, territorios de refugio, territorios de convivencia, etc.
Dicen abiertamente que “de acuerdo con nuestra historia y leyes de origen, y de acuerdo también con la Constitución Política, estamos ejerciendo gobierno y control territorial, y no vamos a renunciar a hacerlo”. Reivindican el derecho a mantener las exigencias y la búsqueda de compromisos humanitarios por parte de los grupos armados, que incluyan particularmente el respeto a los territorios y a los pueblos indígenas.
Las reflexiones
Para el investigador y sociólogo Alfredo Molano, experto en el tema de conflicto armado, y quien se hizo presente en la mesa internacional, explicó a Actualidad Étnica que difiere con el gobierno colombiano en cuanto al papel que ha desempeñado para proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas. “El gobierno se ha quedado corto en apoyar la iniciativa de las Entidades Territoriales Indígenas, no las ha apoyado, sólo las ha apoyado de palabra y éste es un proyecto muy importante para la consolidación de las comunidades, lo mismo que las zonas de reserva campesina, los resguardos; son formas de propiedad que deben ser acogidas y defendidas por el Estado de una manera airada” indicó.
Igualmente, manifestó su escepticismo ante la iniciativa de excluir a la sociedad civil frente a un posible proceso de negociación. “Eso de excluir de la guerra ciertas cosas no tiene sentido. Excluyamos, entonces, a las comunidades indígenas, a los niños, a la energía eléctrica. Es una ingenuidad, ya que los actores armados nunca han contemplado quienes son las víctimas. La guerra es una monstruosidad y lo que tenemos que hacer no es excluir cositas, sino rechazar radicalmente la guerra, oponernos a ella”.
Por su parte, Gloria Cuartas, ex alcaldesa del municipio antioqueño de Apartadó, opinó a Actualidad Étnica que para hacer respetar los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas en la zona del Urabá, “el Estado debe ser responsable por el respeto a la diversidad cultural y étnica; debe ser el primer tema en las agendas de los gobiernos, y no podemos continuar con un Estado arbitro de la crisis humanitaria que sólo se sienta a contar los muertos. El llamado es rodear la zona del Urabá porque allí esta nuestra riqueza”.
Del mismo modo, recalcó que la resistencia de las comunidades es muy importante para intentar salir de esta coyuntura. ”Las comunidades de paz de resistencia del Chocó, son un ejemplo de ello; todo depende de la unidad de las comunidades, sin importar las diferencias políticas, porque la unidad garantiza el derecho a vida y a sus territorios. Los indígenas y afrocolombianos no deben abandonar sus regiones y pedir a la comunidad internacional que acompañe los procesos comunitarios en las regiones”, puntualizó la ex mandataria.
