Se cumplen diez años de promulgación de la Ley 70, que reconoció los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y territoriales de las comunidades afrocolombianas, y cuyos resultados revelan que son pocos los esfuerzos para que la población negra cuente con una política y un plan de desarrollo acorde con sus necesidades, expectativas y proyecciones.
Es por ello que representantes de más de 150 organizaciones afrocolombianas se reúnen en Bogotá para conmemorar y valorar el significado de la ley, sus impactos y alcances, en una población que asciende a más del 23% del total nacional.
“Para nosotros el 27 de agosto significa un peldaño más en este proceso, en la dinámica de reivindicación, de recuperación, de re-inserción a la vida nacional, regional y local de Colombia, como personas, como grupo, como pueblo. Esta fecha es nuestro referente, porque se logró condensar una primera lucha, que no es la única ni de pronto la más grande, pero que nos ha permitido generar muchos proceso locales y nacionales”, afirmó Katy Lorena Angulo Caicedo, Consejera Municipal de Juventud.
Para Hatan Mazof, delegado nacional por los desplazados ante la Secretaría Operativa de la Conferencia Nacional Afrocolombiana, uno de los principales logros está referido a la titulación colectiva. “A la fecha llevamos tituladas cerca de 4 millones 500 mil hectáreas de las 5 que contempla la ley. También podemos decir que con la ley se lograron algunos espacios de participación muy importantes, como en el CONPES, en las Corporaciones Regionales y en el Congreso de la República”.
Sin embargo, para el dirigente afrocolombiano en la medida que se titulan los territorios, también se incrementa la violencia, “lo que no permite que la gente pueda desarrollar sus actividades cotidianas para agilizar el desarrollo económico, social y cultural al interior de sus territorios, y es por esto que la gran mayoría de la gente está desplazada”.
Por ello las comunidades están exigiendo al Gobierno Nacional que, de forma inmediata, agilice los mecanismos que permitan hacer más coherente, eficaz y operativa la ley 70, mediante la reglamentación de cada uno de los 65 artículos que la conforman.
“Hasta el momento esta ley, en lo que tiene que ver con la aplicación por parte del Estado y con la implementación de los Planes de Desarrollo, ha sido un fracaso total”.
Panorama desalentador
Los afrodescendientes son uno de los sectores sociales con mayor vulnerabilidad en el país y a quienes se les niegan la casi totalidad de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Las cifras indican que el 80% de la población presenta necesidades básicas insatisfechas, el 60% está en situación de pobreza crítica, los ingresos per capita son de menos de 500 dólares al año, la esperanza de vida es tan sólo de 55 años, la tasa de mortalidad infantil es de un 40%, el 70% no tiene acceso a servicios públicos, la cobertura educativa es de 77% en primaria y 36% en secundaria. Para muchos dirigentes, la actual situación de pobreza, marginalidad y discriminación es herencia legítima de esa condición a la que estuvieron sometidos los afrodescendientes hasta hace 150 años.
Otro problema crítico se concentra en el tema de los derechos humanos, pues las zonas tradicionales de asentamiento están siendo afectadas por el conflicto armado, situación que es asumida por las comunidades mediante la incorporación de mecanismos de resistencia, sustentados en su fortaleza organizativa y en el arraigo cultural.
A lo anterior hay que sumarle la inexistencia de indicadores que posibiliten medir el impacto que provoca el conflicto armado a la etnia. Las entidades gubernamentales y estatales manejan cifras demasiado gaseosas que no evidencian cómo las comunidades negras son una población latamente vulnerable, especialmente en lo referido al desplazamiento forzado.
Sobre el particular, la Red de Solidaridad Social sostiene que, durante los últimos años, un 18.16% del total de población desplazada corresponde a comunidades afrocolombianas, siendo los departamentos de Chocó, Antioquia y Bolívar los que mayores registros presentan. Las principales ciudades receptoras siguen siendo Bogotá y Medellín, las cuales no cuentan con políticas tendientes a ofrecer alternativas de vida a los nuevos inmigrantes.
Para la concejal afrocolombiana por Bogotá, María Eufemia Lozano, los esfuerzos hechos por la administración y por la corporación son escasos. “Aunque existe un observatorio distrital que monitorea el número de personas que arriban a la ciudad, lo cierto es que Bogotá no está preparada para asumir una dinámica que viene en aumento por la agudización del conflicto armado. Lo más grave es que ni la administración central ni las administraciones locales están asumiendo acciones para atender al desplazado. No hay censos, no hay un diagnóstico distrital, no hay diagnósticos locales. En pocas palabras, no hay alternativas reales”, recalcó la dirigente.
