Gran parte de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos se reunieron este 25 de noviembre con el Vicepresidente Francisco Santos y con el Director del programa presidencial para los Derechos Humanos, Carlos Franco, para discutir la política de derechos humanos del gobierno Uribe.
En la presentación del Programa, su Director Carlos Franco expreso que el contexto en el que se desarrolla la propuesta es el de una profunda agudización del conflicto político y social en el país, siendo perentorio para el gobierno la armonización de las políticas en estas materias con la normatividad, tanto interna como externa. Para el gobierno nacional, se trata principalmente de desarrollar una política de prevención a las violaciones de derechos humanos, mas que del ejercicio de una política reactiva. Para ello, se ha venido desarrollando una evaluación de cada uno de los programas, siendo uno de los mas importantes, la utilización del instrumento de las Alertas Tempranas, pero ahora con una participación mas definida por parte de los organismos del gobierno, que son quienes deben activar la alerta.
El gobierno nacional ha venido desarrollando unas áreas de riesgo tales como el Oriente Antioqueño y el Departamento del Cauca, en las cuales el Estado, a través de toda su institucionalidad debe garantizar una presencia más integral. Señaló el Sr. Franco que es preocupación del Programa fortalecer la protección a personas vulnerables, los organismos territoriales de derechos humanos y generar una política mas estructurada sobre la cultura de los derechos humanos. Refiriéndose al alto índice de impunidad, manifestó el interés del gobierno en desarrollar un mecanismo de seguimiento a las detenciones de personas vinculadas a violaciones de derechos humanos.
Hablan las ONGs
Gustavo Gallón, Director de la Comisión Colombiana de Juristas, en representación de un grupo de ONGs de derechos humanos, expresó que a pesar del formato de la propuesta, existen amplias contradicciones con el gobierno nacional en cuanto a una política de derechos humanos se refiere. Tanto Gallón como otros miembros de las ONGs señalaron casos como los recientes allanamientos a las oficinas de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la militarización de la Justicia, representada en los recientes hechos de la Comuna Trece de Medellín caracterizado por “la compre de pruebas”, y la excarcelación del Ex embajador Marulanda, entre otros. Una política de derechos humanos debe partir por definir las garantías para los defensores de derechos humanos, de definir unos objetivos, unos escenarios, unos participantes y una metodología.
Tras una serie de denuncias y una replica del Vicepresidente Santos en la que aclara algunas de las denuncias presentadas, manifiesta el interés de habilitar un mecanismo permanente de interlocución con estas organizaciones, los cuales giraran en torno a temas como las garantías para los defensores, una política de seguridad y derechos humanos y los mecanismos de interlocución con el gobierno.
Por considerar de gran importancia para nuestros lectores el documento presentado por las ONGs, lo publicamos en su integridad.
Bogotá, 25 de noviembre de 2002
Doctor
Francisco Santos Calderón
Vicepresidente de la República
E. S. D.
De nuestra consideración:
En primer lugar, permítanos agradecerle su amable invitación a reunirnos con usted para presentar las propuestas del gobierno sobre la política de derechos humanos y escuchar nuestros comentarios sobre dicha presentación.
Siempre hemos sido partidarios del diálogo como herramienta adecuada para la gestión de los asuntos públicos en un Estado social y democrático de derecho. Por ello, valoramos positivamente esta iniciativa y, por medio de esta comunicación, queremos contribuir a establecer un intercambio fluido y eficaz, que redunde en medidas y políticas que apunten a superar la grave crisis de derechos humanos y derecho humanitario que afecta a Colombia.
