Más de 4000 indígenas de la etnia Páez de las comunidades Los Caleños, Betania, Villa Pinzón, San Juanito, La Fría, La Carbonera, El Nogal, Los Pinos, Las Brisas, Mateguadua y El Mirador, pertenecientes a los resguardos Triunfo Cristal Paez, Kwet Wala, Nasa Kwe´s Kiwe y Nasa Thá de los municipios de Florida y Pradera, marcharon para protestar en contra de la violencia que en sus territorios han desatado los grupos armados, propiciando el asesinato sistemático a líderes comunitarios, violación a los derechos humanos de los nativos, el desplazamiento forzado, el terror y la incertidumbre ante la muerte.
En cabeza de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), las comunidades han manifestado que: “es absolutamente falso que nuestras gentes y nuestra dirigencia se encuentren involucrados ni con la guerrilla ni con las autodefensas como ambos bandos pretenden hacer creer a la gente, en su afán de parcializar y polarizar la guerra sucia de intereses que llevan y que rechazamos en nuestros territorios”.
Uno de los problemas más graves que ha contribuido a la expansión, intensificación y degradación del conflicto armado en los territorios indígenas del departamento del Valle, ha sido la presencia de los cultivos ilícitos. Las comunidades aseguran que desde el mes de octubre, luego de un compromiso de sus autoridades tradicionales con el Gobierno Nacional, empezaron a erradicar manualmente estos cultivos, con el propósito de proteger la naturaleza y la salud humana de los nocivos efectos generados por insecticidas y pesticidas utilizados para dentro de la política de erradicación estatal. De igual forma, reconocen que algunos de sus miembros aceptaron la siembra de los ilícitos empujados por el hambre y la necesidad.
“Tenemos que manifestar que fueron relativamente pocos y que la mayoría de las comunidades siempre rechazaron a pesar de sus grandes necesidades y de la indiferencia de los Gobiernos, la siembra de estos cultivos, que solamente trajeron durante los años en que se implantaron, la descomposición moral de las familias, el vicio y la violencia, por lo cual y en vista de que ¡no hay una sola familia que se haya enriquecido o que muestre siquiera un pequeño bienestar, con estos cultivos!, las comunidades ordenaron a los Cabildos la erradicación de dichos cultivos ilícitos”.
Por otro lado, luego del compromiso y del arduo trabajo de erradicación, llegaron, como lo denuncian los dirigentes, las FARC EP a prohibir la erradicación, mediante amenazas a los líderes y a los Cabildos del municipio de Florida, expresando que no permitirán que se acaben los cultivos ilícitos en los territorios indígenas, porque a su juicio los más afectados serán los niños quienes morirían de hambre, y con la consigna constante de que quienes se opongan a esta voluntad serán objetivo militar.
Asimismo, en el municipio de Pradera, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) han amenazado a los líderes: “nuestros dirigentes se oponen a los abusos y latrocinios que cometen no solo contra los indígenas sino contra los campesinos a quienes están empobreciendo más aun, como queriendo obligarlos a salir de sus territorios como sea”.
Ante esta situación, las comunidades indígenas en su marcha pacífica le exigieron tanto a las AUC como a las FARC EP, que no lleven “esa guerra sucia” al interior de sus territorios tradicionales, que respeten sus vidas e integridad, y que de una buena vez entiendan que no son colaboradores de ningún bando y, que mucho menos: “somos sapos de las Fuerzas Armadas del Gobierno”.
También recabaron su derecho a cultivar al interior de sus territorios sus alimentos tradicionales, y que de ninguna manera admitirán “imposiciones de extraños sin ninguna autoridad dentro de nuestros territorios y menos que se trate de abusar de nuestras gentes con la intimidación de las armas”.
La marcha por la dignidad y la resistencia del pueblo indígena en contra de la violencia, que se prolongó durante más de 6 horas y que fue acompañada por la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, emitirá un documento público en el cual se plantea la posición de todas las comunidades frente al conflicto armado y sus actores.
