A mediados del año 2001 expresé al Comité Ejecutivo de la ONIC la necesidad de aprovechar el espacio del Congreso Indígena de Pueblos realizado a fines de ese año en el municipio de Cota, para reflexionar sobre la realidad de los indígenas colombianos, evaluar las políticas del Estado para los Indígenas y repensar nuestros proyectos organizativos, a mi modo de ver, un tanto desgastados. La posición no deja de ser polémica, pero existen varias razones que me hacen volver sobre este tema: 1) El proceso de reversión sistemática de los logros de la constitución del 91, 2) la incoherencia, cuando no inexistencia de políticas públicas para los indígenas, 3) la acción permanente de los actores armados y aun de las fuerzas del Estado en nuestros territorios, con la consiguiente violación de nuestros derechos humanos 4) la poca eficacia en la acción parlamentaria de los representantes indígenas, 5) la disgregación evidente del Movimiento indígena, y 6) la carencia de una interlocución permanente y “legitima” frente al Estado.
Sin pretender hacer un desarrollo exhaustivo de cada uno de las razones esbozadas, es una verdad sabida que los postulados constitucionales escritos en la Carta sistemáticamente se han convertido en mera retórica, en derechos de papel y que ese estado de bienestar que se le auguraba a los indígenas, se desvaneció en el mundo de las ilusiones. Y no es que no existan los programas. Es que los existentes son de un desarrollo limitado, carentes de presupuesto, no consultan las particularidades de nuestros Pueblos y al igual que los proyectos desarrollados para el resto de los ciudadanos, no obedecen a una política de planeación incorporada a nuestros propios planes de desarrollo o Planes de Vida.
De otra parte, los actores armados, han asumido nuestros territorios como tierras de nadie, han violentado nuestros santuarios, los han escogido como sitios de repliegue cuando no para el desarrollo de cultivos de uso ilícito, han violado nuestra autonomía, nuestro derecho mayor, reclutando de manera forzada a nuestros jóvenes, en fin, colocándonos en una situación de indefensión total, con la consecuente violación sistemática de nuestros derechos humanos. Las fuerzas armadas del Estado no han estado ajenas a dichas prácticas.
Frente a esta cruda realidad, nos hemos encontrado con una acción parlamentaria limitada, de una parte, por la dinámica desarrollada por los congresistas indígenas que seguramente tenemos bastantes deficiencias en lo que a las calidades personales se refiere, pero también por el precario papel cumplido por las organizaciones indígenas hacia sus congresistas, su falta de control político, la ausencia de planes y propuestas que permitan evaluar sus resultados, previo establecimiento de indicadores de gestión; de otra parte, por la condición de minoría absoluta en que nos encontramos en el Parlamento. Es un hecho que los temas de interés para los indígenas hacen parte de los temas más polémicos de la agenda política del gobierno, toda vez que toca temas tan polémicos como la política de minas, recursos naturales, tierras, justicia y políticas de bienestar. Frente a la ignorancia de la clase política e incluso del mismo gobierno sobre el cúmulo de normas internas y externas garantes de nuestros derechos, no se ve una acción política de bancada y concertada por parte de los congresistas indígenas.
Lo peor de todo, es que de un movimiento indígena con una incipiente pero sólida organización, que movilizó a miles de indígenas en la década del setenta por la recuperación de la tierra y por el desarrollo de programas de fortalecimiento institucional y de afianzamiento cultural, hemos pasado a un movimiento que cada día se disgrega mas, donde muchos fincan sus expectativas en la acción del Estado y en la acción política para acceder a los espacios de representación conquistados a instancias de la Carta del 91. Por supuesto que no se trata de desconocer las importantes acciones de resistencia desarrolladas por los indígenas, principalmente en el departamento del Cauca y en otras regiones, en el ejercicio de la autonomía y por el desarrollo de los derechos. Estos elementos son importantes, pero no dan cuenta de un movimiento nacional aglutinado en una causa común, coherente y que pueda interlocutar y confrontar de manera decidida al Estado. Mientras exista la idea que La ONIC debate y negocia los temas del territorio, OPIAC las política ambiental y de salud, AICO los asuntos relacionados con la cultura, los indígenas de la Sierra los temas del conflicto, etc., las posibilidades de una política pública coherente será igualmente una ilusión. A esto tenemos que agregar que las formas organizativas de los indígenas cumplieron un importante papel por mas de dos décadas, pero tenemos que reconocer que heredamos esquemas de corte sindical y de otras formas organizativas bastantes ajenos a nuestras culturas que hoy tenemos que revaluar.
No se trata de terminar con las diferentes expresiones del movimiento indígena, que seguramente obedecen a procesos históricos importantes, a dinámicas culturales ligadas a nuestra propia diversidad, pero hoy se hace urgente actuar de manera confederada, reconociéndonos como Pueblos y Organizaciones y definiendo una agenda común que pueda interlocutar de manera mucho mas coherente con el Estado. El tema energético por ejemplo no es meramente un patrimonio del Pueblo Uwa. El recurso del petróleo existe en muchos otros territorios indígenas y mas que un enfrentamiento desde una cultura indígena determinada, urge una política energética de los indígenas colombianos, en el marco de nuestros derechos. Lo mismo podríamos decir en materia medio ambiente, de salud, de educación, etc. Las acciones particulares de cada organización minimizan la envergadura de una política, cuando no la invisibilizan.
Talvez, si replanteamos nuestra actual estructura organizativa, podríamos pensar en unas mejores condiciones de interlocución con el Estado, con los gremios económicos, con las entidades de cooperación internacional y con las mismas organizaciones de la sociedad civil. Talvez esto contribuya a visibilizar mas la acción política de nuestros pueblos y en esa medida se podría cualificar la acción parlamentaria y crear mecanismos ciertos, que permitan que el marco de derechos escritos en la Constitución del 91, sean letra cierta, porque nuestra realidad esta cambiando.
Bogotá, febrero 27 de 2004
*Senador Indígena
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