Para desarrollar el diálogo resulta indispensable que las defensoras y los defensores, las promotoras y los promotores de la paz y sus organizaciones tengamos garantías para desarrollar nuestras actividades. Nadie en el Estado debe percibir nuestras acciones como inamistosas, antes por el contrario, deben ser apreciadas como lo que son: una contribución a la democracia y a la vigencia del Estado social y democrático de derecho. Como ha sido proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el ejercicio del derecho de todos los individuos a promover el respeto a los derechos humanos, “ninguna persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables y determine la ley” (Artículo 17, de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, Resolución aprobada por la Asamblea General 53/144)
Creemos que para lograr un intercambio de opiniones útil, este debe organizarse sobre los temas cruciales de la crisis de derechos humanos y establecerse reglas claras y transparentes que definan los objetivos del diálogo, los participantes, los escenarios y su metodología.
En este orden de ideas, en primer lugar presentamos los elementos que, a nuestro juicio, constituyen los temas medulares de una política seria en derechos humanos y en derecho humanitario. Proponemos, entonces, que el diálogo se realice sobre los siguientes temas:
1. Cuestiones que han caracterizado la situación de derechos humanos y de derecho humanitario.
1.1. Alto nivel de violencia sociopolítica:
1.1.1 Muertes y desapariciones (más de 20 diarias: 85% atribuidas a agentes estatales y grupos paramilitares, y 15% a guerrillas)
1.1.2 Desplazamiento (mil personas diarias: 60% por agentes estatales y grupos paramilitares y 40% por guerrillas; entre el 39% al 58% de la población desplazada son mujeres)
1.1.3 Secuestros (9 diarios: 60% por guerrillas, 18% por paramilitares, 30% por delincuencia común)
1.1.4 Ataques a poblaciones por parte de las guerrillas
1.1.5 Ataques a infraestructura por parte de las guerrillas (oleoductos, torres de energía, puentes)
1.1.6 Violencia común (30.000 homicidios por año)
1.1.7 Violencia sexual, prostitución forzada y esclavitud sexual de la cual son víctimas las mujeres por parte de los actores armados.
1.2. Alto nivel de impunidad:
1.2.1 Permanencia de casos de violaciones de derechos humanos en la jurisdicción penal militar
1.2.2 Ausencia de progresos en casos investigados en la Fiscalía
1.2.3 Desviación de funciones de la Fiscalía
1.2.4 Siete años más de impunidad frente a la Corte Penal Internacional
1.2.5 Impunidad para eventuales violadores de nacionalidad estadounidense
1.2.6 Impunidad por violencia de género
1.3 Creciente deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales:
1.3.1 Coeficiente de concentración de ingreso Gini: 0,54 en 1980. 0,57 en 1999
1.3.2 Índice de pobreza: 60%
1.3.3 Concentración de la tierra: 2% de propietarios poseen el 53% de la tierra
1.3.4 Índice de desempleo: 16% virtual, más de 30% real
1.3.5 Cobertura del sistema de salud: 57,5% en 1997, 53% en 2000
1.3.6 Población en edad escolar por fuera del sistema educativo: 21,5% (3 millones de niños y niñas)
1.3.7 Poblaciones más vulnerables: mujeres (54% de la población pobre, 52% de la población total), afro colombianos (80% de la población pobre
1.3.8 Permanentes violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas
1.4 Falta de cooperación internacional del gobierno con los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y desarrollo de cooperación que agrava la situación en materia de derechos humanos:
1.4.1 El gobierno no ha atendido las recomendaciones de la ONU, la CIDH y la OIT
1.4.2 La cooperación bilateral con los Estados Unidos se ha subordinado a los intereses de ese país y se ha utilizado para incrementar la capacidad militar y no para mejorar las condiciones sociales de las poblaciones de las zonas
1.4.3 El gobierno le ha dado prioridad a los compromisos pactados en los acuerdos con las instituciones financieras internacionales (FMI y BM), en detrimento de sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales, derivados de los tratados internacionales
