La semana pasada el Fondo Monetario Internacional negó un auxilio de por lo menos 300 mil millones de pesos que el gobierno colombiano le había solicitado con el fin de destinarlos a la inversión social, desaire que motivó una fuerte reacción por parte del senador indígena Gerardo Jumí Tapias, quien afirmó que la falta de inversión social aumentará irremediablemente la violencia en Colombia.
El Senador indígena del Polo Democrático, Gerardo Jumí Tapias, sostuvo que la falta de inversión social por parte del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, aumentará irremediablemente la violencia en Colombia, especialmente en momentos en que la misión del FMI conmino al Banco de la República a aumentar las tasas de interés como mecanismo para controlar la inflación, decisión traumática pues la economía profundizará su recesión.
Indicó que el programa intensivo de ajuste fiscal para cumplir con las metas de inflación y de reducción del gasto público se traduce en el aumento de las condiciones precarias de vida de un porcentaje importante de la población colombiana.
“Estas decisiones producen incremento del desempleo, precarización de los salarios y de las condiciones de seguridad social e incremento de las personas bajo la línea de pobreza e indigencia”, señaló el congresista.
Es igualmente importante entender en este contexto, replicó el Senador Gerardo Jumí, que la recuperación económica aunque necesaria, no es suficiente para garantizar el crecimiento en términos de reducción de la pobreza, meta que todo modelo económico debe tener como punto esencial.
“Si éste no esta acompañado de una política de redistribución y aumento del gasto social (en salud, educación, vivienda etc), sólo conllevará a un incremento sostenido de la violencia que, difícilmente se resolverá con incrementar el gasto en seguridad del Estado”, indicó
Agregó que pensar en el crecimiento económico aún, a costa de empobrecer más a los más pobres, corresponde a una lógica de desarrollo basada en el aumento del ingreso percápita y del PIB que se distribuirá sólo entre unos cuantos.
Por lo tanto, explicó el congresista, la realidad es contundente, el gasto social no ocupa la prioridad dentro del gasto total de la administración publica y, constituye además, un elemento sacrificable dentro de las medidas de “ajuste fiscal”, atadas a compromisos “presupuestamente ineludibles” con el FMI. A lo cual se suma la persistente tendencia de las políticas de Estado a incrementar aun más la pobreza.