La situación anterior se ha agravado por las medidas o propuestas adoptadas por el gobierno del Presidente Uribe, al menos en los siguientes aspectos:
2. Lo nuevo: incremento de la militarización y de la paramilitarización
2.1 Mayor involucramiento de la población civil en el conflicto armado:
2.1.1 Red nacional de informantes
2.1.2 Soldados campesinos
2.1.3 Extensión del servicio militar a las mujeres
2.1.4 Tendencia a la legalización de los grupos paramilitares a través de la negociación (Modificación a la ley 418) y eventualmente a través de las redes de informantes y los soldados campesinos
2.2 Persecución principalmente de la población civil: (considerando 3 del Decreto 2002):
2.2.1 Capturas, allanamientos e interceptaciones sin orden judicial (Casos de Arauca y la comuna 13 de Medellín)
2.2.1 Expulsión de extranjeros y restricción de su ingreso al país
2.3 Paulatina militarización del territorio (las zonas de rehabilitación y consolidación):
2.3.1 Jefatura militar: comandante de policía bajo las órdenes del comandante militar
2.3.2 Restricción de la circulación
2.3.3 Censo o registro de población
2.4 Desmantelamiento progresivo del Estado social de derecho a través de propuestas como las siguientes:
2.4.1 Restricción de la acción de tutela
2.4.2 Debilitamiento de la Corte Constitucional: tutela contra sentencias
2.4.3 Eliminación de las Personerías
2.4.4 Afectación de la Defensoría
2.4.5 Reducción de otras garantías judiciales a través de un nuevo proyecto de ley de seguridad
2.4.6 Sometimiento de la cooperación internacional a control gubernamental
2.4.7 Autorización de portar libremente armas de guerra
2.4.8 La acción de extinción de dominio
2.4.9 Restauración del régimen de estado de sitio
2.4.10 Eliminación del Estado social de derecho como principio constitucional
2.4.11 Desconocimiento del diálogo social y la concertación (Reformas laboral y pensional)
2.5. En cuestiones de cooperación internacional
2.5.1 Extensión de la cooperación militar estadounidense a la lucha contrainsurgente
2.5.2 Negativa a suspender las fumigaciones y la erradicación forzada de cultivos tipificados como ilícitos, estrategias que entrañan violaciones a los derechos humanos y a las normas humanitarias, como ha sido documentado entre otras, por la Defensoría del Pueblo
2.6 Ausencia de política de derechos humanos:
2.6.1 Conversión de la política de seguridad autoritaria en una política de derechos humanos
2.6.2 Auge de un populismo autoritario
2.6.3 Creciente intolerancia frente a la crítica
A lo anterior se suma la conducta de los grupos insurgentes:
2.7 Sin voluntad de paz y falta de compromiso con las normas humanitarias:
2.7.1 Continuación de los ataques contra la población civil y contra la infraestructura, mencionados en el punto 1.1
2.7.2 Negativa por parte de la dirección de las FARC a la intervención de Naciones Unidas para facilitar el diálogo
2.7.3 Amenazas a las autoridades locales elegidas popularmente
3. Lo que hace falta
3.1 Una política integral de derechos humanos (Interdependencia de los derechos humanos)
3.2 Que incluya una política de seguridad realmente democrática:
3.2.1 Que enfrente a todos los actores violentos
3.2.2 En favor de todos los sectores de la población, empezando especialmente por la población desplazada
3.2.3 Con escrupuloso respeto de la población civil, lo que implica especialmente tener a los derechos humanos como medio y como fin de toda acción estatal en materia de seguridad
3.2.4 Que asegure y exija el respeto a las normas humanitarias por parte de todos los combatientes
3.2.5 Que se base en el respeto al pluralismo
3.2.6 Que garantice los derechos económicos, sociales y culturales
3.3 Que mantenga abiertos espacios de negociación con los grupos insurgentes:
3.3.1 Para acuerdos humanitarios
3.3.2 Para eventuales acuerdos de paz
3.4 Que sea supervisada más eficazmente por la comunidad internacional:
3.4.1 Por el sistema interamericano
3.4.2 Por las Naciones Unidas
3.4.3 Por la Organización Internacional del Trabajo
3.4.4 Por países o comunidades de países (como Estados Unidos, la Unión Europea y países latinoamericanos)
3.5. Que se den espacios de interlocución con la sociedad civil como los siguientes:
3.5.1 Convocatoria y funcionamiento del Consejo Nacional de Paz
3.5.2 Creación de un mecanismo permanente para la implementación de medidas de protección y decisiones de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos (ONU, OEA, OIT)
3.5.3 Que se respeten los espacios de interlocución con los actores sociales
3.6 Que no se paralicen los programas de protección
3.6.1 Creación de un grupo bilateral (gobierno y beneficiarios) para el examen e implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de evaluación de los programas de protección
3.6.2 Medidas que garanticen la continuidad de los programas de protección y que tengan en cuenta los procedimientos acordados durante el tiempo que llevan funcionando
3.6.3 Que se realicen los acuerdos establecidos con los dos gobiernos anteriores sobre los archivos de inteligencia
Las organizaciones que suscribimos esta comunicación le proponemos abrir un diálogo sobre los puntos enumerados, para lo cual se pueden establecer grupos de trabajo que presenten el resultado de sus discusiones a las reuniones plenarias que periódicamente se realicen con la participación de las altas autoridades del Estado, que tengan capacidad de decisión en los temas y cuestiones que se discutan en cada una de las sesiones.
Es de suma importancia que este diálogo se realice sin pretensiones propagandísticas. A estos efectos deben dirigirse todos los esfuerzos a propiciar la seriedad y eficacia en las sesiones de trabajo y en las plenarias, garantizando para ello la preparación de las mismas y la participación de las personas competentes en el gobierno y el Estado para abordar los asuntos y, cuando sea pertinente, para decidirlos. Así mismo, consideramos que el carácter de las deliberaciones debe ser privado y sólo deben divulgarse los resultados de las deliberaciones mediante comunicados de prensa acordados previamente entre ambas partes.
Igualmente, sería conveniente tener en cuenta los resultados y avances de experiencias anteriores, en especial, el trabajo realizado por la Comisión de derechos humanos creada por el Decreto 1533 de 1994, expedido en desarrollo de los acuerdos de paz suscritos por el gobierno del Presidente Gaviria y la Corriente de Renovación Socialista. En esa Comisión se abordaron muchos de los temas que hemos planteado y se perfilaron soluciones que o no fueron aplicadas o, en el mejor de los casos, se promovieron aplicaciones incompletas e insuficientes.
Finalmente, sugerimos que para poner en marcha esta propuesta usted nombre unos delegados que conjuntamente con los designados por nosotros propongan los mecanismos y herramientas necesarios para poner en marcha, en un plazo que se convenga, el diálogo entre las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, las iniciativas de paz y el gobierno.
Con toda atención,
-Asociación de Ayuda Solidaria ANDAS
-Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos ASFADDES
-BENPOSTA Nación de muchachos
-Centro de Investigación y Educación Popular CINEP
-Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
-Comisión Colombiana de Juristas
-Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
-Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES
-Corporación de Servicios Profesionales Comunitarios SEMBRAR
-Corporación Regional para los Defensa de los Derechos Humanos CREDHOS
-Corporación Nuevo Arco Iris
-Corporación REINICIAR
-Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos
-INDEPAZ
-Planeta Paz
-REDEPAZ
-Red Nacional de Mujeres
-Fundación comité de Solidaridad con los Presos Políticos
-Justapaz
-Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
-Corporación Sisma Mujer
-Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
-Central Unitaria de Trabajadores
-Central de Trabajadores de Colombia
-Anuc-UR
-Fundación para el Desarrollo y la Educación Integral
-Nomadesc
-Fundación Hemera
-Fundación para el Desarrollo Social, la Paz y la Democracia
-Fundación Adviticorem
-Asociación Nacional de Desplazados “Advicora”
-Fundemujer
